Chuzadas, seguimiento y responsabilidad política: el Watergate colombiano

Entre otras razones, porque se ha sabido que no había sólo grabación de conversaciones telefónicas sino mucho más: lo que en fútbol se denomina "marcación", un procedimiento confiado a los defensas y aplicado principalmente a los delanteros que tienen fama de goleadores, y que consiste en no dejarlos libres un segundo.

Al comienzo se pensó -y eso de suyo era grave en un sistema que alega ser respetuoso del  Derecho- que se trataba de saber lo que estaban conversando ciertas personas de importancia, pero que había sido algo extraordinario y proveniente de la actuación aislada de algunos funcionarios de menor rango del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por supuesto sin orden judicial y sin conocimiento de sus superiores.

Pero la Fiscalía, sobre la base de las pruebas allegadas, ha establecido ahora que esas acciones respondían a un plan preconcebido y a una verdadera empresa criminal contra personas expresamente seleccionadas en razón de su pertenencia a la Corte Suprema de Justicia, al periodismo o a la oposición.

Un programa delictivo perfectamente trazado, con pautas e instructivos específicos; con la deliberada intención -no ya de espiar a las personas escogidas y a sus familias- sino de averiguar todos sus pasos y costumbres. Se trataba de buscarles algún posible vínculo con delincuentes o con organizaciones criminales. Se trataba de desacreditarlos. Y, en el caso de los opositores, de conocer, además, lo que pensaban acerca de las políticas o decisiones oficiales; de las posiciones críticas que asumían; de las estrategias que seguirían.

Y, en el caso de los magistrados -precisamente aquellos que llevan los procesos de la "parapolítica" o que han tenido diferencias con el Ejecutivo, como Valencia Copete- se quería "escarbar", en sus actos cotidianos y en sus asuntos personales y privados, con el objeto de "descubrir" irregularidades para, de alguna manera, desprestigiarlos y hacerles perder credibilidad.

Los delitos son varios y son graves

En definitiva, un plan macabro y concebido con dolo e intención perversa, que hace empalidecer lo sucedido en Watergate que culminó con la caída del Presidente Richard Nixon. Una empresa criminal en la que tomaron parte ex funcionarios del DAS y que tiene detrás, a no dudarlo, uno o varios cerebros que no hemos podido identificar y a quienes es menester descubrir cuanto antes. Toda una estructura malévola respecto de la cual sin duda los subalternos obedecieron órdenes. ¿De quién? El país espera que las investigaciones prosigan y que lleguen algún día a alguna parte, ojalá sin que se atraviese el nefasto vencimiento de términos. No se podría admitir que los responsables intelectuales de estos delitos quedaran impunes.

Si, como lo ha dicho el Presidente encargado de la Corte, doctor Jaime Arrubla, estamos ante una conspiración de Estado, la situación adquiere características de verdadera crisis, en especial si llegara a probarse que las órdenes provinieron de altos funcionarios de la Casa de Nariño, puesto que ello significaría un grave atentado contra las instituciones democráticas, y una preocupante incrustación de tenebrosos "goebbels" o "montesinos" en la estructura gubernamental colombiana.

Por todo lo que significa para la democracia y para el Estado de Derecho, lo que se ha venido estableciendo en el curso de ese proceso es un campanazo que nos debe alertar:

1. El espionaje y los seguimientos ilegales contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia constituyen prácticas delictivas propias de un sistema dictatorial, pues en su desarrollo han sido hostigados los jueces de mayor jerarquía con los propósitos definidos de vencer su voluntad y de quebrar su independencia;

2. Con los periodistas, lo que hay es una inadmisible violación de las libertades de información y de expresión;

3. Con la oposición y sus dirigentes, una enfermiza tendencia -muy característica de algunos funcionarios- a considerar que quienes son críticos del gobierno o se abstienen de usar el incienso ante el gobernante son, por eso mismo, enemigos de la sociedad y amigos de la subversión, y que deben ser seguidos para rastrear sin orden judicial aquello que obsecuentes servidores del régimen piensan que pueden encontrar: sus "vínculos" con la guerrilla. Con el agravante de que los maquiavélicos organizadores del complot no descartaron crear los "vínculos" en caso de no ser encontrados, según puede verse en algunos de los documentos divulgados, que, al tenor de las instrucciones allí contenidas, tenían por objetivo el descrédito, además del espionaje.

Por supuesto, el Gobierno Nacional ha afirmado que ninguno de sus integrantes ha dado instrucciones en sentido violatorio de la ley, y que ninguna participación ha tenido la Presidencia de la República en la comisión de estos graves delitos, pese a que las pruebas dan vueltas concéntricas alrededor de la Casa de Nariño.

Eso sí -hay que decirlo- hasta ahora ninguna prueba compromete al Presidente de la República, y quien esto escribe jamás ha creído que el oscuro plan en referencia sea suyo, pero todo indica que sí pudo provenir de algún espontáneo funcionario muy cercano, que no se sabe si estuvo o está todavía en la sede del Gobierno.

Una disculpa inaceptable del Presidente

El parte oficial dice que en las reuniones de empleados del DAS con funcionarios de la Casa de Nariño, el Gobierno sólo tenía el propósito de averiguar sobre la conducta de los magistrados de la Corte Suprema. Y considera, probablemente de buena fe, que esa averiguación era legítima. Al respecto, manifestó el Presidente Uribe: "Hubo un momento en que los medios publicaron probables interferencias de algunos narcotraficantes en algunos magistrados. En la Presidencia se le preguntó al DAS por eso. Una cosa es preguntarle al DAS por eso, que es una institución de inteligencia y que en alguna forma tiene que trabajar con la Presidencia, (…) y otra muy distinta, que nunca ha pasado por la mente de este Gobierno, es sugerirle al DAS que haga interceptaciones o que viole la Ley"[1].

