Editorial La inseguridad desborda la recuperación económica
Una de cada tres compañías reporta afectaciones por hechos violentos, bloqueos o extorsiones. El deterioro del orden público compromete la sostenibilidad del crecimiento económico y golpea con fuerza a sectores clave como el petróleo, la infraestructura y las telecomunicaciones.
En un momento en el que los indicadores macroeconómicos ofrecen un respiro al Gobierno Nacional —gracias a una inflación en descenso, cifras de empleo más robustas y una leve reactivación del consumo—, el panorama de seguridad se convierte en el gran desbalance de la ecuación nacional. El propio presidente Gustavo Petro Urrego, en su alocución del pasado 20 de julio, reconoció que “no se ha logrado la paz total”. Más allá del simbolismo de esta admisión, el dato confirma lo que ya viene sintiéndose con fuerza en territorios y sectores económicos clave: el deterioro del orden público avanza a un ritmo que compromete la estabilidad y la proyección de desarrollo.
En respuesta a este contexto, la administración ha apostado por un proyecto de ley de sometimiento que ofrece condiciones generosas a disidencias armadas y grupos criminales. Una medida que, sin embargo, no logra disimular la parálisis operativa de la llamada ‘Paz Total’. Mientras el Ejecutivo concentra su energía en un enfoque de reinserción negociada, múltiples formas de violencia fragmentan el territorio, afectan a los ciudadanos y desincentivan la inversión privada.
El último informe de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) lo deja en claro: una de cada tres compañías se declara afectada por la inseguridad. En abril de este año, el 32% de las firmas encuestadas señalaron impactos directos sobre su operación, lo que representa un salto de nueve puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024. Para el 6% de ellas, la situación alcanza niveles críticos.
Estos datos no son aislados. Coinciden con los reportes del Ministerio de Defensa, que muestran un incremento del 115% en los secuestros extorsivos y un alza del 10% en los actos terroristas durante el primer semestre de 2025, en comparación con el año anterior. Los atentados contra oleoductos, por su parte, se multiplicaron por seis. Un retroceso alarmante que remite a épocas que el país creía haber dejado atrás.
El sector energético no es el único en la línea de fuego. Las carreteras del país se han convertido en puntos neurálgicos de conflictividad. Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), los bloqueos y vías de hecho contra las empresas del sector aumentaron un 151%. Esto ha derivado en pérdidas operativas que alcanzan los 100.000 barriles diferidos por día. Los sectores de infraestructura, transporte y telecomunicaciones enfrentan dinámicas similares: más de 1.100 actos violentos registrados desde 2022 en 29 departamentos, agresiones a conductores, sabotaje a estaciones de peaje, quema de vehículos y daños a la red de telecomunicaciones.
El coste de esta espiral es doble. Por un lado, compromete la viabilidad financiera de proyectos estratégicos; por otro, genera sobrecostos logísticos que terminan trasladándose al consumidor, encareciendo productos básicos y afectando la competitividad de la economía colombiana en su conjunto.
Frente a este escenario, resulta llamativo que el discurso público siga priorizando las negociaciones estatales con actores ilegales. La lectura política que minimiza estos episodios como “conflictividad social” desdibuja el carácter estructural de una violencia cada vez más diversa y funcional al crimen organizado.
A medida que el país entra en una nueva etapa electoral, el debate sobre seguridad debería dejar de ser un apéndice retórico para convertirse en el eje central de las propuestas. Los ciudadanos, las empresas y los territorios no pueden seguir esperando a que la promesa de paz llegue mientras las cifras de violencia se acumulan en los márgenes del boletín oficial.
La economía colombiana puede estar dando señales de recuperación. Pero el crecimiento, por sí solo, no basta. Sin seguridad, la sostenibilidad de cualquier avance es frágil. La paz no es solo un horizonte político: es una condición básica para el desarrollo.
