Editorial Presupuesto 2026: Colombia ante su prueba fiscal

No hay gobierno que funcione sin presupuesto, ni democracia que madure sin debate fiscal. El ajuste de 10 billones en el Presupuesto General de la Nación para 2026 no solo redefine el alcance de la reforma tributaria, sino que desnuda las fragilidades de un modelo de recaudación agotado, que sigue cayendo sobre los mismos contribuyentes de siempre.

En la vida económica de un país, pocas citas son tan trascendentales como el debate presupuestario. No se trata solo de números, recortes o proyecciones; se trata del alma misma del contrato social entre gobernantes y gobernados. Cada septiembre, mientras las hojas caen en los países de la OCDE, los presupuestos florecen en los parlamentos. Colombia no es —ni debe ser— la excepción. El Presupuesto General de la Nación y la reforma tributaria que lo sustenta son, en esencia, el reflejo de nuestras prioridades compartidas y del rumbo económico que queremos tomar.

Este ejercicio —más político que técnico, más social que financiero— no es una anomalía ni una tormenta ocasional. Es un ritual democrático. La formulación, presentación, discusión y aprobación del presupuesto es una coreografía institucional en la que los tres poderes del Estado tienen papeles definidos: el Ejecutivo propone, el Legislativo examina y el Judicial vigila. En una democracia madura, esta danza no es motivo de alarma, sino de celebración cívica.

Porque ningún país —como tampoco empresa, hogar o institución— puede operar sin saber cómo va a gastar el dinero que tiene o que espera tener. Y menos aún, sin prever cómo lo va a recaudar. El presupuesto no es simplemente una cifra; es un relato, una visión, una promesa escrita con el lenguaje de las cuentas públicas. Es también un acto de rendición de cuentas. El gobierno no solo responde ante sus votantes, sino ante el mundo: los mercados, los organismos multilaterales, las calificadoras de riesgo y los inversores esperan señales claras de estabilidad, coherencia y responsabilidad fiscal.

En ese marco, la reciente decisión del ministro de Hacienda, Ricardo Germán Ávila, de recortar 10 billones de pesos del presupuesto proyectado para 2026, es mucho más que un ajuste técnico. Es un gesto político, una señal de apertura al diálogo y una admisión implícita: la propuesta inicial de recaudar 26,3 billones mediante una nueva reforma tributaria era inviable, tanto económica como políticamente.

Ahora el punto de partida baja a 16 billones, y con ello, el Gobierno busca construir el necesario consenso en medio de una polarización creciente. No se trata de una claudicación, sino de una corrección de rumbo. En lugar de imponer, se invita a concertar. Porque en fiscalidad, como en política, lo impuesto en la confrontación suele ser frágil y corto de vida.

Pero el reto sigue en pie. El presupuesto, aun con el recorte, continúa desfinanciado. Según el partido Cambio Radical, la brecha supera los 26 billones, y los ajustes del Gobierno no bastan para cerrarla. El Ejecutivo estaría dispuesto a eliminar artículos polémicos como el IVA a los combustibles y a suavizar gravámenes sobre bebidas alcohólicas, pero no logra disipar las dudas sobre la solidez fiscal del plan. La crítica más punzante: el presupuesto sigue anclado en supuestos optimistas, sin el respaldo fiscal necesario.

Y aquí emerge una verdad incómoda: Colombia necesita ampliar su base tributaria. No puede seguir cargando sobre los hombros de los mismos contribuyentes de siempre —los empleados formales, los asalariados, las clases medias— una carga que debería distribuirse mejor. Las nuevas economías —las plataformas digitales, los juegos en línea y demás— no pueden seguir al margen del sistema fiscal. Regularlas y gravarlas no es castigar la innovación, sino integrarla al proyecto nacional.

Hoy, es bueno recordar que, concertar, reformar y distribuir con justicia es el verdadero camino hacia un Estado sostenible, legítimo y funcional. Porque, al final, el presupuesto es menos un cálculo y más una promesa: la de que los recursos del país serán usados con responsabilidad, equidad y visión de futuro.