EDITORIAL El nuevo Congreso
Cada 20 de julio Colombia conmemora su independencia, pero cada cuatro años esta fecha adquiere además un significado político especial con la instalación del Congreso de la República para el período 2026-2030. Así se da inicio a un nuevo ciclo parlamentario en una fecha cargada de simbolismo para la nación. Ocurre en un momento en el que el país hace frente a enormes retos económicos, sociales y políticos, y en el que millones de ciudadanos observan con escepticismo a una clase dirigente que durante años ha acumulado más cuestionamientos que reconocimientos. La nueva legislatura tiene la oportunidad de cambiar esa percepción o de profundizarla.
Los colombianos no votaron a sus congresistas para que libren batallas personales ni para que conviertan el Capitolio en una agencia de empleos. Los eligieron para representar sus intereses, ejercer control sobre el Gobierno y construir soluciones para un país que sigue atrapado entre la desigualdad, la inseguridad, la pobreza y la falta de oportunidades. No obstante, la experiencia demuestra que una parte importante de la actividad legislativa ha terminado subordinada a la lógica del intercambio político, donde los apoyos se negocian a cambio de burocracia, contratos o favores.
Ese fenómeno no es nuevo. Durante décadas, el Congreso ha funcionado dentro de una dinámica donde los recursos públicos se convierten en una herramienta de poder electoral. Mientras el Ejecutivo administra un presupuesto cada vez más grande, numerosos sectores políticos concentran sus esfuerzos en asegurar participación en esa distribución. El resultado ha sido una relación muchas veces basada más en la negociación de intereses que en la discusión de ideas. Esa práctica ha deteriorado la credibilidad ciudadana y ha contribuido al desprestigio de una corporación que debería ser uno de los baluartes de la democracia.
El desafío es aún más complejo porque el país vive un delicado momento fiscal. El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella llegó con un discurso de austeridad y eficiencia, pero deberá gobernar en medio de presiones presupuestales, compromisos sociales inaplazables y una deuda pública que limita el margen de maniobra. En ese escenario, el Congreso será decisivo. De sus decisiones dependerá buena parte de la estabilidad económica de los próximos años. El riesgo es que las conversaciones sobre el gasto público terminen dominadas por conveniencias regionales o cálculos electorales en lugar de responder a una visión estratégica de país.
Por eso, la discusión nacional no debería centrarse en cuántas leyes se aprueben. Colombia tiene suficientes normas para casi todos los problemas imaginables. Lo que escasea no son leyes, sino resultados. Los ciudadanos esperan carreteras terminadas, hospitales funcionando, escuelas de calidad, servicios públicos eficientes y oportunidades de empleo. El verdadero aporte de un congresista no debería medirse por la cantidad de proyectos radicados, sino por su capacidad para vigilar la ejecución de los recursos, promover políticas públicas eficaces y garantizar que el Estado llegue realmente a las regiones.
El nuevo Congreso inicia sus funciones en medio de una profunda crisis de confianza hacia la política. Recuperarla, exigirá algo más que discursos solemnes y promesas de campaña. Requerirá responsabilidad, transparencia, independencia, rigor técnico y una clara distancia frente a las prácticas clientelistas que han marcado buena parte de la vida pública colombiana. Los próximos cuatro años serán una prueba definitiva. El país necesita legisladores que piensen como estadistas y no como administradores de favores. Solo así el Congreso podrá dejar de ser visto como un problema y convertirse, finalmente, en parte de la solución.
