EDITORIAL Una ley contra la democracia
La Corte Constitucional ha admitido la demanda contra la Ley 2494 de 2025, conocida como la “ley de encuestas”. Su análisis no es un trámite cualquiera: lo que está en juego es la solidez de nuestro orden constitucional y la calidad de la democracia colombiana. No se trata de cifras ni de metodologías estadísticas, sino de derechos fundamentales.
El punto más grave es la prohibición de divulgar encuestas sobre intención de voto hasta noviembre, tres meses antes de la inscripción de candidaturas. Esta disposición priva a los ciudadanos de información importante en el momento en que más la necesitan: cuando deben formarse un criterio político. Lo que se presenta como regulación técnica es, en realidad, una restricción directa a la libertad de expresión, al acceso a la información y a la participación política.
Desde la perspectiva jurídica, la irregularidad es evidente. El artículo 152 de la Constitución establece que toda regulación que afecte derechos fundamentales debe tramitarse como ley estatutaria. El Gobierno y el Congreso, en cambio, optaron por el atajo de la ley ordinaria. Esa omisión no es un detalle menor: es un vicio insalvable que compromete la validez de toda la norma.
Pero el problema va más allá del procedimiento. La ley crea órganos permanentes, asigna funciones adicionales al Consejo Nacional Electoral y establece cargas fiscales sin estudios de impacto. Es decir, altera el diseño institucional y genera obligaciones presupuestales sin sustento técnico. Se legisla sin responsabilidad, con el único objetivo de ejercer un control político sobre la opinión pública.
El Gobierno defiende esta reforma bajo el pretexto de la transparencia. Nada más engañoso. El acceso a la información no se alcanza silenciando encuestas, sino exigiendo rigor metodológico, sancionando injerencias y garantizando que los datos se divulguen con claridad. Prohibir la publicación durante meses no fortalece la democracia, la deteriora: abre la puerta a rumores, encuestas filtradas y manipulación encubierta.
Es inadmisible que un gobierno que se presentó como garante de la participación ciudadana impulse una norma que limita precisamente ese derecho. Restringir la circulación de encuestas es una forma de censura previa. Y esa represión, en cualquier democracia, es el síntoma inequívoco de un poder que teme a la ciudadanía informada.
La Corte Constitucional tiene, por tanto, una responsabilidad histórica. Si esta ley se mantiene en pie, se legitimará la idea de que el Estado puede silenciar debates bajo pretexto de regularlos. Y una vez abierta esa puerta, ningún derecho estará a salvo.
La democracia no se protege ocultando información. Se salvaguarda garantizando que los ciudadanos tengan todas las herramientas para decidir con libertad y responsabilidad. La Ley 2494 no regula: mutila. Y por eso la Corte está llamada a cumplir su deber más esencial: recordar que en Colombia el poder no puede estar por encima de la Constitución.
XG
