El aquelarre. ¿Criminales a la calle?
Un ejemplo de pragmatismo. José Félix Lafaurie, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), ha sido acérrimo enemigo de los acuerdos de paz de La Habana firmados por el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. Y sigue siéndolo. Por eso, es admirable el ejemplo de pragmatismo que ha dado al acordar con el gobierno de izquierda un mecanismo para que los ganaderos de Colombia vendan al gobierno tres millones de hectáreas de tierras de su propiedad para que sean entregadas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, en cumplimento de la reforma agraria integral que es, nada más ni nada menos, que el punto primero de los mencionados acuerdos de paz.
De manera calmada y tranquila, Lafaurie ha dado explicaciones a los periodistas que lo han entrevistado con la idea de entender su posición; afirma que el gobierno Petro está en capacidad legal de hacer esa reforma sin los ganaderos, e incluso contra los ganaderos, por lo que lo sensato es aceptar la invitación a hacerla con ellos. Como dijimos en pasada columna, esta salida negociada aleja el fantasma de las expropiaciones que tanto daño podrían hacer, no solo a los propios ganaderos sino al ambiente general del país, si se tiene en cuenta que entre los colombianos que votaron en la segunda vuelta por el otro candidato y los que lo hicieron en blanco, suman un caudal electoral casi igual al de quienes eligieron a Petro y se oponen, obviamente, a las soluciones de extrema izquierda.
¿Criminales a la calle? Los maleantes que actuaron bajo las consignas de la llamada primera línea y que aprovecharon unas protestas que equívocamente fueron calificadas de «pacíficas» para camuflarse en ellas y medio destruir el país en el llamado paro nacional del año 2021 son responsables de una larga lista de graves delitos que, desde cuando ocurrieron esos nefastos hechos, se han enunciado varias veces, no solo en anteriores Aquelarres sino en cantidad de publicaciones aparecidas en los medios y en las redes sociales. No vamos a repetir el triste inventario de atrocidades, pero recordemos al menos dos de ellas: encerrar a los policías en los CAI, con intenciones de incinerarlos, cosa que casi logran, e impedir con sus bloqueos la llegada a los centros de salud de ambulancias que llevaban casos de urgencia que no pudieron ser atendidos. Pensemos en el dolor de aquella madre en trabajo de parto que perdió su hijo en uno de esos bloqueos por esa falta de atención médica.
No podemos decir aquí que Petro o sus seguidores patrocinaron esos actos criminales, aun cuando para nadie es un secreto que Gustavo Bolívar sí les proporcionó elementos para que se defendieran de la policía que, en cumplimiento de su deber, trató de controlarlos. Pero sí es lo cierto que el gobierno está presionando a la rama judicial para que no les dicte a esos jóvenes las sentencias que se merecen, y más bien los libere, así sean culpables de tan graves delitos.
Parece que los jueces están obrando con la independencia que establece la constitución nacional para la rama judicial y, a pesar de tales presiones, mantienen detenidos a los malhechores y continúan los procesos penales que ordenan las leyes.
Pero el gobierno de Petro no se cansa de buscar la impunidad de estos procesados y ha introducido en un proyecto de ley que prorroga las facultades al gobierno para mantener negociaciones de paz, un mico por el cual se le autoriza a decretarles indultos a discreción. Es obvio que simpatiza con los autores de los desmanes, los reconoce como sus partidarios, los considera sus amigos y está tratando por todos los medios de que esos terribles episodios queden impunes. Ojalá el congreso niegue la aprobación de esa norma, pues sería un mensaje sumamente negativo anunciar a los violentos que basta con ser amigo o partidario del presidente para tener luz verde para sus actuaciones delictuosas.
Se alborotaron los indígenas. Aceptemos que puede ser una coincidencia; en todo caso, al mismo tiempo que se hacía público ese intento del gobierno por lograr facultades para ordenar los indultos, unas bandas de indígenas en Bogotá arremetieron físicamente contra la policía, funcionarios del distrito, ciudadanos del común y bienes públicos y privados. No se puede saber si esas actuaciones se vieron estimuladas por la publicitada simpatía gubernamental demostrada hacia los revoltosos. En todo caso, fue trágico lo que ocurrió: una violencia desatada que no tiene justificación alguna. Ha habido un gran despliegue de las autoridades de la capital para dar con los responsables de esas agresiones, detenerlos y judicializarlos. Ojalá esto no resulte una gran pérdida de tiempo y de esfuerzos, como sucedería si, acto seguido, a Petro se le ocurre indultar o amnistiar a esos salvajes.
Expresidente en problemas. Debe ser muy frustrante para quien ha sido el presidente de una nación, encontrarse en líos judiciales por causa de sus actuaciones como gobernante. Cuando el señor Donald Trump perdió las elecciones en las que esperaba ser reelegido como presidente de los Estados Unidos, se negó a aceptar el veredicto de las urnas y declaró que había existido un fraude electoral. Biden había obtenido 7 millones de votos más que Trump, quien solo seguiría ejerciendo la presidencia hasta el 20 de enero de 2021. El día 6 de ese mes una turba de simpatizantes suyos se introdujo de manera violenta en el Capitolio de Washington, donde se realizaba un reconteo de los votos exigido por él. Se acusa al derrotado de haber promovido el motín, aunque en ese momento, todavía era el presidente.
El señor Trump, quien se consideraba todopoderoso, parece haber encontrado ahora la horma de sus zapatos. Existe un comité legislativo especial para juzgar el asunto, y Trump ha recibido la notificación de que tiene plazo hasta el 4 de noviembre para hacer entrega a ese comité de los documentos con los que pretende demostrar que no fue él quien provocó ese intento de golpe de estado, y está citado para declarar ante ese mismo comité para defenderse de las acusaciones que se le hacen. Es muy difícil predecir lo que va a pasar. Es posible que hasta se niegue a presentarse. Pero vale la pena estar pendientes del desarrollo de los acontecimientos. Será interesante ver hasta dónde, en una democracia sólida como la de los Estados Unidos, una persona con tanto poder como el que ha detentado el expresidente resulta intocable. Trump se piensa presentar a las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y lo hará si sale bien librado de este predicamento. En ese caso, a pesar de todos los problemas que enfrenta, es casi seguro que repetirá presidencia.
