Por la Bruja sin Escoba

El jueves pasado se cumplió un año de las hazañas que llevaron a cabo los vándalos de la primera línea en varias ciudades del país, especialmente en Bogotá y Cali. Todos recordamos lo que pasó. No vale la pena hacer un recuento de esos trágicos episodios. Lo cierto es que la impunidad brilló en todo su esplendor. Ha habido algunas tímidas y lentas investigaciones contra elementos de la fuerza pública que se sobrepasaron en el cumplimiento de su deber de proteger a la ciudadanía y sus bienes. Pero, en cambio, a los vándalos y terroristas urbanos que desataron la tragedia no les ocurrió nada. La condenada por la justicia Epa Colombia sigue «libre como el viento y como él veloz», como un ejemplo redivivo de la inacción de una justicia parcializada. No se conocen las razones del juez, pero lo cierto es que, a pesar de su sentencia a cinco años de cárcel, esta maleante anda suelta, pavoneándose y dando escándalo en episodios de farándula. Su único castigo, al fin de cuentas, fueron las cuatro lágrimas de cocodrilo vertidas mientras le leían la sentencia. Pésimo mensaje el que envían los jueces a los revoltosos colombianos con esta inexplicable libertad: ¡Dañen, destruyan, que nosotros los protegeremos! Bella forma de hacer patria.

El derecho a la protesta que garantiza la constitución parte de la base de que quienes lo practican, lo hacen pacíficamente. Tirios y troyanos reconocen y respaldan ese derecho. En eso no hay diferencia. La contradicción aparece a la hora de definir si una protesta que se esté llevando a cabo es pacífica o no lo es. Ante cualquier acción que resulte en perjuicio o riesgo para quienes no participen en el movimiento, este pierde su calidad de pacífico y deja de ser un derecho para convertirse en un delito, y las autoridades tienen la obligación de impedirlo.

Lo que ha pasado en Colombia la semana que está terminado parece un chiste. No hay derecho. No podemos aspirar a que este país se desarrolle si se pueden atravesar obstáculos tan absurdos al progreso. Obviamente las sentencias de la Corte Constitucional deben acatarse, y así va a ocurrir. Pero eso no impide a los ciudadanos calificar un fallo a la luz de la lógica.

Al resolver una acción de tutela, el alto tribunal ordenó a Comcel suspender la operación de una antena de telefonía celular ubicada en el cerro Damián de la vereda Maravélez en el corregimiento de Mindalá en Suárez (Cauca), hasta cuando se lleve a cabo una consulta con la comunidad negra que allí habita y se establezcan medidas de compensación.

Según la comunidad, el transporte de los pesados materiales necesarios para construir la torre de 45 metros de altura que soporta la antena produjo daños en las vías y puentes por donde pasó. Comcel lo niega. Pero, aún si fuese verdad, la solución sería obligar a la empresa a reparar los daños. La obra contaba con el permiso de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), que consideró que no había lugar a consulta previa porque no se demostró que el proyecto se iría a ubicar dentro de su territorio o que fuera a  afectar un lugar relevante para sus ritos, pero la Corte decidió que su construcción ya en servicio, afectó directamente a la comunidad de Mindalá en su dinámica espiritual, social, económica y cultural. La afectación económica se resolvería, como dije, con la reparación de los daños por parte de la empresa. Y la «afectación de su dinámica espiritual, social y cultural» consiste en que una superstición, o un simple capricho de los habitantes hacen imposible que la antena pueda permaneces allí. Y no le queda a Comcel ni siquiera la posibilidad de liar sus bártulos y marcharse, porque el fallo, que termina otorgando cinco días a Comcel para la suspensión de las operaciones en la estación de telefonía celular; le ordena, además, adoptar las medidas técnicas para garantizar el funcionamiento y cobertura del servicio. Como quien dice: ustedes se llevan sus equipos, pero la señal tiene que seguir funcionando. ¡Para Ripley!

El Consejo de Estado ha ordenado al presidente Duque detener el proceso de extradición de atlas Otoniel hasta tanto se estudie un recurso presentado por algunas de sus víctimas.

Como posiblemente los lectores recordarán, cuando se conoció la noticia de la captura con fines de extradición del jefe máximo del clan del golfo, y se informó que se atendería el pedido de la justicia de los Estados Unidos a la mayor brevedad posible, desde esta columna preguntamos con insistencia sobre el destino de ese proceso y sobre las posibilidades de atender primero las deudas de ese criminal con la justicia colombiana.

No nos parecía aceptable que un criminal que tiene en Colombia seis sentencias ejecutoriadas en su contra, entre ellas una de 40 años de prisión y otra de 60, se fuera a los Estados Unidos, con la posibilidad de negociar con esa justicia todo tipo de beneficios a cambio de colaborar con la lucha de las autoridades norteamericanos con el narcotráfico. Ojalá esta pausa en el proceso permita acuerdos que impidan que Otoniel pueda «sacarla barata» y quedar libre cuando termine de cumplir las condenas que allá le impongan. Hay que lograr que los gringos se comprometan a devolvernos ese delincuente que, cuando regrese, entrará en la cárcel, de donde jamás volverá a salir en vida.

Además, tendría que encontrase un mecanismo para que la inmensa fortuna que debe tener acumulada no se vaya toda a compensar el estado norteamericano, y pueda recuperarse en Colombia una parte sustancial de ella, de tal manera que se utilice para compensar a sus millares de víctimas aquí.

¿Sí resultaba necesario el uso de esa expresión escatológica, excremental, cochina, utilizada por el columnista Álvaro Rodríguez H. en el titular de su columna Mermelada política 7 del pasado 30 de abril en este diario? Habría podido escribir «¡que se acabe este país!», o «¡que se destruya este país», o hasta «¡que se friegue este país». Todos habríamos entendido de qué se trataba el asunto. Habría sido más elegante el titular, más atractivo, más estético. Y más respetuoso con los lectores. Más decente.

A veces se abusa de un lenguaje propio de otros medios diferentes a la difusión periodística. Existe la libertad de expresión, es cierto. Pero que exista, no nos   obliga a abusar de ella. ¿Qué ganó su artículo con esa grosería, excepto algunos gestos de desagrado de algunos lectores?

Y, por favor, perdónele a esta Brujita lo cismática que es.

No nos fue tan mal con la conmemoración del primer aniversario de los disturbios que estallaron durante el llamado paro nacional –que ni fue paro ni fue nacional, aunque sí nos generó toda suerte de tragedias– que no se repitieron esta vez. Los Fecodes y los Malteses habían declarado que en esta ocasión no promoverían ese tipo de actividades. La relativa calma de este 28 de abril, parece corroborar la enorme influencia que ellos tienen sobre las actividades de la primera línea. Ojalá hoy, día del trabajo, las actividades sindicales transcurran en paz.