7 de marzo de 2021
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Los problemas del campo y el debate electoral

23 de mayo de 2010
23 de mayo de 2010

Una llaga descuidada

La concentración de la propiedad sobre la tierra, la baja productividad de la agricultura y las notables cafedesventajas económicas y sociales de la población rural respecto de la urbana son problemas estructurales que en Colombia no han recibido la atención debida  por parte del Estado, los gobiernos y los partidos políticos.

En círculos gremiales y entre algunos académicos, la reforma agraria se considera hoy como una idea anacrónica. Y sin embargo tanto las estadísticas oficiales como estudios recientes ponen en evidencia la extremada desigualdad en el reparto de la tierra, la pobreza de la mayoría de la población rural y sus precarias condiciones de vida -todo lo cual genera condiciones propicias para perpetuar la violencia y para seguir degradando el medio ambiente-.

De acuerdo con los datos examinados por Alberto Valdés para mediados de esta década,  Colombia ofrece una elevada participación del sector agropecuario en el conjunto de  la economía: 11% frente al 6% en el promedio de los países estudiados. Esta participación contrasta con la asignación de los recursos públicos para el sector: en nuestro caso se situó en el 0,4% en tanto que en el promedio de las economías analizadas fue del 3,3%[1]. Dicha falta de atención fiscal es consecuente con un modelo de desarrollo que promueve el "ascenso imparable" de la agricultura de plantación al mismo tiempo que la mediana y pequeña agricultura se venía desmantelando.

Este proceso, al cual no ha sido ajeno el desplazamiento forzado, hizo pasar al país de la autosuficiencia a la dependencia de los mercados externos en cerca del 50% de sus requerimientos. De esta manera, el llamado "giro de la política agropecuaria"[2] de la pasada década no se tradujo en una recuperación productiva sino en el fortalecimiento económico y político del empresariado de los "cultivos de rendimiento tardío" o agricultura de plantación. Así lo prueba la ampliación de las áreas sembradas en palma africana, banano, cacao y bosques comerciales en desmedro de los cultivos temporales, y con la baja consiguiente en el empleo rural y en la disponibilidad de alimentos mientras crecía el volumen de las importaciones.

La tendencia hacia la concentración de la propiedad agraria que en distintas sociedades ha acompañado al proceso de formación del capital, tiene dos rasgos singulares en el caso colombiano: la apropiación monopólica de la tierra como fuente persistente de poder político, y los procesos sistemáticos de violencia social y política. A estos rasgos se han sumado los efectos de la economía del narcotráfico en las últimas décadas.  

Los poderes regionales asociados con el narcotráfico y el latifundio han ampliado su control sobre el Estado, orientando para su propio beneficio la gestión estatal y utilizando recursos públicos para compensar sus bajas rentabilidades relativas. Esta apropiación ilegítima agrava los efectos de la reducida tributación sobre la tierra y la baja participación del sector en el total del gasto público.  

Las circunstancias descritas explican la inviabilidad política de la reforma agraria y -más recientemente- la adopción de políticas orientadas a favorecer el sub-sector de los biocombustibles. Dentro de éstas el gobierno concedió exenciones fiscales elevadas, canalizó buena parte de los recursos para el fomento de la agricultura hacia los círculos del poder ya mencionados (como el programa Agro Ingreso Seguro, creado por la ley 1113 de 2007) y estableció la obligatoriedad del consumo de las mezclas combustibles en beneficio de sus productores.

La usurpación de tierras, la desarticulación de las comunidades y el daño ambiental han sumergido al país en una "guerra sin fin", que no podrá superarse abandonando el campo al poder terrateniente y ganadero. La perpetuación de los "siervos sin tierra" en el marco de la "aparcería moderna" y de las "alianzas productivas" en donde grandes empresarios, apoyados por escuadrones paramilitares, continúan imponiendo los precios de compra de las cosechas a pequeños proveedores amedrentados y asentados en tenencias precarias, no conduce a una modernización democrática del país. Sin remover estos obstáculos, muy poco se podrá avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural en términos de ingresos, servicios comunales, salud, educación, productividad, organización social, participación política, y dignificación de la vida campesina. 

Política y reformas

Los programas de los actuales candidatos a la Presidencia muestran cierta preocupación por el tema agrario. Algunos presentan propuestas progresistas. Se advierte sin embargo que la tierra no es objeto de debate público y que los candidatos se muestran reacios a relacionar el tema de la tierra con el tema de la paz.

