El aquelarre
Mensaje a los vándalos. Hace ocho días, desde Pasto, el presidente Petro notificó a los colombianos que los maleantes de la llamada primera línea, como el agente 007, tienen licencia para matar. Siempre y cuando se diga que la protesta es «pacífica» (y el papel y las redes sociales pueden con todo), pueden destruir los semáforos, las cámaras de foto-multas, los cajeros automáticos, las estaciones del Transmilenio en Bogotá y las del Mío en Cali, los locales comerciales y las oficinas públicas, y prender fuego a los CAI, sin importar si hay o no policías dentro. Y pueden bloquear las vías hasta dejar sin suministros de medicamentos, combustibles y alimentos a ciudades y pueblos, o hasta impedir que los pacientes de urgencia que vayan en las ambulancias, (incluidas maternas en trabajo de parto) logren llegar hasta los centros de salud, para recibir atención médica y salvar sus vidas o las de los bebés que intentan nacer. No importa que la lógica impida calificar como «pacíficas» unas actividades que dan lugar a esos resultados. Como si solo se tratara de un problema semántico.
El ministro de Justicia nos dice que estemos tranquilos, y niega que vaya a haber indultos o amnistías. Como si el nombre que se diera al hecho fuera lo importante. Sea que los vándalos sean amnistiados, o que se conviertan en «gestores de paz», lo real, lo trascendente, es que quedarán libres e impunes: no pagarán por sus crímenes; y las víctimas… podrán, cuando más, quejarse al mono de la pila.
Tiene mucha razón Hernando Arango Monedero cuando expresa que ninguno de los detenidos que Petro quiere ver libres para navidad «está procesado por haber protestado. Ninguno hace parte de grupos insurgentes. ¡No! Están procesados por delitos de uno u otro orden, pero delitos. Así lo manifiestan los jueces y no han sido pedidos por insurgente alguno como mediadores en el tal Perdón Social». Y también cuando agrega: «Mañana, otros podrán apelar a la llamada igualdad y así obtener similares beneficios a los que ahora se pretenden otorgar a estos sujetos. ¿Acaso no somos iguales ante la ley?».
La Copa Mundo. Como lo saben los lectores asiduos, entre mis contertulios en este Aquelarre hay un aficionado futbolero que, de vez en cuando, pide la palabra para hablar de su deporte favorito. Ha estado sumergido de tiempo completo en la Copa de Catar, torneo, al que llama, como buen aficionado al vino, «la copa de catar», y a fe que a ello se dedica con todo juicio mientras mira los partidos por televisión.
Le gustó la eliminación del Brasil, aunque no la veía muy posible, porque era el equipo al que mayor temor le tenía para sus aspiraciones de ver coronarse a la Argentina, de la que es ferviente hincha porque dice que los gauchos, además de habernos traído el tango, nos contagiaron la fiebre del fútbol desde cuando anduvieron por estos lares Pedernera, Di Stéfano, y otras estrellas del fútbol de ese país en los años 40 y 50 del siglo pasado. Lo tiene sorprendido la temprana eliminación de Alemania, y las de España y Portugal. La de Inglaterra era más o menos previsible. A pesar del trabajo que le costó a Argentina su paso a la semifinal, sigue muy esperanzado en el triunfo final de su selección favorita.
Sigue la incertidumbre. Desde su campaña presidencial, y con base en la necesaria transición energética cuya necesidad todos entendemos, Gustavo Petro anunció que Colombia no firmaría más contratos de exploración de hidrocarburos, aunque respetaría los ya firmados hasta el momento; pero ni uno más. No habló de la explotación, porque parece obvio que las exploraciones ya aprobadas que resulten exitosas deben ponerse a producir, porque si no, se estaría estafando a las empresas que estén invirtiendo sumas enormes en su búsqueda de combustibles.
Después de muchos ires y venires y de declaraciones de doña Irene Vélez y del ministro de Hacienda en las que han pretendido tranquilizar un poco las cosas, la realidad es que siguen firmes en lo mismo. Eso de que estudiarán los contratos de exploración existentes para decidir si se vuelve a explorar o no, es una declaración vacía. Lo que se requiere es que declaren expresamente que sí se explorará más, y desde ahora, mientras se desarrolla paralelamente, cómo no, la transición energética. Solo así se aliviará la incertidumbre existente. Desde el inicio de un proceso de exploración hasta la producción inicial del pozo hay un lapso de varios años. Si no celebramos en estos tiempos unos nuevos contratos de exploración, dejaremos enterradas sumas multimillonarias de dólares, de esos que tanto necesitamos; y si llega el momento, dentro de algún tiempo, en que decidan que sí permiten explorar, ya es posible que nadie se decida a hacerlo, porque ya esté cercana la fecha del decrecimiento de la demanda de combustibles fósiles, como resultado de unos logros efectivos en la transición energética. Habremos perdido la posibilidad de obtener esas divisas y de aliviar un poco la situación de pobreza de nuestro país, y lo único que habernos logrado habrá sido no sentirnos culpables de haber contribuido con ese casi despreciable 0,2% de la contaminación mundial, cantidad que, por supuesto, sí será producida por otros menos ingenuos y más pragmáticos.
La crisis del Perú. La república peruana ha sido un ejemplo de manejo económico en América Latina. Pero nadie entiende cómo se logra eso en medio de una crisis política permanente que lleva ya años manifestándose en ese país. En los seis años contados de 2016 a la fecha, el Perú ha tenido siete presidentes (más de uno por año), a saber: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y la actual presidenta, posesionada esta semana, Dina Boluarte. ¿Como puede un país funcionar en esas condiciones?
