Editorial Reforma laboral: una victoria política con costos económicos invisibles
Mientras algunos trabajadores formales celebran nuevos derechos, millones de empleados informales y miles de pymes quedan fuera de la ecuación. La informalidad, lejos de disminuir, podría agravarse.
El telón del debate ha caído y el libreto está escrito: la reforma laboral del Gobierno de Petro Urrego es ya ley de la República. Sancionada por el presidente el pasado miércoles, la nueva legislación redefine las condiciones del trabajo en Colombia. Pero más allá del aplauso sindical y del júbilo en sectores del Gobierno, se abre una etapa de incertidumbre para las pequeñas y medianas empresas, que serán quienes carguen, en silencio, con los costos de esta reforma.
Con esta ley, el Ejecutivo ha impuesto una nueva arquitectura normativa al mercado laboral: recargos dominicales al 100%, ampliación del recargo nocturno desde las 7:00 p.m., eliminación progresiva de los contratos por obra y a término fijo, y mayores indemnizaciones por despido. A primera vista, un triunfo para los trabajadores formales; pero esa es justamente la palabra clave: formales.
Colombia tiene un mercado laboral donde más del 55% de los trabajadores vive en la informalidad, un dato estructural que la reforma ignora con desarmante naturalidad. A pesar de una tasa de desempleo que descendió a 8,8% en abril —gracias, en buena medida, a la expansión del empleo estatal y los contratos temporales—, los problemas endémicos de informalidad y precariedad permanecen sin respuesta.
El pecado original de esta reforma es doble: primero, no haber concertado con quienes generan el grueso del empleo en el país —los empresarios, pymes y microempresas—; segundo, haber ignorado la realidad de una economía que apenas crece, arrastrando una inflación que aún se resiste a ceder del todo. Mientras se discutía el articulado, el Gobierno optó por una narrativa beligerante, tildando de «esclavistas» a quienes hoy sostienen más del 80% del empleo formal y aportan un 35% del PIB.
Es sintomático que, en vez de acompañar la reforma con incentivos a la formalización y la creación de empleo, el presidente Petro haya anunciado la incorporación de más de mil inspectores laborales. Un gesto que recuerda más a la vigilancia fiscal que a la política de empleo, y que parece desconfiar de los propios empleadores antes que tenderles la mano.
Las cifras de impacto comienzan a emerger. Según Acopi, el gremio que representa a la pequeña y mediana empresa, la nueva ley implicará pérdidas anuales de hasta 157 millones de pesos por empresa pequeña, y de 22 millones por cada microempresa. En sectores como la vigilancia privada, la gastronomía, el comercio, el transporte y el turismo, el golpe será más severo. No se trata solo de números: detrás de estas cifras hay decisiones que ya se están tomando —reducir plantilla, congelar contrataciones, acudir a la tercerización o, en el peor de los casos, cerrar el negocio.
La reforma, en esencia, es de inspiración sindical. Su lógica interna está orientada a consolidar derechos para quienes ya están dentro del sistema formal, sin atender la otra mitad del país que flota fuera de ese radar institucional. Ni una medida concreta para estimular la contratación de jóvenes, ni un solo artículo que favorezca a los pasantes del Sena, ni una estrategia clara para acompañar a los empresarios que hoy soportan una alta carga tributaria, parafiscal y financiera.
A partir del 1 de enero de 2026, la ley empezará a regir, de manera escalonada. Coincidirá con la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, establecida por la Ley 2101 de 2021. Un cambio que busca acercar a Colombia a los estándares de la OCDE, pero que en el contexto actual se convierte en otro factor de presión sobre las empresas, particularmente las más pequeñas.
En un país donde el tejido empresarial es frágil y el mercado laboral está dividido por una línea invisible entre lo formal y lo informal, legislar ignorando esa fractura no es un acto de modernización, sino de voluntarismo. En el mediano plazo, el costo real de esta reforma no estará en los titulares, sino en las hojas de Excel de miles de pequeños empresarios que, sin voz en el Congreso ni eco en los discursos, tendrán que tomar decisiones que repercutirán en millones de trabajadores.
La historia reciente enseña que las reformas laborales exitosas son aquellas que combinan garantías con incentivos, derechos con sostenibilidad, protección con productividad. Esta, en cambio, parece haber optado por el camino opuesto: imponer obligaciones sin reparar en las capacidades reales de quienes deben cumplirlas. El resultado será una mayor informalidad, menos contratación, y más distancia entre la ley y la calle.
