Editorial El cobro fiscal que puede poner de rodillas a Ecopetrol
El impacto del requerimiento de la Dian no solo golpea a la empresa más emblemática del país, sino que revela la urgencia de caja del Gobierno. ¿Hasta qué punto puede tensarse la cuerda sin romperse?
Por más que se pretenda presentar como una operación neutra entre bolsillos del Estado, el último movimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) contra Ecopetrol ha encendido todas las alarmas. La petrolera estatal ha recibido tres requerimientos especiales aduaneros (REA) que la conminan a pagar 9,4 billones de pesos en concepto de IVA por la gasolina importada entre 2022 y 2024. La magnitud del cobro, que incluye 6,1 billones directamente a Ecopetrol, un billón para la Refinería de Cartagena y otros 2,3 billones en intereses, excede con creces cualquier ajuste fiscal rutinario. Es, en palabras de su sindicato, “una reforma tributaria particular”.
El momento no podría ser más inoportuno. En el primer trimestre de 2025, la compañía reportó una caída del 22,1 % en sus beneficios, completando así nueve trimestres consecutivos de descenso. La leve recuperación en ingresos (0,2 %) y producción de crudo (0,6 %) no alcanza a amortiguar el deterioro de su rentabilidad. Añádase a eso la amenaza latente de una ampliación del criterio de la Dian al ACPM —lo que elevaría el pago total a 22 billones— y el panorama se vuelve alarmante. Para una empresa cuyo músculo financiero ya se ve comprometido, semejante exigencia puede traducirse en endeudamiento forzoso, retrasos operativos e incluso, según algunos actores sindicales, riesgo de insolvencia.
El trasfondo fiscal no puede soslayarse. El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un déficit que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) califica de “crítico”. La emisión de TES de corto plazo por 7,7 billones para cubrir el saldo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ya dejó entrever la urgencia de caja. Un informe del Banco de Bogotá es aún más directo: “La Nación trasladó sus problemas de caja a Ecopetrol”. Bajo esa óptica, el cobro del IVA no es solo un ajuste tributario, sino una maniobra de urgencia para salvar las cuentas públicas a costa del pulmón energético del país.
El riesgo es sistémico. Ecopetrol no es una empresa más: es el engranaje central de las finanzas públicas y del sistema energético nacional. Cualquier debilitamiento de su capacidad de inversión o de su solidez crediticia podría tener efectos en cascada sobre sectores estratégicos. La afirmación de que se trata solo de “trasladar recursos del Estado de un bolsillo a otro” ignora los riesgos asociados a convertir a la petrolera en una suerte de prestamista de último recurso del Gobierno.
La empresa, por su parte, ha manifestado su discrepancia con la interpretación de la Dian y ha asegurado que se reserva el derecho a controvertir jurídicamente los requerimientos. Cabe esperar que esa controversia se desarrolle dentro del marco legal y sin dilaciones, porque el tiempo no juega a favor de la estabilidad institucional. Mientras tanto, los mercados observan con atención y creciente escepticismo el rumbo de las finanzas públicas y la sostenibilidad de una de las pocas empresas colombianas con presencia global.
Más allá del debate jurídico y fiscal, lo que está en juego es el modelo mismo de financiación del Estado. Si la estrategia del Gobierno consiste en utilizar empresas públicas como Ecopetrol para cerrar el agujero presupuestario, sin reformas estructurales ni consensos amplios, se corre el riesgo de socavar los pilares de largo plazo sobre los que se construye el desarrollo. Colombia necesita recaudar más, sí. Pero hacerlo sin debilitar a su mayor activo estratégico exige algo más que urgencias fiscales: requiere visión de Estado.
