Editorial Pan para hoy, hambre para mañana: la apuesta fiscal de Petro
A menos de un año de las elecciones legislativas de 2026, el presidente Gustavo Petro ha puesto en marcha una estrategia fiscal que, según expertos, tiene más de electoral que de técnica. El anuncio de un nuevo esquema de retenciones anticipadas y una consulta popular millonaria sugiere que el Gobierno está más enfocado en consolidar su poder político que en corregir el rumbo económico del país.
Días atrás, en plena Semana Santa, el Gobierno de Gustavo Petro lanzó una medida con profundas implicaciones económicas: un borrador de decreto que adelanta el recaudo del impuesto de renta mediante un aumento en las retenciones en la fuente. La decisión, que busca sumar 7,38 billones de pesos –aunque algunos cálculos elevan la cifra a más de 13 billones–, reabre el debate sobre la sostenibilidad fiscal del país, el margen de maniobra del Ejecutivo y, sobre todo, la salud de un aparato productivo que ya acusa señales de fatiga.
El argumento oficial no es nuevo: se requiere más liquidez en las arcas públicas para cerrar el hueco fiscal de 2025. Una lógica repetida, como ya ocurrió en 2023, pero que encierra el riesgo de provocar un efecto rebote: menor recaudo en 2026, presión acumulada para el próximo gobierno y un sector empresarial que, en medio de una economía estancada, se verá obligado a endeudarse o a recortar inversión.
No es un escenario hipotético. El propio presidente Petro reconoció hace pocos meses que el anticipo tributario aplicado en 2023 afectó negativamente la recaudación en 2024. Sin embargo, esta vez el cálculo parece tener un matiz más político: con las elecciones legislativas de marzo de 2026 en el horizonte, el Ejecutivo necesita movilizar recursos que fortalezcan su presencia territorial y financien iniciativas de corte populista como una eventual consulta popular, cuyo costo superaría los 700.000 millones de pesos.
A los ojos de los analistas, esta estrategia representa una huida hacia adelante. El nuevo esquema de retención afectará especialmente a sectores clave como hidrocarburos, energía y agroindustria, ya golpeados por las reformas fiscales de los últimos años.
El malestar del sector productivo no se hizo esperar. Empresas que aún no logran recuperarse de la reforma tributaria de 2022 ahora se enfrentan a un nuevo esfuerzo fiscal no contemplado en sus presupuestos. La incertidumbre no es menor: muchas tendrán que endeudarse para cumplir con las nuevas exigencias, con un peso colombiano volátil frente al dólar.
Al contexto local se suma el externo: la desaceleración del crecimiento global, las tensiones arancelarias y la caída de los precios del petróleo configuran un panorama de menor dinamismo económico y mayores riesgos. No sorprende, entonces, que organismos multilaterales y calificadoras de riesgo hayan encendido las alarmas. La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reciente visita a Colombia, advirtió que el déficit fiscal alcanzó el 6,8% del PIB en 2024, con un rezago presupuestal equivalente a unos 48 billones de pesos, atribuible a restricciones de liquidez. Además, dejó condicionada la línea de crédito flexible a una revisión más rigurosa.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha sido igualmente contundente: los ingresos tributarios no crecen al ritmo necesario, mientras el gasto del Gobierno central se mantiene por encima del promedio de los últimos cinco años. De hecho, el Ejecutivo no está cumpliendo con compromisos clave: subsidios a la energía, financiación del sistema de salud, e incluso la adquisición de vacunas esenciales, como las de fiebre amarilla.
Todo indica que el Gobierno ha optado por priorizar el corto plazo. En lugar de presentar un plan creíble de racionalización del gasto –más aún, reducir una burocracia que ha crecido de manera inédita en los últimos dos años–, se insiste en medidas de recaudo inmediato que comprometen el equilibrio futuro.
El problema no es solo fiscal. Es institucional. La percepción de que el Ejecutivo actúa con una visión electoralista, sin atender las recomendaciones técnicas ni el clamor de los sectores productivos, mina la legitimidad del ajuste. Y lo más preocupante: condiciona severamente el margen de acción del gobierno que asuma en 2026.
Lo que hoy se presenta como una solución de emergencia podría convertirse en un lastre duradero. Pan para hoy, hambre para mañana. En un país que necesita urgentemente una agenda de reactivación productiva, de fortalecimiento institucional y de inversión en capital humano, las prioridades del Gobierno parecen estar en otra parte.
