EDITORIAL Cancillería en jaque
La crisis en la Cancillería colombiana ya no es un simple tropiezo administrativo: es un síntoma preocupante de un gobierno que improvisa, posterga decisiones y termina pagando su propia negligencia con el desgaste del aparato estatal. El caos por los pasaportes es el mejor ejemplo. Millones de colombianos asumen retrasos, incertidumbre y trámites colapsados, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores juega a la prueba y error con un servicio que es vital para la ciudadanía y para la imagen internacional de Colombia.
El cambio en el modelo de producción de pasaportes, anunciado con bombos y platillos como un avance hacia la “soberanía tecnológica”, ha terminado convertido en un enredo de contratos, reservas diplomáticas y justificaciones poco creíbles. El convenio con Portugal para que su Casa de la Moneda fabrique los documentos nunca se soportó en pruebas técnicas claras ni en cronogramas verificables. Hoy, ni los prototipos están listos ni existen garantías de calidad, mientras la Cancillería se escuda en información confidencial para evitar rendir cuentas.
El resultado de esta espontaneidad es grotesco: ante la incapacidad de poner en marcha el nuevo modelo, el gobierno tuvo que declarar una urgencia manifiesta para volver casi con vergüenza a la misma empresa de siempre, Thomas Greg & Sons, prolongando un contrato que decía querer cerrar. En julio de 2025, la demanda de pasaportes alcanzó cifras históricas, con más de 273.000 citas solicitadas, prueba de un sistema colapsado y de la angustia de quienes necesitan el documento para viajar, estudiar o trabajar.
Pero la verdadera gravedad no está solo en la fila virtual: está en la credibilidad del Estado. ¿Qué confianza puede generar un gobierno que no puede garantizar ni siquiera la producción de un documento básico? La Cancillería, que debería ser la cara seria y confiable de Colombia ante el mundo, hoy es el espejo del desorden interno: ministros que duran meses, decisiones sin estudios técnicos y una gestión que se diluye entre ideología y desorganización.
El informe enviado por la canciller encargada, Rosa Villavicencio, a la Comisión Segunda de la Cámara lo confirma sin rodeos: no hay metas técnicas, no hay compromisos jurídicos firmes, no hay garantías de entrega. En otras palabras, se firmó un acuerdo internacional a ciegas. En cualquier país serio, este sería un escándalo político mayor; en Colombia, parece otro episodio más de un gobierno que confunde el discurso con la planificación.
El próximo debate de control político en el Senado no puede quedarse en una formalidad. Es el momento de exigir explicaciones reales: ¿quién responde por el retraso? ¿Cuánto costará esta improvisación al bolsillo de los colombianos y a la reputación del país? ¿Por qué se arriesgó la seguridad documental y la confianza ciudadana en un experimento mal planeado?
Lo que se arriesga va mucho más allá de un pasaporte: es la capacidad del Estado de cumplir su deber más elemental, el de servir con seriedad y previsión. Hoy, la Cancillería es un ministerio en jaque, y si el gobierno Petro no corrige el rumbo, el costo político y diplomático será inevitable.
