Editorial La Reforma a la Salud 2.0: Entre alarmas financieras
La segunda versión de la reforma al sistema de salud de Colombia inicia su trámite en el Congreso en medio de un panorama lleno de incertidumbres. A pesar del impulso gubernamental, los críticos advierten sobre el impacto financiero y la falta de consenso en torno al modelo propuesto, lo que podría poner en peligro la sostenibilidad del sistema de salud y afectar a millones de usuarios.
Esta semana, la comisión séptima de la Cámara de Representantes dio un paso clave en el proceso legislativo al aprobar, en primer debate, la segunda versión del proyecto de reforma al sistema sanitario. La llamada ‘reforma a la salud 2.0’ inicia su recorrido con la esperanza de evitar el naufragio que sufrió su antecesora en el Senado, hace tan solo unos meses, en abril. Sin embargo, el contexto de este nuevo intento se perfila con tintes complejos, tanto en lo político como en lo financiero.
El Gobierno de Gustavo Petro Urrego ha mantenido la postura de impulsar una reforma que, a pesar de las críticas y las fuertes voces de oposición, no muestra señales claras de haber ajustado el rumbo en aspectos esenciales. La Casa de Nariño, respaldada por su coalición en el Congreso, continúa su empeño en avanzar hacia un modelo de mayor control estatal sobre el sistema sanitario. No obstante, el resultado de este empeño es una reforma que, según muchos actores clave del sector, no recoge las inquietudes que surgieron en los espacios técnicos previos a la aprobación.
A las preocupaciones sobre los peligros de la centralización y los cuestionamientos de actores cruciales como las EPS y las farmacéuticas, se suma ahora el creciente foco de alerta en el ámbito financiero. En los últimos días, la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) publicó un estudio que dispara una de las alarmas más graves para el futuro del sistema: la incapacidad de Colombia para financiar la reforma sanitaria tal como está planteada. Según este informe, el modelo propuesto por el Gobierno Petro podría generar un déficit fiscal de $161 billones en los próximos diez años, lo que pondría en jaque la sostenibilidad económica del sistema.
Al respecto, Bruce Mac Master Rojas, presidente de la ANDI, señaló que este déficit acumulado año tras año generará una crisis en todas las entidades que hacen parte del sistema de salud, y “lo que vamos a tener es una gran cantidad de instituciones entrando en insolvencia. Estamos poniendo en riesgo la sostenibilidad operativa, médica y científica”, indicó.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda aún no ha entregado un concepto de aval fiscal que permita a los congresistas tomar decisiones informadas sobre el impacto económico de la reforma. En un contexto donde el déficit es una preocupación constante, la falta de claridad sobre la viabilidad financiera de la reforma aumenta la incertidumbre. A este vacío se suman los costos adicionales que la implementación de la reforma podría generar, como la construcción de nuevos centros de atención primaria y la necesidad de cubrir pasivos asociados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuyo ‘hueco’ podría crecer aún más si no se adoptan medidas correctivas.
El escenario se vuelve aún más sombrío cuando consideramos las cifras presentadas por otros actores del sector. Hace unas semanas, Afidro, el gremio de las farmacéuticas, y el centro de investigaciones económicas Anif señalaron que el sistema de salud enfrentará un déficit de $19,7 billones a partir de 2025. Además, sugirieron un aumento del 16,5% en la UPC, lo que implicaría un requerimiento presupuestario adicional de $100 billones. Por su parte, Acemi, la entidad que representa a las EPS del régimen contributivo, estimó que en 2024 el faltante de recursos podría alcanzar los $5,9 billones. Estos cálculos evidencian la magnitud del desafío financiero que enfrenta el sistema y dejan claro que, si el Gobierno persiste en su modelo, las consecuencias podrían ser desastrosas.
La insostenibilidad estructural del sistema de salud en Colombia es un hecho ampliamente reconocido. Sin embargo, las decisiones y apuestas del Gobierno Petro en la reforma sanitaria parecen haber exacerbado esta crisis. Si no se toman medidas urgentes, el sistema podría enfrentar un colapso, con un deterioro tanto en la calidad de los servicios prestados como en la capacidad operativa de las EPS y otras entidades del sector. Los hospitales y clínicas, ya de por sí sobrecargados, podrían enfrentar un grave desajuste en su capacidad de respuesta ante la demanda.
El panorama para los usuarios de la salud es igualmente preocupante. El bajo gasto por parte de los pacientes que hoy caracteriza al sistema podría convertirse en un fenómeno del pasado. Si no se rectifica el rumbo de la reforma, los ciudadanos tendrían que asumir, de forma cada vez más evidente, los costos del ‘hueco’ fiscal generado por el modelo propuesto, lo que afectaría gravemente el acceso y la calidad de la atención.
Las alertas políticas y financieras, tanto en el Congreso como en el sector salud, son claras y, de no atenderse con urgencia, podrían desembocar en un escenario de descontrol que pondría en riesgo la estabilidad del sistema sanitario colombiano. Los legisladores tienen la responsabilidad de escuchar estas advertencias y actuar en consecuencia, antes de que sea demasiado tarde.
