12 de junio de 2026

Caída en ventas de viviendas: una mirada a Caldas, Quindío y Risaralda

24 de enero de 2024
24 de enero de 2024

¿Sabías que en 2023 se vendieron 106.554 viviendas nuevas menos que en 2022 en Colombia? Esta cifra representa una disminución de $20 billones en inversión y tiene graves consecuencias para el sector y la economía.

Crédito: Pixabay.

Bogotá, 24 de enero de 2024. El año 2023 fue uno de los más difíciles para la industria de la construcción en Colombia, que registró una caída del 44,9% en las ventas de vivienda nueva. Según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se vendieron 106.554 unidades menos que en todo 2022, lo que significa que los hogares invirtieron $20 billones menos en compra de vivienda en comparación con el año anterior.

Impacto regional

La crisis del sector se reflejó en varias regiones del país, que mostraron una disminución en el número de unidades vendidas entre 2022 y 2023. Entre ellas se encuentran Caldas, Quindío y Risaralda. Según el informe de Coordenada Urbana, Caldas vendió 1.191 unidades menos en 2023, lo que representa una caída del 29,3%. Quindío vendió 600 unidades menos, con una reducción del 30%. Risaralda fue la más afectada, con una venta de 2.928 unidades menos, lo que implica una caída del 52,3%. Estos descensos evidencian los desafíos económicos y estructurales que enfrenta el país, como la inflación, las altas tasas de interés y la reducción de los subsidios.

Factores contribuyentes

La caída fue más pronunciada en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), que registró un descenso del 49,7%. Este segmento comprende las viviendas cuyo valor no supera los 135 salarios mínimos legales vigentes, y que cuentan con subsidios del Gobierno Nacional a través del programa ‘Mi casa ya’.

Según el análisis de Coordenada Urbana, una plataforma de información del sector inmobiliario, el 31% de los desistimientos del segmento VIS se produjo por los cambios que realizó el Ministerio de Vivienda al programa ‘Mi casa ya’ en 2023. Estos cambios incluyeron la eliminación del subsidio a la tasa de interés, la reducción del subsidio a la cuota inicial y el aumento del porcentaje de obra requerido en el avalúo del inmueble.

Otro factor que influyó en la caída de las ventas fue el aumento de las tasas de interés hipotecarias, que dificultaron el acceso al crédito de los hogares. Según Camacol, el 25% de los desistimientos del segmento VIS correspondió a factores asociados al crédito, como el rechazo de la solicitud, el incumplimiento de los requisitos o la insuficiencia de ingresos.

Alerta roja

Camacol ha expresado su preocupación por las altas tasas de desistimientos que se registraron el año pasado. En 2023, cerca de 38.000 hogares renunciaron a la compra de su vivienda, lo que representa un crecimiento del 62,9% frente a 2022. El 78,1% de los desistimientos correspondió a viviendas VIS, lo que evidencia la vulnerabilidad de este segmento.

Los desistimientos no solo afectan a los compradores, sino también a los constructores, que deben asumir los costos de la devolución del inmueble, la pérdida de rentabilidad y la disminución de la demanda. Además, los desistimientos generan una menor dinámica de obra, lo que impacta negativamente en el empleo y el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Hacia adelante

Ante este panorama sombrío, es imperativo implementar estrategias efectivas para revitalizar este sector crucial para la economía colombiana. Una de las medidas propuestas por Camacol es aumentar la asignación de subsidios para el segmento VIS, el gremio estima que se requieren al menos 50.000 subsidios para cubrir el déficit del sector y estimular la demanda.

Otra medida esperada por el sector es la moderación de las tasas de interés, que se espera que sigan la tendencia de la inflación, que cerró el año 2023 en 9,28%. Esto permitiría mejorar las condiciones de financiación de los hogares que quieren comprar vivienda y sería un factor determinante en la reducción de los desistimientos.

Finalmente, se requiere una mayor coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, los constructores y los compradores, para facilitar el acceso a la vivienda, garantizar la calidad de los proyectos, agilizar los trámites y fortalecer la confianza en el sector.