EDITORIAL El gran fiasco de la Paz Total

Hay derrotas que se disimulan con charlas, otras con cifras maquilladas, y unas cuantas con consignas exageradas. Pero hay fracasos que, por más manipulación o eufemismo que se les aplique, huelen a lo que son: descomposición. Eso le ocurre hoy al proyecto de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, una bandera que prometía reconciliación y que terminó siendo la coartada perfecta para el avance del crimen organizado, la expansión de las economías ilegales y la desintegración del Estado en los territorios. Colombia, una vez más, parece haber confundido la esperanza con la ingenuidad y la política con la improvisación.

La última encuesta de Invamer es un epitafio estadístico: el 89% de los colombianos siente que la seguridad empeoró. No se trata de percepción: es la confirmación de que el país ha sido devuelto, sin escalas, al laberinto del miedo. Los secuestros triplicados, las extorsiones disparadas y los desplazamientos que vuelven a llenar los titulares son síntomas de un Estado desbordado y de una política que se vendió como paz, pero que ha funcionado como lubricante de la guerra. En nombre de la reconciliación, se pactó con los violentos sin que éstos renunciaran a su violencia. En aras de la vida, se suspendieron operaciones militares que hoy lamentan hasta los soldados confinados en sus cuarteles.

El sueño de la Paz Total nació sobre un terreno podrido: la ineficiente implementación del Acuerdo de 2016. Lo que debía ser el inicio de una nueva era terminó siendo un archipiélago de incumplimientos, burocracia y abandono estatal. Las zonas dejadas por las FARC nunca fueron ocupadas por instituciones, sino por los herederos del negocio de la guerra. Mientras el Estado redactaba informes y medía indicadores, los grupos armados medían territorios y levantaban nuevas fronteras invisibles. Hoy el vacío de poder es tan profundo que, en regiones enteras, el himno nacional se canta a puerta cerrada y con miedo.

Y en medio de ese panorama, llegó Petro con la promesa de “negociar con todos”, como si la paz fuera una especie de rebaja de temporada. El presidente quiso sentar a la misma mesa a quienes tienen causas políticas, a los que trafican cocaína, a los que secuestran, a los que minan oro ilegalmente y a los que mandan desde la selva o desde una cárcel. El resultado: una mediación de la confusión, donde nadie entiende con quién se negocia, bajo qué reglas y para qué. En este teatro de lo absurdo, el Estado parece el único que cumple: cesa el fuego, retira tropas, concede territorios y permite corredores humanitarios. Del otro lado, las armas siguen disparando.

Las cifras son lapidarias: el Clan del Golfo creció un 32%, el Estado Mayor Central un 56% y la Segunda Marquetalia un 76%. Su presencia territorial pasó de menos de 180 municipios en 2022 a más de 230 en 2025. Cada cese al fuego, lejos de ser un paso hacia la paz, fue una tregua para el reacomodo de los ejércitos ilegales. Es una ironía trágica: nunca antes hubo tantos acuerdos en curso ni tanto miedo en las calles. Mientras el gobierno habla de “diálogos productivos”, las comunidades viven confinadas, los campesinos vuelven a desplazarse y los líderes sociales entierran a sus compañeros con escolta y chaleco antibalas.

El drama humanitario actual desborda cualquier labia presidencial. En los primeros ocho meses de 2025, 87.898 personas fueron desplazadas y 71.219 permanecen confinadas. En el Catatumbo, las cifras son apocalípticas: más de 72.000 desplazados y casi 2.500 personas atrapadas entre el fuego cruzado. Son colombianos a los que la paz les llegó en forma de amenaza, y la presencia del Estado, en forma de silencio. En paralelo, las asonadas contra la Fuerza Pública superan las 35, con uniformados rodeados por comunidades que ya no confían ni en el gobierno ni en las armas. ¿Quién perdió la autoridad? No hace falta mucho análisis para responder.

Lo más preocupante no es solo el descontrol territorial, sino el vaciamiento político del concepto de paz. Lo que en su momento fue una causa nacional hoy se convirtió en un lema de supervivencia política. La “Paz Total” se volvió una excusa para no ejercer autoridad, un discurso que pretende sustituir el orden por la complacencia, y la justicia por el relato. Petro quiso reinventar la paz sin Estado, sin doctrina de seguridad, sin fuerza pública legitimada y sin metas verificables. Pero no hay paz posible en un país donde los criminales negocian de igual a igual y donde el gobierno parece más interesado en sus argumentos que en sus resultados.

Colombia vive un nuevo ciclo de violencia, más fragmentado, más local, más sofisticado. Ya no se trata de guerrillas con proyectos ideológicos, sino de redes criminales con proyectos económicos. La guerra cambió, pero el gobierno insiste en combatirla con herramientas de los años noventa. En esa desconexión radica el colapso. Hoy los actores armados no buscan tomarse el poder, sino administrar el territorio, controlar las rentas ilícitas y capturar la política local. Son los nuevos señores feudales de una república donde el Estado es, en muchas regiones, apenas una firma en un papel.

La “Paz Total”, que aspiraba a ser la obra cumbre del petrismo, será recordada como su gran fiasco histórico: un intento de desarmar al país desarmando al Estado. El fracaso no radica en el ideal de paz que sigue siendo un propósito noble y urgente, sino en la manera torpe, improvisada y arrogante con la que se intentó alcanzarlo. Mientras el gobierno persista en su negación, Colombia seguirá en la paradoja más cruel: un país que habla de paz, pero vive en guerra; que firma acuerdos, pero entierra a sus víctimas; que invoca la reconciliación, pero alimenta el desorden.

Y al final, quizás la ironía más grande sea esta: la Paz Total prometió devolverle al Estado su legitimidad y a los colombianos su tranquilidad. Ha logrado exactamente lo contrario. Hoy la nación entera siente que la paz se volvió un negocio más, la justicia una palabra hueca y el Estado, un espectador impotente de su propio desmoronamiento.

XG