No hubo voto castigo
Colombia entera lo sabe: personas con lazos de consanguinidad con quienes defraudaron la confianza de los electores al aliarse con los paramilitares para mantener el poder en sus regiones, salieron elegidas con altas votaciones en los pasados comicios. Esto quiere decir, simplemente, que esos delincuentes continuarán teniendo presencia en el parlamento a través de los elegidos con sus votos. Se podrá alegar que quienes ahora fueron elevados a la dignidad de parlamentarios no tienen deudas con la justicia. Eso es cierto. Pero lo que no pueden negar es que se beneficiaron con las prácticas non sanctas de quienes hoy están privados de la libertad.
Que una mujer como Eunice López, “La gata”, con detención domiciliaria, investigada por asesinato y patrocinio de grupos paramilitares, logre ubicar en el Congreso de la República 4 de sus alfiles, incluido su hijo Héctor Julio Alfonso López, habla muy mal del compromiso de los electores con la renovación política. Sus apadrinados obtuvieron más de cien mil votos. ¡Qué tristeza! Que otra mujer, Arleth Casado, esposa del condenado ex senador Juan Manuel López Cabrales, llegue al Senado de la República con más de 110 mil votos, a nombre del Partido Liberal, indica que miles de colombianos no aprendieron la lección. Y resultaron premiando a quienes debían haber sido castigados electoralmente.
A uno como periodista le corre un frío por las venas cuando se da cuenta de que Teresa García Romero, hermana de Alvaro García Romero, condenado a 40 años de cárcel por haber instigado una masacre donde perdieron la vida 17 colombianos, va a sentarse en un escaño que debe estar reservado a personas de aquilatadas virtudes morales, simplemente para hacer lo que su hermano le ordene. Esto quiere decir que en Colombia el voto castigo no funciona. ¿Por qué? Simplemente porque esos votos con que salen elegidos los herederos de la parapolítica están hipotecados. Es decir, no son votos libres, depositados para respaldar ideas. Son, más bien, conciencias compradas.
En las elecciones del 14 de mayo los colombianos tuvimos la oportunidad histórica de castigar electoralmente a quienes mancillaron con su alianzas delincuenciales el recinto sagrado de nuestra democracia. Sin embargo, nada hicimos. En el Valle, por ejemplo, no le pasaron cuenta de cobro al ex senador Juan Carlos Martínez, detenido en la Cárcel La Picota por sus presuntos vínculos con los paramilitares. Al contrario, lo premiaron con dos senadores que seguirán sus órdenes al pie de la letra: Carlos Arturo Quintero y Hemel Hurtado. Que un hombre de tan poca estatura moral acreciente su poder en el gobierno del Valle hace pensar que en este país se premia a quienes transgreden los principios morales.
El simple hecho de que un grupo político recién fundado, el Partido de Integración Nacional, PIN, obtenga ocho curules en el Senado de la República, está indicando que los colombianos no miramos con lupa las calidades morales de quienes crearon, por oportunismo político, ese movimiento. En esa lista están casi todos los familiares de los involucrados en la parapolítica. ¿Qué méritos tienen para llegar allá? Causa indignación que este tipo de personas continúen manejando los hilos del poder desde la cárcel. Y que muchos funcionarios públicos acepten su intromisión en sus despachos, manejando presupuestos o nombrando empleados. Y, más aún, que dispongan de títeres para apoderarse de sus regiones.
