¿Continuarán con poder político?
Es decir, les cierra las puertas a aquellos líderes políticos que llegaron a ocupar sus curules con los votos obtenidos mediante constreñimiento al elector. Una medida sana para la democracia toda vez que busca impedir que lleguen al congreso personas con nexos familiares con quienes fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir.
Colombia debe depurar sus costumbres políticas. Y una forma de lograrlo es impidiendo que quienes resultaron condenados por sus vínculos con los paramilitares tengan injerencia en el manejo de la cosa pública a través de terceras personas. Los partidos políticos están en la obligación moral de blindarse para impedir que en sus listas aparezcan nombres que tengan relación de consanguinidad con dirigentes condenados por la Corte Suprema de Justicia. En la Reforma Política que se aprobó en la presente legislatura se contempla la pérdida de la Personería Jurídica para aquellos partidos o movimientos políticos que avalen candidatos vinculados a grupos armados ilegales, o a actividades de narcotráfico.
Para nadie es un secreto que en los departamentos donde más dirigentes resultaron involucrados con el paramilitarismo se están inscribiendo como candidatos a corporaciones públicas esposas, hermanos o hijos de políticos que pagaron, o están pagando, condena por concierto para delinquir. Esta es una forma de continuar manejando, desde la cárcel, los hilos del poder en sus propias regiones. Lo grave es que la gente vota por esos nombres simplemente porque les son señalados desde su celda por esos jefes políticos. Así las cosas, los electores estarían premiando, otra vez, con su voto, a quienes traicionaron su confianza al aliarse con delincuentes que violaron los derechos humanos.
En las próximas elecciones para Congreso de la República el ciudadano consciente del valor de su voto no debe apoyar los nombres de quienes, con su aspiración, sólo buscan perpetuar en el poder a dirigentes que no estuvieron a la altura de sus responsabilidades. Deben hacerlo por nombres sin mácula, que garanticen la transparencia del proceso electoral. No por quienes simplemente cumplen un encargo para que a sus familiares se les respeten las cuotas burocráticas, y así conservar el poder político en sus regiones. El ciudadano de bien está en la obligación de contribuir con su voto a que los destinos de su región no sean manejados por personas sin reatos morales.
Ningún castigo social se les estaría dando a esos dirigentes que resultaron aliados con grupos ilegales si en los comicios de marzo se elige a quienes ellos señalen como merecedores de la confianza ciudadana. No es de buen recibo para una sociedad que alguien que fue condenado por delitos contra el libre ejercicio del sufragio resulte premiado con la elección de un familiar como senador o representante. Eso sería no aprender la lección. Además permitiría que se mantengan unos liderazgos políticos alcanzados no por la fuerza de las ideas sino por el poder intimidador de las armas. Esos vicios hay que erradicarlos de la vida política colombiana.
El país debe despertar de esa negra noche que está viviendo desde que se descubrió que muchos dirigentes políticos se aliaron con grupos armados para asegurar su permanencia en las corporaciones públicas. Esa fue una trastocación de valores que dejó un sabor amargo en los colombianos de bien. Por esta razón, en las próximas elecciones se debe votar por personas transparentes, comprometidas con el desarrollo, que pregonen la equidad social y propongan fórmulas para erradicar la pobreza. No por títeres que solamente van a ganarse un sueldo millonario por cuidar el caudal electoral de sus protectores. Los partidos políticos tienen una responsabilidad histórica: garantizar que no dejarán colar en sus listas a mandaderos de quienes fueron condenados por sus relaciones non sanctas con los paramilitares.
