Perú, la caída de Boluarte expone el colapso de su sistema político

Lima, 13 de octubre 2025. La abrupta destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, aprobada con una mayoría exprés en el Congreso peruano, ha sacudido los cimientos de un sistema político que lleva años al borde del colapso. La llegada al poder del presidente interino José Jerí, una figura poco conocida y ya cuestionada por denuncias judiciales, ha desatado una ola de incertidumbre, protestas y escepticismo. Perú vuelve a vivir una escena repetida hasta la fatiga: un Gobierno derrocado, un Congreso fragmentado y una ciudadanía que observa con hartazgo cómo la política se hunde en su propio descrédito.

Una democracia atrapada en su propio laberinto

En apenas una década, el país ha tenido ocho presidentes y varios parlamentos disueltos. Lo que en otras democracias sería una crisis excepcional, en Perú se ha vuelto un ritual institucional. Cada caída presidencial se presenta como la necesaria purga del sistema, pero ninguna ha logrado sanar las causas de fondo: la debilidad estructural del Estado, la fragmentación de los partidos y una cultura política centrada en la revancha más que en la gestión.

El Congreso, dominado por un mosaico de bancadas conservadoras, fujimoristas y regionales, justificó la destitución de Boluarte como una defensa de la moral pública. Sin embargo, detrás del discurso ético se percibe una lucha desnuda por el control del poder, en la que los intereses particulares pesan más que el interés nacional. La votación se resolvió en pocas horas, sin debate ciudadano ni revisión judicial, lo que ha alimentado acusaciones de golpe parlamentario.

Mientras tanto, Boluarte se convierte en la octava presidenta en caer en menos de veinte años. Su gestión, marcada por protestas sangrientas, acusaciones de autoritarismo y una relación tensa con el Congreso, terminó del mismo modo que sus predecesores: derrocada por los mismos actores que antes la sostuvieron.

El vacío de poder y el regreso de la calle

La juramentación de José Jerí como nuevo jefe de Estado, lejos de pacificar el ambiente, ha reavivado la indignación popular. Diversos colectivos sociales y sindicatos han convocado movilizaciones en Lima, Arequipa, Cusco y Puno, denunciando que el Congreso “se ha apropiado del país”. Los manifestantes exigen una reforma constitucional que impida el uso arbitrario de la figura de incapacidad moral y reclaman elecciones generales inmediatas.

“Estamos cansados de que los mismos políticos jueguen con nuestro futuro”, dice Rosa Quispe, una comerciante de Juliaca que participó en las protestas de 2023. “Cambian los nombres, pero el abuso sigue igual.”

El nuevo mandatario, José Jerí, excongresista y exministro de Energía, asume el cargo con una acusación de violaciónaún pendiente y sin respaldo político sólido. Su gabinete, que intenta conformarse a contrarreloj, enfrenta desde el primer día un ambiente de desconfianza generalizada. Los analistas coinciden en que la estabilidad de su gobierno será efímeray que, salvo un giro inesperado, Perú podría encaminarse hacia nuevas elecciones antes de fin de año.

El Congreso: poder sin legitimidad

El Parlamento peruano, lejos de ser un dique de contención institucional, se ha convertido en el epicentro de la crisis. Con un desprestigio histórico —el 92 % de desaprobación según Ipsos—, el Congreso es percibido por la población como un organismo que legisla para sí mismo. Sus miembros han utilizado sistemáticamente la figura de la vacancia presidencial para ajustar cuentas políticas, debilitando la figura del Ejecutivo y provocando un colapso del equilibrio de poderes.

“Perú vive una forma de parlamentarismo sin responsabilidad”, explica el politólogo Carlos Meléndez. “El Congreso decide quién gobierna, pero no asume las consecuencias del caos que produce.”

A la par, la ausencia de partidos nacionales con estructura y liderazgo ha dejado la política reducida a alianzas circunstanciales y negocios de poder. Las bancadas se desintegran o se reconfiguran cada pocos meses, según las conveniencias del momento. El país, en los hechos, carece de representación real: no hay ideologías estables, programas coherentes ni liderazgos capaces de articular un proyecto nacional.

Una crisis más profunda: el divorcio entre Estado y sociedad

La fractura entre la clase dirigente y la ciudadanía es hoy casi total. Ninguno de los poderes del Estado goza de credibilidad. La justicia es vista como corrupta, la prensa tradicional como complaciente y los partidos como meras agencias de colocación política. En las zonas rurales y del sur andino, donde las protestas suelen ser más intensas, la sensación de abandono y desprecio del poder central se ha convertido en rabia estructural.

Perú es hoy un país donde los mejores profesionales no quieren hacer política. El desprestigio del oficio público, las campañas de difamación y la falta de garantías para gobernar sin ser destituido han expulsado del sistema a quienes podrían renovarlo. Lo que queda es un poder gestionado por los más resistentes o los más cínicos.

El resultado es un círculo vicioso: sin buenos políticos no hay buena política, y sin buena política, el país solo reproduce la crisis.

El horizonte incierto

La caída de Boluarte no ha resuelto nada: ha reabierto todas las heridas. El Perú no solo vive una crisis de liderazgo, sino una crisis de sistema, donde la democracia se sostiene más por inercia que por convicción. Los próximos meses serán decisivos. Si Jerí logra estabilizar mínimamente la situación, podría abrirse un camino hacia la reconciliación institucional. Si fracasa —como todo parece indicar—, el país se enfrentará a una nueva ola de protestas, parálisis económica y mayor erosión democrática.

El dilema peruano no es quién ocupa Palacio de Gobierno, sino cómo reconstruir la confianza perdida entre el poder y el pueblo. Sin reformas profundas —electorales, judiciales y constitucionales—, ninguna figura podrá resistir el peso de un sistema corroído.

Perú necesita una refundación política, no otro parche. La tarea es titánica: reconstruir el Estado, recuperar la ética pública y volver a creer en la política como servicio, no como botín.

Hasta que eso ocurra, el país seguirá caminando sobre el filo de la inestabilidad, repitiendo un ciclo que ya parece infinito.