Editorial La derrota tributaria de Petro
Tras varias victorias políticas, como la reforma pensional, el presidente enfrenta su mayor revés legislativo, que deja en evidencia la erosión de su poder y la creciente fractura con el Congreso. En medio de una crisis fiscal, el Ejecutivo se ve obligado a repensar su estrategia económica y fiscal para evitar un desastre mayor.
El hundimiento de la reforma tributaria, la última gran apuesta legislativa del presidente Gustavo Petro Urrego, marca no solo una derrota política significativa, sino la principal debacle legislativa de su administración, que se suma a la caída de la reforma a la salud en abril de 2024. Lo que parecía un giro audaz en la estrategia gubernamental se ha transformado en una señal preocupante: la progresiva pérdida de poder del presidente ante el Congreso y, por ende, ante una parte importante de la opinión pública. Este revés es la última evidencia de que la fórmula del «poder agresivo», basada en la presión popular y las negociaciones forzadas, ya no es efectiva en la Colombia de 2024.
Desde su llegada al poder, Petro Urrego había logrado algunas victorias legislativas importantes, como la reforma pensional, la continuación del desmonte del subsidio a la gasolina, y la consolidación de un pacto con el sector bancario. Además, había logrado acorralar a las EPS (Entidades Promotoras de Salud) en un proceso de reestructuración que, a pesar de las dificultades, parecía demostrar su capacidad de intervención y control sobre áreas estratégicas de la economía y la sociedad. Sin embargo, la derrota en la reforma tributaria marca un antes y un después en su capacidad de maniobra política. La reforma, que planteaba un alza de impuestos de $9,8 billones, buscaba financiar un presupuesto nacional que aún está lejos de la sostenibilidad fiscal.
Este rechazo de los parlamentarios refleja una fractura profunda entre el Gobierno y el Congreso de la República, especialmente en un contexto económico cada vez más complejo. Con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara Castañeda, el Ejecutivo intenta navegar en medio de la tormenta fiscal y la necesidad de reactivar la economía. Sin embargo, el fracaso de la reforma tributaria deja al Gobierno sin uno de los principales instrumentos para financiar sus políticas. La falta de consenso sobre la reforma es solo el último eslabón de una cadena de derrotas que muestra que la estrategia política de Petro ya no genera los mismos resultados.
La caída de la reforma tributaria tiene consecuencias inmediatas. El presupuesto de la Nación para 2025, que ascendería a $523 billones, no podrá ser financiado de la manera que el Ejecutivo había proyectado. Esto deja al equipo económico, encabezado por Guevara Castañeda, con una tarea urgente: reajustar las cuentas fiscales para el próximo año, ajustando el gasto y buscando nuevas formas de equilibrar las finanzas sin recurrir a una mayor presión tributaria.
Este es un momento crucial para que el equipo económico del Gobierno construya un presupuesto realista, que se ajuste a la realidad económica y social del país. La caída de la reforma tributaria ofrece una oportunidad única para “sincerar” las cuentas del Gobierno, establecer recortes presupuestarios necesarios y evitar los errores cometidos en 2024, cuando la ejecución del gasto fue baja y los recursos públicos fueron mal administrados en diversas ocasiones.
La lección de la derrota en la tributaria es clara: el Gobierno necesita poner en práctica una estrategia fiscal sólida, que se base en una disciplina fiscal efectiva y en un control estricto sobre el gasto público. Aunque la administración Petro Urrego ha hecho de la alta intervención estatal en la economía uno de sus principales ejes, eso no es incompatible con una política de austeridad y control de los recursos. De hecho, el derroche, las ejecuciones bajas y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos han sido uno de los puntos más débiles de su gestión, afectando seriamente su imagen y la percepción pública sobre su lucha contra la corrupción.
Lo que parece evidente es que, a pesar de las altas aspiraciones de una administración de izquierda, no hay margen para un derroche estatal que ignore las realidades fiscales del país. Si Petro quiere evitar que su administración se hunda en la misma precariedad fiscal que marcó otros períodos de gobierno en la historia reciente de Colombia, debe ser capaz de construir un programa de austeridad que recorte gastos innecesarios, elimine el desperdicio y garantice una ejecución presupuestaria eficiente y transparente. Esta será, probablemente, la prueba de fuego para el equipo económico del Gobierno en los próximos años, y la verdadera medida de su capacidad para llevar a cabo una administración eficaz en tiempos de dificultades fiscales.
