Editorial Petro ataca el modelo de concesiones: ¿es realmente la solución para la fiebre amarilla?
En un intento por movilizar recursos para la emergencia sanitaria, el presidente descalifica un modelo de infraestructura que ha sido fundamental para el progreso de Colombia.
En su intervención televisada del pasado lunes, el presidente Gustavo Petro Urrego presentó una propuesta que, por un lado, ha generado preocupación entre expertos y actores clave del sector, y, por otro, se ha transformado en un tema central de debate en la esfera pública. En su alocución, Petro sugirió utilizar los recursos de las concesiones 4G y 5G, que según él, “supuestamente no están avanzando”, para financiar la atención a la emergencia sanitaria de la fiebre amarilla. El mandatario aseguró que estos recursos estaban “guardaditos” y que no se estaban utilizando para la construcción de las infraestructuras viales que, según su percepción, aún están estancadas. “Está esa plata guardadita cuando la necesitamos nosotros, y no la usan porque no están haciendo las carreteras. Entonces aquí tenemos una de las mayores injusticias tributarias fiscales en el país”, sentenció el presidente, con la intención de desatar un clamor popular en favor de su propuesta.
Sin embargo, esta intervención del presidente Petro Urrego incurre en varios errores que deben ser esclarecidos con urgencia, no solo por su inexactitud, sino por las implicaciones que tiene para la estabilidad y credibilidad del modelo de concesiones que ha sido clave en el desarrollo de la infraestructura del país.
En primer lugar, la idea de que los recursos de las concesiones están «guardados» o «inactivos» es completamente errónea. Tal como señaló la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en un comunicado posterior, “todos los proyectos de concesión de cuarta y quinta generación están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo”. Es decir, los recursos no están en las condiciones que el presidente señala, sino que están siendo utilizados, como está previsto, para financiar los grandes proyectos de infraestructura que, por su envergadura, requieren un largo proceso de ejecución.
Este error conceptual del presidente Petro es solo una de las aristas que deben ser revisadas. En segundo lugar, sus declaraciones reactivan críticas previas a las vigencias futuras, un mecanismo que el gobierno anterior implementó para apalancar la ejecución de proyectos de infraestructura de gran envergadura. Las vigencias futuras no son simplemente dinero “disponible” que se pueda mover a gusto del gobierno de turno, sino una forma de garantizar la ejecución de proyectos de largo plazo. Este mecanismo permite que el Estado asuma compromisos para poder atraer la inversión privada, una de las principales fuentes de financiación de las concesiones. De hecho, el propio gobierno Petro ha recurrido a las vigencias futuras para su primer proyecto férreo, y la utilización de este instrumento en la actualidad ha sido un componente clave para asegurar la continuidad de los proyectos de infraestructura en marcha.
En este contexto, los señalamientos del presidente sobre una supuesta deuda del concesionario con el Estado, que alcanza los 1,8 billones de pesos, carecen de fundamento. Tal como aclaró la CCI, esta cifra corresponde a los recursos transferidos a un patrimonio autónomo administrado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y que, con los rendimientos generados, ya ascienden a 2,2 billones de pesos. De hecho, la gestión de estos fondos está completamente alineada con las condiciones del contrato y no implica una deuda real para el Estado.
En tercer lugar, el ataque presidencial al modelo de concesiones y su afirmación de que estos proyectos solo benefician a los más ricos desvirtúan un balance que, a lo largo de más de tres décadas, ha sido exitoso en términos de cobertura y accesibilidad. Más de 7.300 kilómetros de vías construidas, una inversión de 140 billones de pesos por parte del sector privado, y un desarrollo que beneficia tanto a sectores productivos como a los ciudadanos de a pie, son solo algunos de los logros de este modelo de financiación público-privada. Si bien es cierto que siempre existen ajustes y mejoras por implementar, el sistema ha demostrado su capacidad para entregar resultados tangibles y medibles para el progreso de Colombia.
El modelo de concesiones sigue siendo una de las herramientas más efectivas para lograr el desarrollo de las infraestructuras viales en Colombia, y su ataque constante no parece ser el camino más prudente para enfrentar los desafíos que nos esperan.
Así, lo que realmente necesita el país es una mirada profunda y honesta hacia el fortalecimiento de las políticas públicas que han permitido el avance de la infraestructura y, de manera paralela, una acción contundente y coordinada frente a la emergencia sanitaria.
