El aquelarre Bellaquería imperdonable
Bellaquería imperdonable. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Es una elemental norma de comportamiento que debería ser de obligatorio cumplimiento, en aras de unas relaciones amables y pacíficas entre los seres humanos.
Francia Márquez, vicepresidente de Colombia, armó un gran escándalo porque una humilde señora, seguramente llena de un racismo injustificado, se atrevió a llamarla «simia» en un concurrido acto púbico. En reacción, la señora Márquez llegó en su afán de venganza hasta el punto de llevar ante la justicia a quien así la había ofendido. Aceptemos que estaba en su derecho.
Pero semanas después, el viernes pasado, esa misma vicepresidente, en una reunión con juntas de acción comunal, en presencia de la nueva ministra de las TIC y ante un buen número de micrófonos de los medios nacionales de comunicación, olvidando que es una figura pública y que sus declaraciones y descalificaciones son de una gravedad inmensa, se tomó la libertad de declarar, que no se iban a «abudinear» los recursos financieros de ese ministerio. Era una explícita e innecesaria alusión a las acusaciones existentes contra a anterior ministra, la doctora Karen Abudinen, por la pérdida millonaria que se detectó a finales del gobierno Duque en esa misma cartera dentro del sonado contrato de «Centros Poblados».
No sabemos si la ex ministra Abudinen es o no culpable de ese faltante. Pero mientras eso no se sepa, la doctora Karen tiene derecho a que se le respete estrictamente la presunción de inocencia. ¿Qué tal que, después de haberse hecho eco con toda irresponsabilidad del cruel chistecito contra la exministra, esta resultara inocente de las acusaciones? ¿Cómo podría hacer la señora que detenta (según ella misma lo ha afirmado) el segundo cargo en importancia en este país, para compensar el inmenso daño moral que habría ocasionado a su víctima? En la tranquilidad de su helicóptero, doña Francia debería ser capaz de meditar las cosas que va a decir, antes de cometer semejante ofensa gratuita contra una persona que nada le ha hecho.
Juan Fernando Cristo, coja oficio. Se necesita estar uno muy desocupado para volver a ocuparse de un conflicto que ya resolvió nuestro país hace como dos siglos y cuya solución se ratificó en la constitución de 1991: definir si el estado colombiano iba a ser federalista o centralista. Ni más ni menos, es eso lo que pretende el despalomado político liberal cuando propone a la registraduría del estado civil realizar con las próximas elecciones una consulta popular sobre el tema. Suficientes incertidumbres tenemos ya con el cúmulo de reformas que pretende el gobierno Petro, como para introducir un factor más de discordia en la vida política colombiana. En eso y nadie piensa, y unas pocas voces que hablan hoy de federalismo no pasan de ser simples chistosos centenaristas. Volvámonos serios, y dediquémonos a resolver los problemas que realmente valen la pena: hacer de este un país más justo, más equitativo, con menos pobreza y más bienestar. Y a tener los mejores sistemas de salud y pensiones que sea posible, y un código laboral que, aunque favorezca a los trabajadores, no llegue a extremos que debiliten tanto el tejido empresarial, que pongan en peligro la generación de empleo y la solidez de nuestra economía. Eso se llamaría sensatez.
Al pan, pan y al vino, vino. El alcalde de San Vicente del Caguán, el presidente de Colombia y el ministro del Interior coincidieron en un intento por tratar de minimizar los gravísimos acontecimientos que tuvieron lugar en Los Pozos, Caquetá, cuando una turba enceguecida, en medio de un asalto contra unos yacimientos petrolíferos, atentó contra 80 policías, los rodeó, los ultrajó y los mantuvo en su poder, mientras éstos, en angustiosa transmisión por los radios de campaña, que fue captada y difundida por los noticieros de televisión, rogaban a la central de comunicaciones que el ejército y la policía actuaran en su favor, los rescataran y los pusieran a salvo, Todavía retumban en los oídos de quienes escuchamos esas súplicas, las angustiosas palabras del pedido de auxilio, cuando ponían en conocimiento de sus superiores que, incluso, ya los revoltosos había asesinado a uno de esos policías secuestrados. Tanto el alcalde de San Vicente como el presidente Petro llamaron piadosamente «retención» al secuestro masivo del que fueron víctimas los policiales. El ministro, por su parte, fue más lejos en su afán de disimular la gravedad de los hechos: tuvo el descaro de hablar de un «cerco humanitario», tratando de dar la imagen de que los secuestradores lo que estaban haciendo no era plagiar a los policías, sino protegerlos para que no les fuera a pasar nada en el episodio. Está bien que el gobierno quiera sacar adelante su proyecto de paz total. Hasta se entiende que no se haya intentado rescatar a los secuestrados ante la alta posibilidad de que la operación hubiese resultado en una tragedia, dada la gran cantidad de atacantes con armas cortantes y contundentes que rodeaban a los inermes policías. Pero es imperdonable tratar de quitarle gravedad al episodio y utilizar eufemismos en lugar de llamar a las cosas por su nombre.
