EDITORIAL Petro lo logró, Colombia descertificada
La descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, anunciada por el gobierno de Donald Trump, no es un simple tirón de orejas diplomático: es la condena más dura que un aliado estratégico puede hacerle a un país. Y, en este caso, es la prueba irrefutable de que la política de Gustavo Petro frente al narcotráfico no solo fracasó, sino que agravó la crisis. Mientras la producción de cocaína escala a cifras históricas y el país concentra el 67 % de los cultivos del planeta, el gobierno insiste en su lenguaje banal y en experimentos de paz que terminan fortaleciendo a los mismos grupos criminales a los que dice combatir.
Petro recibió un país con problemas serios en materia de narcotráfico, sí, pero con una estructura de cooperación internacional y militar sólida, con logros importantes en erradicación e incautaciones. Hoy entrega la peor fotografía posible: carteles reconfigurados, guerrillas financiadas con coca y un Estado deteriorado en su capacidad de control territorial. La descertificación no cayó del cielo: es consecuencia directa de una política que privilegió la ideología sobre la eficacia, las alocuciones de plaza sobre las relaciones diplomáticas y el apaciguamiento sobre la autoridad.
El Departamento de Estado fue categórico: Colombia incumplió sus obligaciones internacionales. Lo hizo en el peor momento, cuando más necesitaba respaldo financiero y político para sostener a unas Fuerzas Armadas que dependen en un 60 % de la cooperación extranjera. Washington no se tragó el cuento de la “ofensiva firme” ni de los diálogos con los narcoterroristas; entendió lo evidente: que el modelo Petro solo aumentó la producción de cocaína y deterioró la credibilidad del país como socio estratégico.
Las consecuencias son devastadoras. Una descertificación implica el congelamiento de recursos en programas de seguridad, inteligencia y desarrollo alternativo, pero también el veto automático de Estados Unidos en los organismos multilaterales donde se aprueban créditos vitales para el país. Petro podrá minimizarlo en sus discursos, pero la verdad es que Colombia queda expuesta a un aislamiento financiero que pondrá en jaque la economía y, de paso, la ya maltrecha confianza inversionista.
El presidente intentó anticiparse al golpe anunciando que vendría la descertificación, como si ello lo eximiera de responsabilidad. No lo hace. Sus palabras sobre los policías y soldados caídos en la lucha contra el narcotráfico suenan a cinismo cuando su propio gobierno desmanteló la erradicación forzada, desmontó programas de sustitución efectivos y abrió mesas de negociación con estructuras criminales que hoy tienen más poder que hace dos años. Petro no es víctima: es el principal responsable de que Colombia pierda credibilidad ante el mundo.
La comparación con la crisis del gobierno Samper es inevitable. En los noventa, la descertificación fue el resultado de la corrupción política y la infiltración del cartel de Cali en la campaña presidencial. Hoy, la causa no es el dinero sucio, sino algo quizás más grave: la improvisación, la incompetencia y el desgobierno. Petro ha logrado que el país vuelva a la lista negra, no por escándalos de campaña, sino por la incapacidad de diseñar y ejecutar una estrategia seria contra el narcotráfico.
Estados Unidos dejó una puerta abierta: reconsiderar la descertificación si Colombia adopta medidas agresivas. Pero todos sabemos que Petro no dará un giro de 180 grados, porque hacerlo sería aceptar su fracaso. Prefiere insistir en el cuento del “regañado injusto” antes que asumir la realidad. El costo será pagado por los campesinos que ven cómo la coca es la única economía viable, por los militares que combaten sin recursos y por un país que verá cerrarse fuentes de cooperación internacional esenciales para su estabilidad.
Lo que se arriesga no es solo la relación con Estados Unidos, sino la legitimidad de Colombia en el escenario global. Petro ha convertido al país en un socio poco confiable, en un experimento fallido de paz total que terminó siendo más gasolina para el narcotráfico. La descertificación es la señal más clara de que el mundo ya no se traga su verborrea barata. Y es también un aviso crítico al Congreso, a la oposición y a la sociedad civil: o se exige un cambio de rumbo inmediato, o Colombia pagará un precio demasiado alto por la obstinación de un presidente que confundió gobernar con improvisar.
