Editorial La crisis energética de Vichada: un eco de alerta para toda Colombia
El apagón en Puerto Carreño, causado por la suspensión del suministro eléctrico por impago de subsidios, revela una crisis latente en el sistema energético nacional. Con una deuda acumulada de 6.257 millones de pesos en Vichada, las autoridades deben actuar rápidamente para evitar que este colapso se extienda a otras regiones.
El 2025 comenzó con un apagón para los más de 40.000 habitantes de Puerto Carreño, la capital del departamento de Vichada, en plena Orinoquía. Un apagón que no solo oscureció las calles, sino que iluminó la grave crisis económica que enfrenta el sector energético del país. La causa, tan directa como alarmante: una deuda millonaria del Gobierno de Colombia con las empresas proveedoras de electricidad, que asciende a unos 6.257 millones de pesos por los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3.
La situación en Puerto Carreño no es un caso aislado, sino una señal de alarma que debería despertar la atención del Gobierno Nacional. Tras meses de incumplimiento en los pagos a los proveedores, y con más del 50% de la facturación de los estratos populares sin saldar, la empresa encargada del suministro de energía se vio obligada a suspender el servicio. Y la respuesta de las autoridades, particularmente del Ministerio de Minas y Energía, fue lenta e inadecuada frente a una crisis que golpeó de lleno a una región ya marginada.
Aunque la noticia reciente de la asignación de 184.000 millones de pesos, destinada a cubrir las deudas acumuladas en Vichada, ofrece un respiro momentáneo, las consecuencias de esta crisis energética podrían ser mucho más profundas y duraderas si no se toman decisiones a tiempo. Y es que, según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la situación financiera del sector está al borde del colapso. La deuda acumulada de subsidios del servicio de electricidad y gas natural alcanza ya cifras alarmantes: 2,7 billones de pesos en el caso de la electricidad, y 628.000 millones de pesos para el gas natural.
Este déficit en los subsidios ha generado una bola de nieve que ha debilitado a las empresas del sector, poniendo en riesgo la prestación del servicio en distintas regiones del país. El escenario podría ser aún más sombrío si no se toman medidas urgentes. De acuerdo con la advertencia de seis gremios del sector energético, la crisis podría derivar en una «crisis financiera sistemática y previsible», con efectos devastadores no solo en las tarifas, sino también en la cobertura del servicio, aumentando los cortes y llevando el desabastecimiento energético a otras zonas del país.
El llamado de atención es claro: la administración Petro Urrego no puede permitirse seguir ignorando este desastre a pequeña escala. Si bien la crisis en Puerto Carreño tiene un carácter puntual, refleja una tendencia generalizada que podría replicarse en otras partes del país, especialmente en zonas no interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Y lo que es aún más preocupante, el presupuesto para el año 2025 no prevé la cobertura completa de los subsidios a los estratos populares en la electricidad y el gas natural, lo que deja un vacío financiero aún más grande que podría afectar a millones de colombianos.
A este panorama sombrío se suma el desfase entre la oferta y la demanda de energía. La transición energética, uno de los proyectos más anunciados por el actual Gobierno, avanza a un paso lento. Mientras tanto, los proyectos eólicos siguen paralizados debido a trabas burocráticas y a la oposición de las comunidades por razones ambientales y sociales. Y lo que es aún más crítico, los proyectos de transmisión eléctrica continúan detenidos, sin que se construyan las infraestructuras necesarias para llevar la energía a las regiones más alejadas del país.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿qué ocurrirá cuando las ciudades y municipios se queden sin luz? ¿Qué pasará cuando las fábricas, los hospitales y los comercios no tengan energía? Las consecuencias de un colapso energético serían devastadoras para la economía del país y, sobre todo, para los colombianos más pobres, quienes dependen en mayor medida de los subsidios para acceder a los servicios básicos.