Con buen sentido decía hace una década el vocero del Sindicato Antioqueño, Nicanor Restrepo, que "(….) no podemos soñar con que va a haber paz gratuita; además con paz o sin paz hay que introducir muchas de esas reformas"[3]. En esa lógica, la paz tendrá poco que ver con una mesa donde se sienten a negociar representantes de las FARC y del gobierno: las reformas no deben realizarse porque lo exijan las guerrillas sino por ser una necesidad inaplazable.

Cabe esperar que en los pocos días que faltan para las elecciones presidenciales, se conozcan  y discutan las propuestas de los candidatos sobre los graves problemas del campo. Pero quizá es aún más importante saber cómo van a tratar el asunto ante el Congreso que resultó elegido el pasado 14 de marzo y en el cual no hay asomos de sensibilidad hacia un cambio progresista en la orientación de la política agraria en aspectos como la actualización del catastro, la reforma tributaria, la clasificación de  tierras para un uso racional de los recursos o la aplicación de las normas ambientales.

Si se repasa la historia de Colombia, invariablemente se encontrará a dirigentes políticos, a estadistas que propusieron diversas modalidades de reforma agraria. Al final todos fracasaron más o menos ruidosamente porque chocaron con la formidable muralla de los intereses de ganaderos y terratenientes que contaban con una desproporcionada representación política como en el Congreso actual y el que se posesionará próximamente. Eso no podrá modificarse si al sistema político no entran grandes corrientes de la sociedad civil más allá de los eventos electorales. La conciencia de las clases dirigentes y del conjunto de la ciudadanía sobre la cuestión agraria es premisa para encontrar soluciones adecuadas y viables.

Restitución de tierras

Debido a las acciones violentas de las guerrillas, los paramilitares y las Fuerzas Armadas, Colombia ostenta cifras de desplazamiento interno que la ubican entre los países con una situación muy grave. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) entre 2003 y 2009 "la cifra de desplazados asciende a 2.412.834 personas". Aunque discrepan en las cifras, tanto esta organización como el Gobierno reconocen que en 2009 hubo una disminución de los desplazados por violencia -CODHES estima la disminución en 24% mientras que el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República habla de un 62%[4]. En todo caso el despojo de tierras alcanza proporciones dramáticas: según los datos de CODHES, entre 1999 y 2007 alrededor de 380.000 familias fueron despojadas de 5,5 millones de hectáreas[5]. Además de aumentar la pobreza en las ciudades, el desplazamiento y el despojo acentúan la concentración de la propiedad sobre la tierra y han sido funcionales a la expansión de la palma africana, los biocombustibles y la ganadería extensiva por parte de empresarios colombianos y empresas transnacionales.

Aunque el gobierno ha aumentado los recursos para atender a la población desplazada y aunque la Corte Constitucional ha ordenado más medidas para protegerla, seguimos necesitando una política agresiva de restitución de tierras y de reparación integral a las víctimas, una solución jurídica y política que haga posible la restitución y el retorno de las familias a sus lugares de origen. Las cifras oficiales a este último respecto producen desconsuelo: según dice el gobierno, "durante los últimos años" retornaron a sus lugares de origen 2.506 familias[6].   

Con relación a los desplazados, en la campaña electoral se ha discutido el requisito de que los campesinos que aspiran a la restitución de sus tierras presenten títulos jurídicos, como dispone la Ley de Justicia y Paz. Para resolver este escollo, la propuesta más operativa hecha hasta la fecha es trasladar la carga de la prueba de la propiedad a aquellos que se apropiaron de tierras ajenas por medios coactivos o violentos. 

Ordenamiento ambiental territorial

Desde la perspectiva aquí planteada, una política agraria integral implica la construcción de un ordenamiento ambiental territorial, como marco de un nuevo reparto agrario que respete la vocación productiva de los ecosistemas y se encamine hacia la democratización de la propiedad agraria. Un resultado central de este proceso ha de ser el afianzamiento de los pequeños y medianos productores, principales proveedores de los bienes requeridos para garantizar la seguridad alimentaria del país, apoyado en una asignación adecuada de recursos para su modernización técnica. Este podrá ser un aporte sustancial del campo y la agricultura a la preparación de un futuro de respeto y convivencia. Si no hay políticas orientadas al mercado interno y a garantizar la seguridad alimentaria, los pobladores del campo serán los parias en un país donde "la confianza inversionista" servirá para poco más que para asegurar la proliferación de privilegios fiscales y la inversión de capitales extranjeros en la minería y en la agricultura comercial.