Allí hay una equivocación. Si algo aparecía en los medios acerca de posibles conductas reprobables o delictivas de magistrados, el Presidente de la República no era ni es el llamado a investigar esos hechos ni a juzgar sobre los mismos. Menos todavía subalternos suyos en la Casa de Nariño. Ni era el DAS el organismo encargado de llevar proceso alguno al respecto porque no le correspondía.

Las interceptaciones telefónicas o los datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que hubiesen sido filtrados ilegalmente a los medios, no eran tampoco la vía para establecer si esas conductas tuvieron o no lugar. Recuérdese que, según la Constitución, las comunicaciones privadas son inviolables y que solamente pueden ser interceptadas por orden judicial y por los motivos previstos en la ley. Dígase lo propio acerca de los documentos privados.

Además, los magistrados de los altos tribunales gozan del fuero constitucional especial en cuya virtud, por delitos, solamente pueden ser juzgados por el Senado, previa acusación de la Cámara de Representantes. En esos procesos no tiene arte ni parte el Ejecutivo.

De otro lado, que se sepa, no había en este caso proceso judicial alguno contra los magistrados por esas supuestas relaciones con delincuentes, ni había orden judicial para interceptar sus teléfonos, ni para esculcar sus documentos privados, y menos para seguirlos en su vida íntima.

Y de todas maneras es absolutamente inexplicable que sobre los resultados de esas interceptaciones y seguimientos se estuviera informando a la Presidencia. La conducta de los magistrados no es juzgada por la Presidencia de la República, ni existía razón para que estuviera preguntando. La Presidencia no tiene función judicial, ni el DAS, ni la UIAF  seguían órdenes judiciales.

Entonces -lo digo con el debido respeto-, el Presidente no tiene la razón en cuanto a la justificación que presenta para las reuniones señaladas. En todo caso, se estaba recibiendo de los funcionarios del DAS una información de origen ilícito, y eso no es correcto, aunque el Jefe del Estado tenga la convicción de que todo se hace -y considera que está bien que se haga, sea lo que sea- por salvar la patria.

Responsabilidad legal y responsabilidad política  

Pero, con independencia y sin detrimento de ello, lo que deseo subrayar en esta ocasión es la necesidad de que en Colombia se comprenda la diferencia existente entre la responsabilidad jurídica, bien sea penal o disciplinaria, y la responsabilidad política.

La responsabilidad política se configura en razón del compromiso que contrae con la sociedad quien tiene a su cargo la dirección, conducción u orientación de una institución u organismo, una actividad, una operación o un evento o empresa de carácter público que, por serlo, interesa a toda la colectividad. Quien asume el liderazgo tiene sobre sus hombros no solamente la carga de sus propios actos u omisiones, por los cuales naturalmente responde, sino, en el aspecto político, la de responderle a la colectividad por aquello que, así no le sea imputable directamente, es producto de acciones u omisiones de sus delegados, nominados o subalternos. Ese conductor sabe desde el comienzo que, bajo el punto de vista del compromiso asumido, será  exaltado por los aciertos, o  necesariamente afectado por las fallas de la empresa que comanda; que será suyo tanto su éxito como su fracaso, aunque ni el uno ni el otro hayan sido el resultado de decisiones o actuaciones suyas, positivas o negativas.

En relación con altos funcionarios ha venido haciendo carrera la práctica desaparición de la responsabilidad política, de manera que hechos tan delicados como las interceptaciones y seguimientos en mención; tan graves como los denominados "falsos positivos"; tan vergonzosos como "Agro Ingreso Seguro", o la monumental cascada de equivocaciones de la Emergencia Social en salud -para no mencionar sino los más recientes- solamente repercuten en la trajinada expresión de "…yo asumo la responsabilidad…" -vacía y sin consecuencias reales-, o en la salida del servicio de unos mandos medios que sirven de "fusibles" para que no sean tocados sus superiores.

Ese "asumir" la responsabilidad sin asumirla se suele acompañar de la constante e impropia apelación al debido proceso y a la presunción de inocencia, ingeniosamente trasplantadas, de los principios constitucionales que rigen los procesos judiciales y disciplinarios, al terreno de la responsabilidad política, para que solamente respondan en este último aspecto quienes fueron condenados mediante sentencia en firme al culminar un juicio en su contra.

Se confunden así esas dos formas de responsabilidad, y aunque el fracaso del funcionario en lo político sea estruendoso, nada pasará en este campo, y nadie responderá políticamente con efectos tangibles, mientras no se dilucide la responsabilidad jurídica, lo que, además de constituir un gran error conceptual, ocasiona en la práctica una forma olímpica de garantizar la impunidad política, e inclusive el ascenso burocrático de quienes deberían responder ante la sociedad y finalmente nunca le responden.

Repito que la tesis ha hecho carrera y por eso, aunque al cabo de los años los autores materiales de las "chuzadas" y seguimientos resultaran castigados, no me hago ni siquera la ilusión de que esta cadena de atropellos se refleje en el plano de la responsabilidad política. Aquí hubo un Watergate pero no habrá un Nixon.

Nota de pie de página

[1] Declaración del Presidente de la República en entrevista telefónica con la emisora Radio Santea Fe de Bogotá, Abril 13 de 2010 (reproducida en  http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/abril/13/02132010.html)