EDITORIAL La reforma imposible: la apuesta tributaria que nadie quiere aprobar
El Gobierno presenta un proyecto fiscal de grandes proporciones que parece diseñado para ser rechazado. Más que una hoja de ruta económica, la reforma alimenta el relato de un Ejecutivo que prefiere la confrontación antes que el consenso, mientras el país pide eficiencia y responsabilidad.
En Colombia, el debate sobre la reforma tributaria ha vuelto a encenderse, esta vez con una propuesta que, por su envergadura y profundidad, está generando más alarma que consenso. Lejos de tratarse de una simple actualización fiscal, el paquete presentado por el Gobierno de Petro Urrego se perfila como el mayor intento de recaudación en la historia reciente del país. Sin embargo, más allá de su ambición recaudatoria, lo que preocupa es su desconexión con la realidad económica y social que vive la mayoría de los colombianos.
Los números hablan por sí solos. El Ejecutivo busca recaudar una suma sin precedentes en un momento en el que la economía da señales de enfriamiento. Los aumentos proyectados en el precio de la gasolina —por encima de los 17.000 pesos— y del diésel —hasta los 12.000— representan un impacto directo sobre los costos de transporte y, en consecuencia, sobre la inflación alimentaria. En un país donde gran parte de los productos básicos se movilizan por carretera, encarecer los combustibles equivale a gravar el contenido de la canasta familiar.
A esto se suma una batería de nuevos tributos que afectan tanto a los sectores formales como a la economía cotidiana: IVA del 19% a las rifas, apuestas, vehículos híbridos y compras digitales en plataformas globales como Amazon o Temu; gravámenes a espectáculos deportivos, cerveza y vino. Estos impuestos, más que recaudar, podrían debilitar el ya delicado vínculo entre el ciudadano común y el Estado. Porque el problema no es solo cuánto se cobra, sino cómo se gasta.
Aquí radica uno de los principales dilemas que enfrenta el Congreso colombiano: no es la falta de recursos el principal obstáculo, sino la ineficiencia crónica en la ejecución presupuestal. La ausencia de obras de impacto, el despilfarro y el crecimiento desbordado del gasto corriente socavan la legitimidad de cualquier reforma. Es un fenómeno que se ha repetido con gobiernos de distinto signo, pero que ahora adquiere una dimensión crítica ante la magnitud del esfuerzo fiscal propuesto.
Incluso el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, cuya fallida reforma de 2021 sirvió de catalizador para un estallido social, no se atrevió a tanto. La actual propuesta lleva el tipo impositivo sobre la renta personal hasta el 41%, mientras que para sectores estratégicos como el financiero, el minero y el de hidrocarburos, las tasas podrían alcanzar entre el 50% y el 60%. La reforma incluye, además, una redefinición del impuesto a la riqueza, que comenzaría a aplicarse desde patrimonios de $1.991 millones, en lugar de los $3.585 millones actuales.
Este rediseño fiscal tiene implicaciones que van más allá del impacto inmediato en los hogares. En un contexto internacional de alta competencia por atraer inversiones, Colombia corre el riesgo de enviar una señal de inestabilidad a los capitales que necesita con urgencia. Mientras que países como Chile —también con vocación minera— establecen techos tributarios para preservar la competitividad, el Gobierno colombiano parece más centrado en la lógica punitiva que en la eficiencia económica.
En términos sociales, la reforma podría golpear de manera desproporcionada a la clase media urbana, que enfrentaría mayores costos en transporte, servicios y consumo cultural. Para los hogares vulnerables, el alza en el precio de los alimentos y del transporte representa un retroceso en la capacidad adquisitiva que podría comprometer los avances logrados en reducción de la pobreza. Todo ello en un momento en que el consumo privado ha sido uno de los pocos motores del crecimiento económico.
La dimensión política de la reforma no puede ignorarse. Su diseño, por momentos desproporcionado, lleva a pensar que el propósito no es tanto lograr su aprobación como generar su naufragio legislativo. Así, el Gobierno podría reforzar el relato que le resulta más funcional: el de un presidente reformista frenado por poderes establecidos. Una estrategia conocida, que desplaza el debate técnico hacia el terreno emocional, y que desvía la atención de lo esencial: una gestión fiscal desordenada, sin prioridades claras ni capacidad de ejecución creíble.
El Congreso, por tanto, tiene una responsabilidad doble: enmendar una reforma desequilibrada y, al mismo tiempo, ordenar el presupuesto de 2026, que asciende a 557 billones de pesos. Un presupuesto que, si no se disciplina, puede convertirse en el principal factor de una crisis fiscal.
Colombia no necesita más impuestos, necesita mejor gestión. Es hora de reorientar el debate: ampliar la base tributaria sin castigar la formalidad, reducir la evasión sin perseguir al contribuyente cumplidor, y, sobre todo, garantizar que cada peso recaudado se traduzca en bienes públicos de calidad. El desafío no es ideológico, es técnico. Se trata de gobernar con responsabilidad, sin pasarle la factura de la ineficiencia a quienes ya pagan lo suficiente.
