EDITORIAL La campaña del terror
«En Colombia, hacer política se ha convertido en un acto de valentía. La violencia ya no busca disputar el poder, sino silenciarlo. Y el mayor riesgo no es perder una elección, sino atreverse a participar.»
La democracia colombiana vive en estos momentos una amenaza que no proviene de las urnas ni de las disputas ideológicas: es una advertencia silenciosa, armada y territorial. Así lo demuestra el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), que documenta 134 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en apenas cuatro meses. Más de 30 de esas agresiones afectaron a personas que participaron en las elecciones de 2023. Este no es un dato menor: en Colombia, hacer política se ha convertido, una vez más, en un riesgo personal.
Lo que está ocurriendo en las regiones va más allá de ataques aislados. Se trata de una violencia sistemática que apunta a capturar el poder local, no a disputarlo. Los grupos armados ilegales han comprendido el valor estratégico de las alcaldías, concejos y gobernaciones. No buscan competir con los partidos; buscan someterlos. Y lo están logrando mediante amenazas, asesinatos y presiones que debilitan la presencia del Estado y consolidan el control territorial de facto.
En entrevista con el diario El Tiempo, Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, advirtió que esta violencia ya no distingue entre colores políticos ni sectores ideológicos: obedece a lógicas de dominio, no de debate. Es decir, la política no se elimina, se instrumentaliza. Los actores ilegales no necesitan intervenir en cada elección; les basta con sembrar miedo y con elegir, por la fuerza, quién puede hablar y quién no. Así, se consolida un modelo antidemocrático donde el silencio es la única garantía de seguridad.
Esto tiene un costo institucional enorme. Los alcaldes y concejales que logran llegar al poder hacen frente a una gobernabilidad disminuida, no solo por las presiones externas, sino por el aislamiento forzado de sus comunidades. Muchos de ellos no pueden desplazarse libremente por sus municipios, deben limitar su agenda pública y encaran un dilema trágico: ejercer su autoridad o proteger su vida. En ese escenario, el liderazgo auténtico se convierte en una rareza, y el miedo, en la norma.
La Constitución de 1991, en su artículo 40, establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Pero esta promesa constitucional se rompe cada vez que un líder es amenazado por levantar la voz o proponer un camino distinto. La democracia no puede ser un privilegio de quienes viven en las capitales; debe ser un derecho garantizado en todo el territorio nacional. Y cuando eso no ocurre, lo que se deteriora no es solo la política local, sino el proyecto mismo de país.
De cara a las elecciones de 2026, el informe de la MOE lanza una aviso claro: los territorios con mayor riesgo coinciden con las zonas donde se elegirán representantes de las Circunscripciones de Paz. Si el Estado no actúa con decisión, estos espacios pensados para amplificar las voces históricamente excluidas podrían quedar en manos de los mismos actores armados que han saboteado durante décadas la participación libre. No se trata de cuidar candidatos, se trata de proteger la democracia.
Las propuestas están sobre la mesa: activar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), instalar comités de protección con enfoque político y territorial, y alinear la estrategia electoral con la política de paz. Pero no basta con protocolos; se necesita voluntad, liderazgo y una lectura clara del momento histórico. Colombia no puede permitir que el miedo defina quién participa y quién se queda en casa. Porque cuando el miedo manda, la política muere. Y con ella, la esperanza.
XG
