7 de julio de 2022
Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Los decretos de Emergencia Social

9 de marzo de 2010
9 de marzo de 2010

Si con los impuestos a los cigarrillos, a los licores y a los juegos de suerte y azar no se obtenían los recursos necesarios para garantizar el acceso a la salud, el gobierno debería haber buscado otras alternativas para asegurarles a los colombianos una atención eficaz en esta materia. 

Las protestas que desde todos los sectores se han producido contra los decretos expedidos por el Gobierno Nacional son la expresión sentida de un pueblo que no admite de parte de sus autoridades excesos como los que se tratan de cometer con los decretos en mención. El gobierno tiene la obligación constitucional de garantizarles a los colombianos una atención digna en los centros hospitalarios. Pero no puede meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes para sacarles a la fuerza unos dineros que es el Estado el que los debe garantizar. Tampoco imponerles a los médicos una camisa de fuerza para que se abstengan de formular medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. 

Nunca, en sus casi ocho años de gobierno, el Presidente Alvaro Uribe Vélez había visto tan afectada su popularidad.  Pareciera que ese efecto teflón que lo ha acompañado durante este tiempo ahora no está de su lado. Porque las protestas populares contra las medidas de la emergencia social ahora sí lo están afectando. Tanto que ha tenido que dedicar parte de su agenda a explicarles a los colombianos, por distintos medios, los supuestos beneficios de las medidas. Sin embargo, no logra convencerlos. Cada día son más las entidades gremiales las que critican los decretos. Y más los ciudadanos que salen a la calle a exigir, con  justa razón, que se deroguen. 

El ex magistrado José  Gregorio Hernández sostiene que el Presidente Uribe “no supo muy bien lo que estaba firmando cuando expidió los decretos y, tardíamente, por impulso de las protestas, ha resuelto meterse en el tema”. Lo que el ciudadano del montón no se explica es por qué el Primer Mandatario, que como Senador de la República fue ponente de la Ley 100 de 1993, permite que el Ministerio de la Protección Social redacte, sin su conocimiento, unos decretos que le crean tantas dificultades a su gobierno. Y, sobre todo, a un costo tan elevado para el erario. Porque 3.800 millones de pesos pagados por la asesoría para su redacción es una suma escandalosa. 

Pocas veces en el país se había visto un consenso tan grande contra una medida oficial. Los decretos han sido criticados por la academia, por los sindicatos, por organizaciones médicas, por ciudadanos del común. Es decir, todos se sienten afectados por unas medidas impopulares que tocan el patrimonio. Y aunque el Gobierno Nacional no ha estado sordo a los justos reclamos, es poco lo que ha hecho para atender los llamados de la opinión pública. Es que a nadie le cabe en la cabeza que para poder recibir atención médica un paciente deba recurrir a sus cesantías o a un crédito bancario. ¿Para qué existe entonces la seguridad social? 

La única esperanza que nos queda a los colombianos es que la Corte Constitucional, en su sabiduría, declare inexequibles los decretos expedidos por el Gobierno Nacional al amparo de la Emergencia Social. Para ello puede sostener la tesis de que no era un hecho sobreviniente. De no ocurrir esto, el Congreso de la República es la única vía constitucionalmente posible para derogarlos. El nuestro es un Estado Social de Derecho y, por esta razón, cumplidos los 30 días de la Emergencia Social, el ejecutivo nada puede hacer al respecto. Los colombianos esperamos que los congresistas sean consecuentes con este clamor nacional, y le den entierro de tercera a unos decretos que nunca debieron haberse expedido.