EDITORIAL Un estado infiltrado
La revelación sobre la presunta infiltración de altos mandos estatales en acuerdos clandestinos con jefes de las disidencias de las Farc constituye uno de los episodios más turbios y peligrosos para la institucionalidad colombiana en décadas. Lo expuesto por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol no es un incidente menor: es una advertencia frontal sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y la posible captura criminal de sectores estratégicos del poder público. Este hecho, de comprobarse, pondría a Colombia en una crisis constitucional sin precedentes, pues involucra a miembros activos y retirados del Ejército, funcionarios de la DNI y estructuras armadas ilegales.
Las acusaciones que vinculan al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, alto cargo de la DNI, con un supuesto “pacto de no agresión” y la creación de una empresa de seguridad fachada para legalizar y proteger a disidencias armadas son profundamente alarmantes. No solo se trataría de un uso indebido del poder público; se configuraría una violación directa a la Constitución, a la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley 1621 de 2013) y a los deberes funcionales de la Fuerza Pública establecidos en el artículo 217 de la Carta Política. Si la inteligencia del Estado es instrumentalizada para blindar criminales, la nación queda inerme y la ciudadanía, desprotegida.
La gravedad aumenta si se confirma que estos mandos militares y de inteligencia habrían entregado a las disidencias códigos radiales, información clasificada y detalles de operaciones militares. Esto, además de comprometer la seguridad nacional, podría constituir delitos como revelación de secretos, colaboración con grupos armados organizados y concierto para delinquir agravado. La Fiscalía, al tener estos dispositivos incautados desde julio de 2024 y no avanzar con celeridad, entra también en un terreno de cuestionamiento que debe ser explicado ante el país.
Este episodio expone una fractura profunda en el corazón del aparato estatal. La propuesta de montar una empresa de seguridad para legalizar el movimiento de disidentes recuerda peligrosamente a las Convivir de los años noventa, estructuras que, bajo amparo legal, facilitaron la expansión paramilitar. Es inaceptable que un general retirado luego reincorporado por decisión presidencial haya considerado viable repetir un modelo que terminó en tragedia nacional. La historia jurídica y política del país ya dejó claras sus consecuencias.
La situación se agrava aún más con las referencias encontradas en los archivos de alias Calarcá sobre supuestas menciones a la campaña presidencial de Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez. Independientemente de la veracidad de dichos señalamientos que deben investigarse con rigor y sin instrumentalización política el hecho de que grupos armados ilegales afirmen tener “pruebas” que podrían “tumbar” al Presidente revela la dimensión del riesgo: actores criminales presumiendo capacidad de presión sobre la democracia. Es un síntoma del deterioro y de la pérdida de control de la patria sobre quienes dice estar negociando.
Mientras tanto, la liberación exprés de alias Calarcá pese a ser sorprendido con armas y dinero en flagrancia evidencia fallas preocupantes en el sistema de “gestores de paz”. El uso de esta figura jurídica no puede convertirse en un escudo para la impunidad ni en un mecanismo para neutralizar la acción penal cuando los hechos comprometen bienes jurídicos esenciales como la seguridad pública. La Fiscalía y el Ministerio de Defensa tienen una responsabilidad constitucional inamovible: garantizar que los procesos de paz no se transformen en vías libres para consolidar estructuras criminales.
El Gobierno, por su parte, tiene la obligación constitucional (art. 189) de mantener el orden público y asegurar la integridad del monopolio legítimo de la fuerza. Las respuestas del gobierno anunciadas hasta ahora son insuficientes frente a la magnitud del escándalo. Colombia no necesita comunicados: requiere decisiones estructurales, transparencia absoluta y consecuencias penales y disciplinarias inmediatas para quienes hayan traicionado al país.
Colombia vive sus horas más oscuras. La infiltración de la criminalidad en las instituciones no es un riesgo hipotético: es una amenaza real que exige una reacción firme, jurídica y política. El tema central no es una disputa entre gobierno y oposición, ni una polémica mediática. Es la supervivencia misma del Estado de Derecho. Si este caso se diluye, si la verdad no sale a la luz o si los responsables no enfrentan la justicia, la república quedará a merced de la sombra, el desgobierno y el crimen. Y la historia no perdonará a quienes decidieron mirar hacia otro lado.
Nota: Y vale hacerse una pregunta incómoda: ¿qué habría pasado si este escándalo hubiera ocurrido en otro gobierno? La izquierda ya estaría en las calles, con marchas masivas, cacerolas y discursos incendiarios pidiendo la renuncia inmediata del presidente. Pero hoy, frente a un caso igual o más grave, la reacción es sorprendentemente discreta.
XG
