EDITORIAL La Corte Constitucional
La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional se ha convertido en uno de los episodios más tensos y reveladores de la política colombiana reciente. El propio presidente Gustavo Petro, al afirmar que esta decisión “definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República”, dejó claro que la independencia judicial se encuentra en jaque. Una declaración de ese calibre no solo instrumentaliza la Corte, sino que desnuda el interés del Ejecutivo en condicionar el rumbo de la justicia al vaivén de sus alianzas parlamentarias.
El trasfondo de esta disputa es inquietante: un empate inédito en el Senado, con 52 votos para Carlos Camargo y 52 para Patricia Balanta, refleja la polarización y la debilidad institucional en la que se mueve el país. En vez de ser una deliberación sobre méritos, trayectoria y garantías de imparcialidad, la elección se ha reducido a un pulso político en el que el Gobierno busca inclinar la balanza a toda costa. La advertencia presidencial sobre “no ceder a quienes han apoyado el fascismo” no es un aviso ético, sino un mecanismo de estigmatización que pretende dividir al Congreso entre leales y enemigos.
Desde el punto de vista jurídico, es esencial recordar que la Corte Constitucional está llamada a ser el contrapeso más sólido frente al poder político. Sus magistrados deciden sobre la constitucionalidad de leyes y actos del Gobierno, revisan tutelas que afectan derechos fundamentales y, en muchos casos, determinan el alcance de la propia acción presidencial. Que Petro pretenda leer esta elección como un simple “barómetro de alianzas” desnaturaliza la esencia misma del Estado de Derecho. La Corte no es ni debe ser una extensión del Congreso ni un espacio para premiar lealtades.
En este escenario, la intervención del procurador Gregorio Eljach y el activismo del propio Gobierno en favor de Patricia Balanta levantan serias dudas sobre la autonomía de la contienda. Balanta, con una impecable trayectoria en la rama judicial, corre el riesgo de ver empañada su postulación por el sello de oficialismo que le han impuesto quienes dicen respaldarla. Por el contrario, Carlos Camargo, aunque con apoyos en sectores de oposición, arrastra cuestionamientos de peso por su gestión en la Defensoría del Pueblo. El resultado es un dilema perverso: ambos candidatos terminan siendo vistos más por sus afinidades políticas que por su capacidad para salvaguardar la Constitución.
El debate sobre independencia judicial no es convincente. En un país donde los mecanismos de supervisión se encuentran debilitados y el Ejecutivo ha demostrado un talante centralista y confrontacional, la captura de la Corte Constitucional supondría un golpe grave al equilibrio de poderes. Basta recordar las constantes tensiones de Petro con la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo de Estado para advertir que su relación con la justicia está marcada por la presión y la desconfianza. Si el Senado cede a esta lógica, la Corte se convertirá en un entorno más de la pugna política y no en garante de derechos y libertades.
El riesgo adicional es que esta elección, lejos de fortalecer la legitimidad de la Corte, ahonde la percepción ciudadana de que la justicia está sometida al clientelismo. Los movimientos de último minuto en Cambio Radical y en el Partido Liberal, sumados a las maniobras del Gobierno, revelan que la lógica del “cálculo de votos” ha prevalecido sobre la reflexión jurídica. Esto deteriora la confianza en un tribunal que, paradójicamente, debe ser la última línea de defensa frente a los abusos del poder político.
El llamado a la independencia, hecho por la defensora del Pueblo, Iris Marín, debería ser el eje del debate. No se trata de un asunto de afinidades ideológicas, sino de la obligación constitucional del Senado de garantizar magistrados con autonomía, imparcialidad y visión de país. El hecho de que la paridad de género y la representación étnica entren en juego es valioso, pero no debe usarse como cortina de humo para encubrir la injerencia política del Gobierno. La diversidad debe ser un soporte, nunca un pretexto.
Lo que está en juego esta semana no es simplemente una vacante en la Corte Constitucional, sino la credibilidad misma de la justicia colombiana. Si el Senado convierte esta elección en moneda de cambio para las alianzas políticas que Petro desea consolidar, habrá dado un paso más hacia la politización de la rama judicial. La Corte debe ser la guardiana de la Constitución, no el botín de turno en la guerra de poderes. La democracia colombiana necesita jueces que no teman al Ejecutivo ni al Legislativo, sino que respondan únicamente a la Constitución y a los ciudadanos.
XG
