Editorial La elección del Fiscal General, una prueba de fuego para la independencia judicial
La Corte Suprema de Justicia se vio asediada por cientos de manifestantes que reclamaban una pronta elección del nuevo jefe del ente acusador, en una muestra de desconfianza por la institucionalidad y la justicia. Varios actores políticos y sociales expresaron su solidaridad con la Corte y su rechazo a la violencia.
La elección del sucesor de Francisco Barbosa Delgado como Fiscal General de la Nación ha generado tensiones y controversias en Colombia. La Corte Suprema de Justicia, encargada de la selección, no ha conseguido una mayoría entre sus 23 magistrados, incluso después de dos rondas de votación. Mientras tanto, en la tarde del jueves, el Palacio de Justicia fue rodeado por cientos de manifestantes que exigían una decisión rápida.
Los manifestantes, que según informes de La Silla Vacía, incluyeron a guardias campesinas de la Asuncat, el movimiento campesino del Catatumbo, guardias indígenas y ciudadanos no organizados, bloquearon las entradas del edificio y lanzaron consignas como “fuera, fuera”.
La protesta fue precedida por varios mensajes en la red social X, publicados días atrás, que convocaban a una movilización nacional para ejercer presión sobre la Corte Suprema. Uno de los mensajes más compartidos fue el del senador Gustavo Bolívar, quien cuestionó por qué todo un país tiene que marchar y suplicar a la Corte Suprema de Justicia para que se realice la elección del nuevo Fiscal.
No obstante, el historial de las elecciones para la Fiscalía contradice los argumentos del Pacto Histórico, el movimiento político liderado por Gustavo Petro Urrego. No es la primera vez que la Corte Suprema se toma su tiempo para seleccionar al jefe del ente acusador, ni que enfrenta dificultades para alcanzar un consenso.
Desde 2005, todas las ternas han requerido más de tres rondas de votaciones para que la Corte Suprema tome una decisión. Según una investigación periodística de La Silla Vacía, que documentó las últimas elecciones para la Fiscalía General de la Nación, en la elección de Viviane Morales Hoyos, se tardaron 16 meses, más de 20 rondas de votaciones, y un cambio de presidente para que la Corte Suprema aprobara la terna de Juan Manuel Santos Calderon, que postuló a Morales Hoyos, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
En respuesta al asedio a la Corte Suprema, se desató una ola de críticas desde diferentes sectores políticos. Gremios, academia, sociedad civil y algunos partidos políticos expresaron su apoyo a la independencia judicial y rechazaron cualquier tipo de presión o intimidación sobre los magistrados.
Los gremios declararon que no son aceptables presiones pasivas o activas a las cortes y jueces para influir en sus decisiones. “La independencia de las decisiones de las ramas del poder público, especialmente la justicia, es la base de la protección de los derechos de todos los colombianos, y del respeto a la constitución y las leyes”, afirmó el Consejo Gremial en un comunicado.
Es importante distinguir entre protesta y agresión. Alzar la voz para ser escuchado es democracia, mientras que intimidar para imponer la propia voluntad es un delito.