Los sucesos fueron mucho más graves de lo que inicialmente se creyó. Sin confirmación, se llegó a hablar de un peligro de secuestro también contra los ministros del Interior y del Transporte, quienes se hicieron presentes en el evento y finalmente lograron solucionarlo. Hay que reconocer, eso sí, la valiosa actitud del presidente Petro, quien defendió al comandante de la policía del Caquetá, el coronel Javier Antonio Ocampo, por no haber acudido en defensa de los policías secuestrados. Petro asumió totalmente su responsabilidad personal al no haber ordenado la intervención.
Vale la pena leer vía internet la entrevista concedida a Vicky Dávila por el comandante nacional de la policía, general Henry Sanabria, sobre lo sucedido en ese gravísimo acontecimiento. Han llamado muchísimo la atención sus declaraciones de fe religiosa, incluida su convicción de que muchas de las derrotas infligidas por las autoridades a cabecillas guerrilleros y capos del narcotráfico se lograron gracias a la actuación de sacerdotes conseguidos por ellas para llevar a cabo episodios de exorcismo. Me imagino que estará tratando de convencer a Petro de celebrar un superexorcismo masivo para obtener de una vez por todas la paz total.
Esarceos democráticos. Tuvimos la oportunidad de presenciar un gran debate sobre la reforma política en Colombia. Desde el año pasado se había estado trabajando en la implantación de esos cambios en el país, entre los que se incluían asuntos tan importantes como la obligatoriedad de las listas cerradas de candidatos para las elecciones, la lista cremallera para igualar el número de mujeres al de candidatos masculinos en tales listas, la financiación estatal de las campañas electorales, etc. A lo largo de las discusiones, en las que la bancada del gobierno respaldaba inicialmente, de manera irrestricta, la aprobación de esas normas, le fueron apareciendo diferentes apéndices que favorecían de diversas maneras los intereses particulares de algunos de los actuales miembros del congreso. En los ires y venires del debate, la inicialmente arrolladora capacidad del gobierno de imponer la reforma se fue desdibujando. Fue un interesante espectáculo. Por primera vez dese su triunfo electoral en la segunda vuelta, al gobierno Prieto se le enredó una decisión. La sólida bancada de gobierno se desmoronó parcialmente y, al final, el propio presidente del congres solicitó que se retirara el proyecto, y así llegó el momento en que el presidente de la república dio la orden respectiva.
Sin entrar a analizar las cualidades o fallas de las normas que contenía el proyecto, el episodio parece indicar que sí existe el talante democrático de Petro en el que tantos no creen. Se vio un gobierno dispuesto a aceptar que no todo puede ser impuesto a pupitrazo limpio, y que en muchos de los temas en los que se está trabajando en el parlamento, será necesario entrar a negociar, para llegar a consensos que garanticen la gobernanza. Ojalá se continúe en esa tónica, de tal manera que el gobierno logre finalmente la aprobación de las reformas, pero la oposición pueda introducirles las mejoras y ajustes que conduzcan a los mejores resultados en su aplicación.
Reforma laboral. Las elecciones fueron ganadas por la izquierda. Con una diferencia muy pequeña, pero ganaron. Y, en un esquema simple, es de esperar que, en el eterno conflicto entre los empresarios y los trabajadores, las decisiones que el gobierno proponga vayan encaminadas a aumentar el bienestar de los trabajadores, a costa de disminuir los ingresos de los empresarios.
En este campo, sin embargo, es necesario tener cuidado y mantener un cierto equilibrio. Si el favorecimiento a los trabajadores y a los sindicatos resulta excesivo, si el costo de la formalización se desborda, puede suceder que el aparato productivo termine tan deteriorado que pierda su capacidad de generar empleo. Es natural que las empresas deban producir utilidades para los inversionistas para que no se debiliten hasta llevarse de calle el crecimiento de la economía. Por eso, es muy importante la opinión de quienes se oponen a una generosidad exagerada. La prudencia, como siempre, es una sabia consejera.
Nueva medida cautelar de la Corte Constitucional: La Corte Constitucional ha tomada una decisión trascendental. Hasta esta semana, tenía la potestad de juzgar la exequibilidad de las leyes dictadas por el congreso y sancionadas por el ejecutivo. Sin embargo, el proceso para llegar a un fallo definitivo era largo y complicado. Una ley demandada podría estar esperando uno o dos años, o incluso más, antes de que la Corte definiera si le daba o no el aval. Durante todo ese tiempo, la ley estaba vigente y tenía plena aplicación. Si finalmente la Corte la rechazaba, su ejecución a lo largo de todo ese tiempo podría tener consecuencias desastrosas. Por la decisión recientemente tomada, la Corte podrá, si hay indicios suficientes para creer que puede llegar a ser anulada, suspender sus efectos de manera provisional hasta cuando salga la sentencia definitiva. Así se evitarán esas aplicaciones perjudiciales de una ley que esté aún en entredicho.
