Una terna convertida en trinca
Una cuestión política
La controversia entre el presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia por el nombramiento del Fiscal General de la Nación es uno de los pasajes más reveladores de la profunda crisis que atraviesan nuestras instituciones. Por eso es útil analizar el trasfondo de la controversia, que es eminentemente político, pues se trata de un asunto de poder, antes que de simple interpretación de los textos constitucionales o legales.
Y en tanto es un asunto de poder, hay que empezar por el hecho inocultable de que en Colombia existe una relación simbiótica entre la política y la criminalidad organizada. Esta relación viene de tiempo atrás y por ejemplo se había manifestado en el derogado artículo 35 de la Constitución de 1991, que prohibía “la extradición de colombianos por nacimiento”, consagrando una especie de impunidad constitucionalizada en beneficio del narcotráfico. Pero la relación simbiótica entre política y crimen siguió existiendo y fue asumiendo modalidades distintas, la más reciente de las cuales hemos dado en llamar “parapolítica”.
Un presente de impunidad legitimada
Hoy por hoy el narcotráfico se ha convertido en la coartada perfecta para burlar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del paramilitarismo, mediante el uso discrecional que el presidente Uribe ha hecho de la extradición. Un uso que objetivamente nos revela que para el Ejecutivo es de mayor gravedad el crimen del narcotráfico que los delitos de lesa humanidad cometidos por las bandas del narco-paramilitarismo contra miles de colombianos.
De esos delitos se beneficiaron los senadores y representantes que concertaron con los comandantes paramilitares la manipulación de las elecciones donde ellos resultaron ganadores. Y sus delitos han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia, al punto que hasta la fecha han sido formalmente vinculados 85 congresistas, la mayoría de ellos pertenecientes a la coalición de gobierno.
Esa actitud ha indispuesto al Presidente Uribe contra la Corte, al extremo de tratar de desprestigiarla, tildándola de haber politizado su labor, cuando la realidad demuestra lo contrario: es el gobierno quien ha politizado la justicia. No de otra forma puede entenderse la obsesión del presidente porque los crímenes cometidos por los paramilitares se consideren como un delito de tipo político – la “sedición” -, un adefesio que quedó incorporado a la Ley 975 de 2005 y que la Corte Constitucional por supuesto declaró inexequible.
Uno de los gestores principales de la Ley 975 fue el Doctor Mario Iguarán, para ese entonces Viceministro de Justicia y quien a instancias del gobierno fue luego designado como Fiscal General de la Nación. Durante su gestión y luego de cuatro años de aplicarse la ley llamada de “Justicia y Paz”, no hay una sola condena por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, y hoy la verdad se encuentra extraditada. La impunidad parece estar legitimada. Y ante esta situación, la Corte Suprema con razón insiste en que el nuevo Fiscal tenga total independencia frente al Ejecutivo.
Una terna de uno
Con la renuncia de la abogada Virginia Uribe y su remplazo por Margarita Leonor Cabello Blanco, la terna inicial del presidente Uribe queda de nuevo reducida a una persona, su verdadero candidato, Camilo Ospina, pues el magistrado del Consejo Estado, Marco Antonio Velilla, está tan distante del derecho penal y de la política criminal como la señora Cabello Blanco, experta en diversas áreas, excepto en derecho penal.
Por el contrario, Camilo Ospina, ex ministro de Defensa, sí está muy familiarizado con la política criminal, pues fue el autor de la Directiva 029 de dicho Ministerio, que reglamentó el pago de las recompensas a particulares por las informaciones que permitieran la captura o baja de miembros de la guerrilla. Dicha circular tiene una relación directa con los mal llamados “falsos positivos”, pues a partir de su expedición las ejecuciones sumarias empezaron a aumentar exponencialmente. Incluso el entonces Fiscal General, Mario Iguarán declaró que “Allí (en la Directiva 029) puede estar diciéndose que hay recompensas por $3.600.000 para cuando se trata de bajas y puede haber una interpretación infortunada que lleva a lo delincuencial… ¿No será que el afán por el positivo y las ansias por la recompensa están generando estos graves y oscuros sucesos?… (que constituyen) un delito de lesa humanidad y (caen bajo) la competencia de la Corte Penal Internacional”[1].
Por eso la improcedencia ética y política de postular a Camilo Ospina como candidato de facto a la Fiscalía General de la Nación. ¿Podrá el doctor Ospina ordenar la investigación por ejecuciones sumarias de jóvenes civiles inermes que, indirectamente, fueron víctimas de la Directiva 029 firmada por él como Ministro de Defensa? ¿Cómo puede entender la comunidad internacional que el responsable de la Directiva sea el encargado de investigar sus posibles consecuencias penales?
No hay que olvidar que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, durante su visita reciente aludió a la posible intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de las ejecuciones extrajudiciales:“Estamos observando y manteniendo un registro de ejecuciones extrajudiciales, y parece que es sistemática y difundida esta práctica… Cuando un país no tiene la posibilidad o la voluntad de investigar… la CPI tendría autoridad para intervenir”[2].
La trinca
De lo anterior debemos concluir que la terna para escoger al Fiscal General de la Nación se convirtió en una trinca. Las tres acepciones que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española describen perfectamente nuestra situación, pues la palabra “trinca” significa: “1.f. Conjunto de tres cosas de una misma clase. 2. f. Conjunto de tres personas designadas para argüir recíprocamente en las oposiciones. 3. f. Grupo o pandilla reducida de amigos”[3].
Para eludir la trinca en cuestión, la Corte Suprema hasta la fecha ha rechazado la terna presentada por el presidente Uribe porque la considera “inviable” o sea porque no cumple con los requisitos de idoneidad e independencia que requiere un Fiscal General de la Nación, entre cuyas funciones está, según el numeral 4 del artículo 251 de la Constitución, “Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”.
Ceder a la presión del Ejecutivo y nombrar a Camilo Ospina como Fiscal sería una claudicación de los magistrados frente al Estado de derecho y frente a la ética de los Derechos Humanos. Entonces se estaría consumando, una vez más, la lúcida descripción de García Márquez sobre el sentido de la ley en nuestra cultura política y en el ordenamiento jurídico: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”[4].
* Abogado con posgrados en ciencia política de las universidades Santiago de Cali, Javeriana, Complutense y Comilla, profesor universitario y autor de numerosas publicaciones, algunas de las cuales aparecen en su blog http://calicantopinion.blogspot.com
Notas de pie de página
[1] “El Fiscal solicita al Gobierno revisar la directiva ministerial sobre recompensas”, El Nuevo Día, 31 de Octubre de 2008.
[2] El Colombiano, 2 de Noviembre de 2008.
[4] Por Un País al Alcance de los Niños, Villegas Editores, 1996.
