EDITORIAL La ONU prende las alarmas
Colombia está entrando en una espiral peligrosa. La alerta de la ONU sobre el aumento de la polarización política, el deterioro de la seguridad y la fragilidad del proceso de paz no puede tomarse a la ligera. El país vive un momento crítico, donde la violencia regresa por múltiples flancos, mientras el liderazgo político parece más enfocado en alimentar tensiones que en construir consensos. En estas circunstancias, el atentado contra el senador Miguel Uribe no es un hecho aislado: es un síntoma perturbador de una democracia que empieza a enfermar.
El informe de la Misión de Verificación de la ONU es claro: aunque hay avances en algunos frentes, como la adquisición de tierras o ciertos diálogos con grupos armados, el panorama general es preocupante. La violencia sigue ganando terreno en regiones como el Catatumbo, el Cauca y Chocó, donde los enfrentamientos entre disidencias, el Eln y el Clan del Golfo tienen a comunidades enteras bajo fuego. Y mientras tanto, el Estado parece quedarse corto: no hay recursos suficientes, no hay presencia efectiva, y lo más grave, no hay un rumbo claro.
El presidente Petro insiste en su palabrería transformadora, pero el discurso y la realidad van por caminos distintos. La amenaza de una constituyente, las disputas con el Congreso y la radicalización de sus seguidores no construyen paz, construyen trincheras. La consulta popular fallida sobre la reforma laboral no fue solo un revés legislativo, fue una muestra de que el proyecto político del Gobierno está en crisis. Y ante la falta de resultados tangibles, el recurso fácil ha sido la confrontación permanente, que solo agudiza la fractura de la sociedad.
Pero no todo el peso recae sobre el Ejecutivo. La clase política tradicional tampoco ha estado a la altura. El oportunismo, el cálculo electoral y la falta de visión de largo plazo han hecho del Congreso un campo de batalla sin dirección. Aplaudir la condena unánime al atentado contra Uribe Turbay está bien, pero no basta. Se necesita una acción decidida, coordinada y coherente para evitar que la violencia política vuelva a instalarse como un actor de poder.
El Acuerdo de Paz de 2016 sigue siendo una hoja de ruta válida, pero sin voluntad política, sin recursos y sin seguridad en los territorios, se convierte en un documento simbólico más. El asesinato de 10 excombatientes durante el periodo analizado, y los más de 470 desde la firma del acuerdo, muestran que la reincorporación está en jaque. La paz no puede construirse con lápiz y papel desde Bogotá mientras en las regiones la ley la imponen los fusiles.
Los datos humanitarios son devastadores: más de 65.000 desplazados en cuatro meses en el Catatumbo, casi 170.000 personas afectadas por emergencias humanitarias en lo que va del año, y un preocupante aumento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar el horror? ¿Hasta cuándo vamos a tratar el conflicto como una estadística y no como una urgencia nacional?
Colombia necesita parar esta caída libre. A Petro le queda poco más de un año para mostrar que su promesa de paz total no fue solo un eslogan de campaña. El país necesita liderazgo real, acuerdos concretos y una política que deje de mirarse el ombligo. Si el Gobierno y la oposición no entienden que la paz y la democracia están por encima de sus intereses personales, la historia nos volverá a pasar factura. Y esta vez, podría ser demasiado tarde.
