Editorial El desafío fiscal de Colombia: un problema que amenaza con empeorar
Con un déficit en aumento y una deuda desbocada, el país se enfrenta a un 2025 incierto, donde los recortes presupuestales se vuelven indispensables para evitar una crisis económica mayor.
El refrán popular que dice que «toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar», puede aplicarse con precisión quirúrgica a la realidad económica de Colombia, cuyo panorama fiscal sigue empeorando, dejando entrever un futuro incierto y desafiante. Los datos del Plan Financiero del Gobierno, revelados la semana pasada por el Ministerio de Hacienda, son una muestra clara de ello. En 2024, las finanzas del Estado sufrieron un deterioro notable, y lo que parecía ser un mal rumbo parece ahora amenazar con volverse aún más grave.
Para entender la magnitud de la crisis, basta con revisar algunos números clave. El déficit fiscal del país, que en 2023 alcanzó un alarmante 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB), se disparó al 6,8% en diciembre de ese mismo año. A esta cifra se suma el crecimiento de la deuda del sector central, que alcanzó el 60% del PIB, siete puntos porcentuales más que en el ejercicio anterior. Estos niveles son preocupantes, pues se aproximan a los registrados en plena pandemia, cuando los confinamientos y la crisis sanitaria obligaron al gobierno a tomar medidas excepcionales. Sin embargo, la diferencia es clara: no hay una emergencia de tal magnitud que justifique el actual desastre fiscal.
Un análisis más profundo de la situación revela que el gasto público ha aumentado de forma desproporcionada en comparación con los niveles previos a 2019. Si bien el incremento del gasto en el servicio de la deuda ha sido una de las razones, el gasto estatal general ha pasado del 15,5% al 19% del PIB. Esta tendencia es insostenible y amenaza con profundizar el colapso de las finanzas públicas.
Y mientras el gasto se dispara, los ingresos del Estado se comportan de manera contraria. El año pasado fue un desastre en términos de recaudación, con una caída significativa en los ingresos frente a 2023. La causa: una combinación de una economía en desaceleración, decisiones judiciales imprevistas y errores de cálculo del propio Ejecutivo. La situación, aunque advertida con antelación por analistas y especialistas, ha superado incluso los pronósticos más pesimistas.
Ante este panorama, el Gobierno reaccionó de forma tardía. Aceptó a regañadientes el aplazamiento de partidas presupuestales y, cuando la crisis fiscal se agudizó, implementó un recorte de 28 billones de pesos a finales de noviembre. Este ajuste, aunque necesario, ha sido insuficiente, ya que la disponibilidad de recursos llegó a niveles alarmantemente bajos, apenas suficientes para cubrir los pagos más urgentes.
Ahora, el futuro se vislumbra incierto. A pesar de que el presupuesto nacional de 2025 fue expedido por decreto, se aplazaron 12 billones de pesos sin una fuente clara de financiamiento. Expertos como Fedesarrollo afirman que los recortes deberían ascender a 40 billones de pesos para poner las cuentas fiscales en un terreno más estable y sostenible.
El escenario no es fácil. Con elecciones a la vista, el gasto público se convierte en un instrumento de influencia política, lo que dificulta la implementación de recortes imprescindibles para la salud de las finanzas nacionales. Sin embargo, en momentos como este, lo que debe primar es la responsabilidad. No se puede perder de vista la importancia de garantizar la estabilidad económica para evitar caer en los mismos errores que otros países de América Latina, donde la salida de capitales, la devaluación de la moneda y las presiones inflacionarias desestabilizaron aún más la situación.
Para que los colombianos no paguen los platos rotos por un desbordamiento del gasto público, el manejo fiscal debe ser serio, riguroso y, sobre todo, responsable. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para definir el rumbo de la economía y evitar que la espiral fiscal continúe su marcha hacia un abismo aún más profundo.