Dignificación del trabajo y la vida en el campo

La mayoría de la población empleada en el sector rural, lo está en el sector agropecuario. De las personas ocupadas en 2006, 42% eran asalariados, 44% trabajadores por cuenta propia y 10% trabajadores familiares sin remuneración[7]. Se calcula que la remuneración del 68% de los trabajadores del sector rural es inferior a un salario mínimo legal vigente (SMLV)[8]. En 2009, según la Misión contra la Pobreza, el 64,3% de los habitantes rurales eran pobres y de éstos 29% extremadamente pobres o indigentes[9]. Se sabe, por demás, que una considerable proporción de la población rural vive en condiciones muy precarias y no tiene acceso a bienes públicos fundamentales como la salud y la educación.     

Todos los programas de los candidatos presidenciales se refieren a políticas estatales para aumentar la productividad del sector agropecuario, y en particular de los medianos y pequeños productores. Algunos también retoman la antigua aspiración de los partidos liberal y conservador de democratizar la propiedad de la tierra para ampliar la clase media rural. En cambio, muy pocos se refieren a cómo mejorar, a corto plazo, la calidad del empleo rural y los ingresos de los trabajadores, y garantizar la seguridad social para la  población rural que está desprotegida. Sin poner en duda la necesidad de aumentar la productividad del sector agrario, pensamos que el pago del salario mínimo legal y de las prestaciones sociales de los trabajadores no puede aplazarse hasta que se logre un aumento notable de la productividad laboral, como sugieren los autores de un estudio reciente: "El bajo control del SMLV en el campo permite que el mercado laboral funcione libremente y por ello el desempleo se puede considerar friccional. Un mayor control en el cumplimiento del SMLV, sin mejoras en la productividad, generaría sobre todo mayor desempleo y mayor migración a las cabeceras (…) La estrategia de mejoramiento de los ingresos rurales pasa necesariamente por un aumento notable de la productividad laboral sobre todo en el sector agropecuario"[10].

Preguntas a los candidatos 

Las consideraciones anteriores son razón suficiente para que los candidatos le digan al país:

1. ¿Qué harían para frenar la concentración y el control monopólico de la tierra por parte de empresarios legales e ilegales?

2.  ¿Cómo garantizarían el balance alimentario de la población y un uso racional y productivo de la tierra?

3.  ¿Qué soluciones proponen para frenar el desplazamiento forzado, restituir las tierras a los que han sido despojados de sus propiedades o posesiones, y propiciar el retorno de las familias desplazadas a sus lugares de origen?

4. ¿Qué medidas adoptarían para hacer que los patronos paguen a los trabajadores el salario mínimo legal y las prestaciones sociales?

5. ¿Qué proponen para aumentar la cobertura de la educación, los servicios básicos  y la salud en las zonas rurales?

Notas de pie de página


[1] En cuanto al empleo, Colombia presentó una participación de 20% frente a un promedio de 17% en los países estudiados. BID, Políticas e inversiones para promover la competitividad agropecuaria en América Latina y el Caribe, noviembre 12, 2008.

[2] Título del balance realizado por Ocampo, José A. y Perry Santiago. Tercer Mundo, Bogotá, 1995.

[3] El Tiempo, 31 de octubre de 1999, p. 8

[4] Codhes, Boletín informativo No.76, Bogotá, 27 de enero de 210, p.1; Observatorio del Programa Presidencia de Derechos Humanos y DIH, Informe sobre Derechos Humanos 2009. 

[5] Codhes, op.cit., p.3.

[6] Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, op.cit., p.44.

[7] Leibovich, José; Nigrinis, Mario y Ramos Mario: Caracterización del mercado laboral rural en Colombia, Bogotá, Banco de la República, 2007, pp.15-17.

[8] Según el estudio de Leibovich  y otros, la remuneración por debajo del salario mínimo legal afecta en mayor proporción a los trabajadores por cuenta propia (71%) que a los asalariados(29%), Ibíd., pp.19-20.

[9] DNP: Colombia avanzó en la reducción de la pobreza, 30 de abril de 2010, www.dnp.gov.co 

[10] Leibovich et al, op.cit., p.50