Editorial Ricardo Roa arrastra a Ecopetrol a su crisis más profunda
Las investigaciones por la financiación de la campaña presidencial y los escándalos personales del presidente de Ecopetrol ya comprometen la estabilidad institucional de la empresa más importante de Colombia. El Gobierno guarda silencio ante una tormenta que no da tregua.
La permanencia de Ricardo Roa Barragán al frente de Ecopetrol ha dejado de ser una incomodidad institucional para convertirse en una anomalía insostenible. La reciente solicitud de la Procuraduría General al Consejo Nacional Electoral para que lo sancione por violación de topes de financiación en la campaña presidencial de 2022 —más de 5.355 millones de pesos no reportados— confirma lo que ya se respiraba en el ambiente: su presencia al frente de la mayor empresa del país no solo genera ruido, sino que daña, con cada día que pasa, la credibilidad de la compañía más estratégica del Estado colombiano.
Y no se trata simplemente de un nombre o de una coyuntura. Se trata de Ecopetrol, la joya industrial del país, la locomotora energética que representa casi el 2% del PIB nacional, el mayor exportador con cerca del 20% de las ventas externas, y el principal contribuyente al erario público con más de 40 billones de pesos anuales entre impuestos, regalías y dividendos. Ecopetrol es, en el fondo, el corazón económico de Colombia. Y sin embargo, está dirigida por un hombre cercado por investigaciones, cuestionamientos éticos y un creciente aislamiento institucional.
La renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva —nombrada por el propio Gobierno y leal hasta el último momento— fue el punto de inflexión. De Greiff había tolerado lo intolerable: desde la cancelación sin argumentos sólidos del proyecto del Permian en Texas hasta el ruido constante de los contratos entregados a la pareja de Roa Barragán. Pero esta vez no pudo más. Salió. Y su salida fue la señal inequívoca de que Ecopetrol ya no está en una tormenta pasajera, sino en una deriva de gravedad histórica.
No se trata de moralismo ni de juicios prematuros. Un informe de Control Risk, elaborado por encargo del Comité de Auditoría y Riesgos de Ecopetrol y conocido en marzo, ya había advertido que Roa representaba un «riesgo reputacional alto y muy alto». Entre las razones, su adquisición a bajo precio de un apartamento del empresario Serafino Iácono —ex directivo de Pacific Rubiales—, sus nexos con la financiación de la campaña presidencial y los presuntos conflictos de interés que arrastra desde entonces. El diagnóstico estaba hecho. Y fue ignorado.
Mientras tanto, el mercado lo ha sentido. La acción de Ecopetrol ha caído un 14% en la Bolsa de Valores de Colombia desde que Roa Barragán asumió el cargo; su ADR en Nueva York retrocede un 9% en el mismo periodo. El Colcap, principal índice bursátil del país, rebajó su ponderación de la empresa del 10,56% al 9,07%. Se ha convertido en un activo rezagado, una señal de alarma para los inversionistas. Todo esto ocurre mientras la compañía sigue listada en Wall Street, bajo la lupa estricta de la SEC, el regulador financiero estadounidense. La sombra de una eventual investigación internacional ya no es improbable, sino probable.
Para el presidente Gustavo Petro Urrego, Ecopetrol no era solo una empresa. Era el instrumento para una transformación energética nacional. En sus discursos habló de innovación, transición, sostenibilidad. En la práctica, lo que hay es un deterioro institucional que puede comprometer no solo ese proyecto, sino la legitimidad con la que se pretendía impulsarlo. Porque los recursos que genera Ecopetrol son los que financian hospitales, universidades, infraestructura y programas sociales. En un país de profundas desigualdades, su salud financiera y reputacional no es un lujo: es una necesidad de Estado.
En cualquier gobierno que se considere serio, la salida de Roa Barragán ya se habría producido. Pero este gobierno ha optado por resistir, encapsularse en el discurso y negar lo evidente. El resultado es un naufragio ético que amenaza con convertirse en colapso estructural. La lealtad personal no puede estar por encima del interés público.
La historia, implacable, acabará pasando factura. Y no será a Ricardo Roa, cuya permanencia ya es insostenible, sino al presidente que lo sostuvo pese a todo.
