Presupuesto 2026, Cámara le da vía libre al Gobierno, pero el pulso decisivo se traslada al Senado

Por: Redacción EJE 21 

Bogotá, 16 de octubre 2025. El trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 avanza en medio de una intensa pugna política. La Cámara de Representantes aprobó en una sesión maratónica de más de doce horas los 91 artículos y el título del proyecto, mientras el Senado suspendió su discusión por falta de quórum. Con el reloj corriendo —el plazo vence el próximo lunes 20 de octubre—, el futuro del plan fiscal del Gobierno de Gustavo Petro dependerá de la capacidad del Ejecutivo para asegurar los votos que aún le faltan en la plenaria senatorial.

Un presupuesto aprobado entre críticas, recortes y pactos

El monto final del presupuesto aprobado por la Cámara asciende a 546,9 billones de pesos, cifra que refleja una reducción de 10 billones respecto a la propuesta inicial presentada por el Gobierno. Este ajuste fue aprobado en el primer debate conjunto de las comisiones económicas y vino acompañado de un compromiso: una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria, que deberá generar 16,3 billones en ingresos adicionales para sostener los programas del Ejecutivo.

Detrás de los números, sin embargo, se esconden negociaciones políticas, tensiones entre regiones y reclamos de bancadas inconformes. Numerosos congresistas denunciaron recortes que afectarían obras y proyectos locales, mientras acusaban al Gobierno de concentrar los recursos en ministerios estratégicos. Aun así, el texto aprobado fue prácticamente idéntico al presentado en la ponencia oficial, lo que refleja el éxito del Ministerio de Hacienda en mantener la línea fiscal del Ejecutivo, pero también el costo político de las concesiones que se otorgaron para garantizar la votación.

Ajustes con aroma a política

La redistribución de recursos en el presupuesto dejó ver un claro reacomodo de poder dentro del Congreso. Algunos ministerios estratégicos recibieron adiciones que parecen más el resultado de acuerdos políticos que de necesidades técnicas.

El Ministerio de Comercio, controlado por figuras cercanas al Partido Liberal, obtuvo $150 mil millones adicionales; el Ministerio de las TIC, donde el Partido de La U tiene influencia, recibió $200 mil millones más; y el Ministerio del Deporte, afín al Partido Conservador, también fue beneficiado con una adición de la misma magnitud.
Pero la partida más llamativa fue la de $600 mil millones adicionales para la Procuraduría General de la Nación, dirigida por Gregorio Eljach, quien solicitó esos recursos para financiar la creación de una universidad institucional y la llamada “Ley del Bicentenario”, que incluye la construcción de un nuevo edificio para la entidad.

Estas adiciones, aunque justificadas por el Gobierno como ajustes administrativos, fueron interpretadas por analistas como “gestos políticos” hacia los partidos que podrían resultar decisivos en el Senado y en la futura aprobación de la reforma tributaria. En otras palabras, el presupuesto de 2026 no solo distribuye recursos: también distribuye poder.

Oposición dividida: entre sostener el debate y golpear después

El contraste entre las dos cámaras fue evidente. En la Cámara de Representantes, la oposición —principalmente Cambio Radical y el Centro Democrático— decidió mantenerse en el recinto pese a votar en contra del proyecto. Su estrategia fue clara: permitir que el presupuesto sea aprobado por vía legal y no por decreto, pero dejar abierta la posibilidad de tumbar la ley de financiamiento, lo que obligaría al Gobierno a congelar parte del gasto.

“Es mejor dejar que el presupuesto se apruebe, para luego evidenciar que el Gobierno no tiene cómo financiarlo”, comentó un congresista opositor durante el debate. La lógica detrás de esa postura es mantener la responsabilidad institucional mientras se prepara el golpe político en la siguiente fase.

En el Senado, en cambio, la táctica opositora parece ir por otro camino. Las bancadas de Cambio Radical, Centro Democrático y parte del Partido Conservador están considerando romper el quórum, lo que impediría votar el presupuesto antes del 20 de octubre. En ese escenario, el presidente Petro tendría que expedir el presupuesto por decreto, tomando como base la versión reducida aprobada en primer debate.
Esa sería una derrota política considerable para el Gobierno, no solo por la pérdida de control del debate parlamentario, sino porque quedaría con un presupuesto limitado y sin la ley de financiamiento aprobada.

El pulso final en el Senado

Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda y la Casa de Nariño trabajan contra el tiempo para asegurar los 53 votos necesarios que garanticen la aprobación en la plenaria del Senado. El Gobierno confía en que los acuerdos alcanzados con los partidos tradicionales —y los recursos adicionales destinados a ciertos ministerios— le permitan construir una mayoría sólida.

Si el Senado aprueba el texto este jueves, la conciliación entre ambas cámaras deberá realizarse el lunes 20 de octubre, el mismo día en que vence el plazo constitucional. En caso contrario, el Gobierno se vería forzado a asumir el control del presupuesto por decreto, con todas las consecuencias políticas y fiscales que ello implica.

Más que un presupuesto, una prueba de poder

El debate del Presupuesto 2026 no es simplemente una discusión técnica sobre cifras o partidas. Se trata, en el fondo, de una prueba de gobernabilidad para el presidente Gustavo Petro, quien enfrenta una oposición fortalecida y un Congreso cada vez más fragmentado.
El resultado no solo determinará el destino de los recursos públicos para el próximo año, sino también el tono de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en la recta final de su mandato.

Aprobado o no, el Presupuesto 2026 deja al descubierto una verdad incómoda: en Colombia, la política sigue siendo el eje de la economía. Cada cifra tiene una historia, cada partida un beneficiario, y cada voto un costo. Lo que ocurra en el Senado marcará el rumbo fiscal —y político— del país para el año que viene.