Los últimos acontecimientos son un ejemplo de la forma como se cambia de presidente en el Perú. Es más fácil hacerlo que cambiarse de camisa. Sobre todo, si el propio titular del cargo se encarga de hacerse el hara-kiri. En diferentes medios han aparecido distintas noticias sobre ese tema, pero vale la pena acumularlas y conformar la historia completa. El presidente Pedro Castillo, quien obtuvo el cargo por una escasa mayoría en favor de la extrema izquierda peruana en las pasadas elecciones, y quien ha dado grandes muestras de incapacidad para gobernar, se ha visto enfrentado un par de veces a la posibilidad de que el congreso del Perú le aplicara una destitución (allá la llaman vacancia), aunque ha sobrevivido con el apoyo de la bancada de su partido, Perú Libre. El pasado miércoles iba a tener lugar un nuevo debate parlamentario que buscaba deponerlo, al que Castillo debía acudir a defender su gestión; la sesión terminaría con una votación que definiría la suerte del mandatario. El día anterior, Castillo había anunciado que, respetuoso de la constitución y de las instituciones, acudiría a la sesión, presentaría su defensa y se sometería al veredicto de la mayoría. Se necesitaban 87 votos en favor de la vacancia para que perdiera el puesto. Los cálculos parecían vaticinar que Perú Libre continuaría apoyándolo mayoritariamente por lo que sus enemigos no alcanzarían la votación necesaria, y que Pedro Castillo permanecería en la silla presidencial. Pero, de algún modo, el presidente entró en pánico, sintió que iba a ser derrotado y quiso salirle al paso a los acontecimientos. Entonces se le ocurrió una jugadita, no se sabe aconsejada por quién, que consistió en tratar de adelantarse al congreso. En contradicción con lo que había prometido, anunció en un discurso por televisión que disolvía el congreso y daba inicio a un gobierno de excepción, y que iba a convocar a elecciones para elegir otro congreso con funciones de constituyente para redactar una nueva constitución del Perú. Al mismo tiempo, declaraba el toque de queda para esa noche, convocaba a la policía y a las fuerzas militares y a las organizaciones populares a respaldar su decisión, y anunciaba que iba a reformar todas las instituciones de la justicia, incluido el Tribunal Constitucional. Era en la práctica un autogolpe de estado y el establecimiento de una dictadura.
Pero la jugada le salió mal porque todas las instituciones manifestaron su descuerdo con esa decisión. En menos de una hora sus ministros renunciaron irrevocablemente, las altas cortes rechazaron el intento y, como acción definitiva, las fuerzas militares y la policía peruana decidieron acatar al congreso y apresaron a Castillo que fue a dar a la misma cárcel en la que actualmente está preso el anciano expresidente Alberto Fujimori. El congreso se reunió como estaba previsto, la vacancia recibió más de 100 votos afirmativos y, acto seguido, juramentaron a la vicepresidenta, Dina Boluarte, como nueva presidenta de la nación. Por primera vez en la historia, una mujer gobierna en el Perú.
Por supuesto, en ese país hay bastante incertidumbre sobre el futuro. No se sabe qué actitud va a tomar la mitad izquierdista del electorado peruano que votó por Castillo, y que posiblemente sigue creyendo en él. De hecho, muchos de sus seguidores están saliendo a las calles a protestar por su derrocamiento y su detención y están promoviendo disturbios y bloqueando carreteras en diferentes partes del país. Pero mientras las fuerzas armadas no cambien de idea, es posible que se llegue a una disminución de la permanente crisis peruana. Lo que sí es evidente es que el Perú requiere unas reformas urgentes, si no se quiere que siga habiendo cada año conflictos que terminarán, sin duda, por deteriorar el comportamiento económico de ese país.
Como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro salieron a respaldar sólidamente a Castillo. Por su parte, los líderes de la izquierda española acusan al fujimorismo y a la derecha peruana de haber obligado al hoy expresidente a cometer el error que aseguró su salida de la presidencia. El presidente Petro declaró que Pedro Castillo «se dejó llevar a un suicidio político» al querer disolver el congreso, pidió a la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del depuesto expresidente y terminó diciendo que «se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento». Sin embargo, aún antes de conocer la solicitud de Petro, ya ese organismo se había pronunciado, para declarar que la decisión de Castillo era violatoria de la constitución peruana y reconocer, por lo tanto, la legalidad de «la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia, para evitar la concreción del quiebre institucional». Esta intervención de Petro viene a sumar una nueva preocupación a la incertidumbre que generan muchas de sus declaraciones. Se une a AMLO y a Maduro para apoyar una acción abiertamente inconstitucional y delictiva. ¿Quiere decir que la aprueba y está de acuerdo con ella? ¿No existe el riesgo de que llegue el día en que decida seguir en Colombia el ejemplo de Castillo? Si esto llegara a ocurrir, duelos le damos a la débil democracia colombiana.
Por su parte, Human Rights Watch publicó un comunicado en el que «condena categóricamente el intento del expresidente Pedro Castillo de socavar el estado de derecho en el Perú mediante un autogolpe de estado», al haber anunciado la disolución del congreso y la “reorganización” del poder judicial, del ministerio público y de otros organismos del estado. De paso, hizo un llamado a la comunidad internacional a apoyar las garantías e instituciones democráticas en el Perú.
