Editorial ¿Será suficiente la conmoción interior para frenar la crisis en el Catatumbo?

La crisis que se vive en el Catatumbo y otras zonas del país no solo es una lucha contra grupos armados ilegales, sino contra la falta de respuesta eficaz del Estado. Con más de 32.000 desplazados y una guerra que se infiltra en las ciudades, la situación exige una estrategia más allá de las medidas de emergencia.

Colombia atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente. No se trata únicamente de la violencia en las remotas selvas o montañas, sino de una guerra que, cada vez más, se libra a las puertas de las principales ciudades y en regiones donde la presencia del Estado se diluye. Desde el Pacífico hasta el Catatumbo, pasando por Putumayo y otras zonas del sur, la situación empeora día tras día, y la respuesta gubernamental no logra frenar el avance de los grupos armados ilegales.

A medida que la Defensoría del Pueblo alerta sobre el desplazamiento de más de 32.000 personas, las comunidades, sobre todo en los departamentos de Norte de Santander y Putumayo, reportan estar literalmente atrapadas entre el fuego cruzado de disidencias de las FARC, el ELN y otras bandas criminales. Mientras las operaciones de la Fuerza Pública y la intervención de la ONU buscan brindar algo de protección a los civiles, el conflicto no solo se perpetúa, sino que ha mutado de tal forma que se convierte en un desafío aún mayor para el Estado.

Hoy, la violencia en Colombia ha adoptado una forma mucho más dinámica y difícil de rastrear. Los combatientes, cada vez más pequeños en número, se movilizan en motocicletas, se comunican mediante redes sociales y aprovechan las rutas de narcotráfico, secuestro y extorsión para financiar sus operaciones. Ya no se trata de grandes frentes militares enfrentándose en el territorio, sino de grupos flexibles que operan como células móviles, capaces de infiltrar las ciudades y llevar el conflicto directamente a las áreas urbanas. Esta guerra, que en algunos aspectos recuerda los días más oscuros de la violencia en Colombia, ha evolucionado y toma ahora una forma mucho más adaptada a los desafíos del siglo XXI.

La crisis del Catatumbo es quizás el ejemplo más claro de este giro hacia la modernidad del conflicto colombiano. En esta región, tradicionalmente marginada por el Estado, la violencia ha escalado de tal forma que no solo las organizaciones armadas luchan por el control del territorio, sino que el gobierno se encuentra ante un dilema aún más complejo: la presencia de las fuerzas militares, aunque activa, parece no ser suficiente para restaurar el orden y proteger a la población civil. La situación es tan crítica que el presidente Gustavo Petro Urrego declaró la conmoción interior en la región a través del Decreto 0062, que otorga al Ejecutivo la capacidad de movilizar recursos fiscales extraordinarios con el fin de enfrentar la crisis.

No obstante, la efectividad de esta medida está siendo puesta en duda. Aunque el decreto prevé la redistribución de recursos del Presupuesto General de la Nación 2025 para atender la emergencia, muchos observan con escepticismo. En un país como Colombia, donde la economía está fragmentada y donde las regiones más afectadas por la violencia son también las más desatendidas, el reto de movilizar recursos de manera eficiente se convierte en un obstáculo insalvable.

El problema central radica en que, más allá de la movilización de recursos a corto plazo, la crisis requiere una reforma estructural. La violencia en el Catatumbo no es un fenómeno aislado, ni una manifestación puntual de la crisis, sino el reflejo de una debilidad estructural en el Estado colombiano. La escasez de recursos en las fuerzas militares limita su capacidad para hacer frente a un conflicto que se ha vuelto más complejo, con actores cada vez más dispersos y móviles. Como consecuencia, la respuesta del gobierno es insuficiente, incapaz de neutralizar a los diversos grupos armados, que operan no solo en las áreas rurales, sino que también se infiltran en los centros urbanos.

El decreto de conmoción interior en regiones como el Catatumbo no solo evidencia la magnitud del problema de seguridad en Colombia, sino también las limitaciones del Estado para abordar esta crisis. La dificultad para redireccionar los recursos sin afectar áreas clave del presupuesto y la falta de una estrategia de largo plazo para fortalecer la presencia del Estado en las regiones conflictivas, son elementos que dejan entrever que la solución a este conflicto no es tan sencilla como un ajuste presupuestal o una intervención militar aislada.

En última instancia, la crisis que atraviesa Colombia exige una respuesta mucho más integral que simplemente parchar un problema económico o militar. El desafío para el gobierno será articular una estrategia que no solo se enfoque en la contención de la violencia, sino también en la reconstrucción de las instituciones y la garantía de que el Estado esté verdaderamente presente, en todas sus formas, en las regiones que hoy sufren la barbarie. Sin este tipo de enfoque estructural, la espiral de violencia en el Catatumbo y en el resto del país seguirá marcando la pauta de una historia que, lejos de resolverse, parece prolongarse indefinidamente.