Editorial El precio de una buena intención
Mejorar las condiciones de los aprendices era un objetivo legítimo. El problema es que la reforma confundió protección con encarecimiento. Hoy, miles de empresas encuentran más conveniente pagar una sanción que abrir sus puertas a quienes buscan su primera experiencia laboral.
En política pública existe una tentación recurrente: medir el éxito de una reforma por la nobleza de sus propósitos y no por los efectos que produce. Sin embargo, la experiencia demuestra una y otra vez que las buenas intenciones, por sí solas, no garantizan buenos resultados. A veces ocurre exactamente lo contrario: una medida concebida para proteger a un grupo vulnerable termina perjudicándolo. Eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo con la reforma del contrato de aprendizaje introducida por la Ley 2466 de 2025.
Durante el debate legislativo, uno de los puntos más celebrados por el Gobierno fue la transformación del contrato de aprendizaje del Sena en una relación de carácter laboral. La decisión fue presentada como una conquista histórica para miles de jóvenes, bajo el argumento de dignificar su vinculación al mundo productivo mediante mayores ingresos, prestaciones sociales y cobertura integral de seguridad social.
Sobre el papel, pocos podrían oponerse a semejante propósito. ¿Quién estaría en contra de mejorar las condiciones de los aprendices? El problema surge cuando el análisis se detiene en la intención y omite la reacción de quienes deben asumir los costos de la medida. La economía tiene una característica incómoda para los gobiernos: los incentivos importan. Y cuando se alteran de manera inadecuada, las consecuencias suelen aparecer más temprano que tarde.
La reforma incrementó sustancialmente el costo de vincular aprendices. Además de elevar los apoyos económicos de sostenimiento, incorporó el pago de cesantías, vacaciones, aportes a salud, pensión y riesgos laborales. A ello se sumó el fuerte incremento del salario mínimo registrado en los últimos años. El resultado es que, para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, el costo total de contratar un aprendiz supera hoy el valor de la monetización que deben pagar por no hacerlo.
En términos prácticos, el mensaje económico que terminó enviando la ley es paradójico: resulta más barato no contratar aprendices que vincularlos. Y cuando una norma convierte la excepción en una opción financieramente más atractiva que el cumplimiento de su propósito original, difícilmente puede sorprender que los agentes económicos actúen en consecuencia.
Las cifras son elocuentes. Mientras el recaudo por monetización pasó de 263.430 millones de pesos en 2024 a más de 440.737 millones en 2025, un crecimiento del 67 por ciento, el número de aprendices vinculados cayó de 392.411 a 379.436. En los primeros cuatro meses de 2026, el Sena ya había recaudado más de 296.000 millones de pesos por este concepto. Más de ocho mil empresas optaron por pagar las sanciones antes que asumir la contratación de aprendices.
La paradoja es evidente. El Sena dispone ahora de mayores recursos financieros, pero menos jóvenes están accediendo a la experiencia laboral que constituye la esencia misma del contrato de aprendizaje. La institución recauda más dinero, mientras los estudiantes encuentran menos puertas abiertas para ingresar al mercado laboral.
Lo preocupante es que este desenlace no era imprevisible. Diversos gremios empresariales, centros de estudio y expertos en mercado laboral advirtieron durante la discusión de la reforma sobre los riesgos de encarecer excesivamente esta modalidad de vinculación. Fenalco, Acopi y Anif alertaron que la medida podía generar un efecto contrario al buscado: reducir las oportunidades para quienes precisamente pretendía beneficiar.
No se trataba de una defensa de condiciones precarias ni de una oposición a mejorar los ingresos de los aprendices. La advertencia apuntaba a algo más elemental: cuando el costo de contratar supera el beneficio percibido por quien debe asumirlo, la contratación disminuye. Es una lógica que opera independientemente de las preferencias ideológicas de cada gobierno.
La confusión de fondo parece haber sido equiparar dignificación con encarecimiento. Son conceptos distintos. Dignificar implica mejorar las condiciones de las personas sin destruir las oportunidades que les permiten acceder a ellas. Cuando una política eleva los beneficios hasta el punto de reducir significativamente el número de beneficiarios, el balance final deja de ser tan favorable como sugieren los discursos oficiales.
La experiencia internacional muestra que las políticas exitosas de inserción juvenil suelen buscar un delicado equilibrio entre protección y acceso. Si se reduce demasiado la protección, aparecen formas de precarización. Pero si se incrementan excesivamente los costos de entrada, los jóvenes terminan excluidos del mercado laboral formal. El desafío consiste precisamente en evitar ambos extremos.
La reforma laboral apostó por fortalecer los derechos asociados al contrato de aprendizaje. Sin embargo, descuidó la estructura de incentivos que sostiene el sistema. El resultado es que la monetización se volvió más atractiva que la contratación, desnaturalizando el objetivo formativo del mecanismo y debilitando una de las principales puertas de entrada de los jóvenes al empleo formal.
La lección trasciende este caso particular. Gobernar exige algo más que identificar problemas legítimos y formular soluciones bienintencionadas. También requiere anticipar comportamientos, evaluar incentivos y comprender que las decisiones económicas generan respuestas concretas de ciudadanos y empresas. Porque en política pública, como en tantas otras áreas, las buenas intenciones son importantes, pero nunca suficientes. Lo que finalmente importa son los resultados. Y cuando los resultados contradicen el propósito inicial, la responsabilidad no consiste en celebrar las intenciones, sino en corregir el rumbo.
