¡Viva el Rey y muera el mal gobierno!

El azorado presidente del senado, Javier Cáceres, levantó la sesión de la corporación del pasado martes 28 de octubre poco antes de las ocho y media de la noche. Cáceres no había salido de la conmoción que le había producido la documentada y elocuente intervención del senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, (foto) sobre el programa Agro Ingreso Seguro, pero usó como disculpa el “desorden” que causaban los aplausos y los gritos de las barras.

Los que seguíamos el debate por televisión pudimos observar mayor acaloramiento entre los senadores que turbulencias en el público. Los senadores y representantes están curados de espantos. Han vivido muchos momentos de exaltación en los recintos parlamentarios. Ellos mismos son, no pocas veces, vivos protagonistas de bochornosas zambras. Por tanto ¿quién puede ser tan cándido como para comerse el cuento de que se levantó la sesión por los aplausos o los gritos de las barras?

Al día siguiente en las entrevistas mañaneras de la W, Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura, con voz ronca -debió haber pasado una mala noche- habló del caos, el vandalismo y la anarquía de unas barras amaestradas por el senador Robledo. Los vándalos dejan huellas. Nadie las ha mostrado. Un senador uribista en el mismo medio y en idéntica franja dejó constancia de uno de los espantosos insultos lanzados por una persona de las barras: “Senador, usted es costeño y los costeños somos dignos”. ¡Curioso!  ¿Qué le llevó a pensar al entrevistado que espetarle a un senador de la República que es persona digna resulte insoportable injuria?

Si me he detenido en el episodio es porque constituye una muestra de los manotazos con que ha llevado el gobierno de la cohesión social la controversia sobre el famoso programa y las responsabilidades de los funcionarios sobre su diseño y desarrollo. Y con ritmo Exhabrupteño, para usar un término de la lengua de Valle Inclán, se ha jalonado la respuesta gubernamental con legislación improvisada y atropelladas contramarchas políticas: El día mismo del debate de Robledo el Gobierno radicó un proyecto de ley que instaura un delito: “fraude al apoyo directo o incentivo”, que establece penas de entre 5 y 7 años a quienes engañen al Estado en la recepción de incentivos y subsidios como los de AIS[1].

Pases de magia

Cuando la controversia empezó a apremiar, el gran mago extrajo de su cubilete palomas… mejor…, cuervos: los pillos que mediante trampas se hicieron adjudicar gruesas sumas como incentivos a la producción agrícola. Habían asaltado la buena fe de esos niños exploradores Andrés y Andrés, ex ministro y ministro de Agricultura. Era la escenificación de una nueva fuga hacia delante, tecnología mediática en la que es fecunda la imaginación del Presidente de la República.

Al día siguiente del debate en el Congreso el Gobierno anunció un supuesto cambio de política. “Giro del Gobierno: no más susidios para los ricos”, leyeron los lectores de El Tiempo en la primera página de la edición del 29 de octubre. ¿Cabría esperar una secuencia más democrática? ¡Un gobierno que responde a las denuncias de la oposición y lo hace además en registro de valerosa autocrítica! “En adelante -se comentaba la novedad- los grandes empresarios no recibirán más beneficios del polémico programa Agro Ingreso Seguro (AIS)”[2].

¿Será verdad tanta belleza?

Para la opinión pública, incluidas corrientes del uribismo, resultaba muy difícil engullirse sapos enormes, por ejemplo, aquel de que el magnate financiero Luis Carlos Sarmiento Angulo, la pobre viejecita sin nadita que comer, resultara siendo beneficiado con la platica de los contribuyentes. Esto demandaba un teatro mayor para que el chaparrón del escándalo deje indemne la imagen paternal del primer mandatario. Los recursos se destinarán, señala el comunicado del Gobierno “a financiar proyectos de pequeños empresarios campesinos, de acuerdo con el puntaje obtenido en las calificaciones”. Es posible que algunas familias amigas se resientan y que la precandidatura presidencial  se le convierta a Andrés Felipe Arias en un karma, y el alias de uribito en cruel sarcasmo. Inconvenientes inevitables si se quiere mantener el efecto teflón en acción. Infortunadamente el tal efecto no puede ser compartido en este caso.

Los empresarios del campo, sus voceros, no dan muestras de mayor preocupación ante la excitación oficial. Ellos saben que más allá de las turbulencias del momento, la política de estímulo a los palmicultores y a los empresarios de cultivos para la producción de combustibles encontrará caminos para llevarse adelante. Tales empresarios saben que programas como Agro Ingreso Seguro constituyen el instrumento para mantener su apoyo al TLC y en general al Gobierno. El 29 de octubre, el mismo día en el que se difundía el comunicado sobre el giro del Gobierno, se publicó un reportaje al señor Rafael Mejía, presidente de la SAC. Sin asomos de sobresalto Mejía respondió a la pregunta: ¿debe estimularse a los grandes o a los pequeños?  “A todos como una herramienta más para reducir la pobreza”. El presidente de la SAC no ve inconveniente alguno en subdividir los predios para recibir más subsidios, tampoco admite que se excluya de los subsidios a empresarios extranjeros a quienes debe tratárselos“con las mismas reglas de juego que para los colombianos”. Califica de asistencialista un programa que fije montos previos[3]. Las anteriores declaraciones se dieron en el día de la instalación del XXXV Congreso Agrario Nacional y se han reiterado con mayor énfasis. En esos círculos tampoco parece anidarse preocupación alguna por el impacto que puedan tener sus posiciones y las políticas que desarrolla el Gobierno de la Seguridad Democrática con respecto al campo, en la conquista de la seguridad general de los colombianos.

Otros escenarios y propuestas

Si bien el senador Robledo asumió en su exposición en el Senado la presentación crítica de programa Agro Ingreso Seguro, el objeto de su denuncia lo constituyó el conjunto de la política agraria del Gobierno de Uribe. Admitiendo que se produzcan modificaciones al Programa alrededor del cual se ha producido el escándalo -y aún asumiendo que sea acogida la moción de censura al actual Ministro de Agricultura, Andrés Fernández- ello no implicaría un cambio en las estrategias de Uribe y su constelación política con respecto a las políticas agropecuarias.

No se trata de especulaciones caprichosas. Es preciso mirar a otros escenarios del uribismo en los cuales se impulsan nuevas ofensivas de contrarreforma agraria. Durante los días 25 y 26 de septiembre de 2009, por iniciativa del Centro de Pensamiento Primero Colombia, que en verdad es pensamiento José Obdulio Gaviria, “se reunieron en Melgar sesenta líderes agrarios de 10 departamentos y dos sindicatos agrícolas de Antioquia y el Valle para dar los primeros pasos hacia la constitución de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, una organización que busca edificar una alianza entre empresarios, industriales y el Estado para orientar a las comunidades campesinas” [4].  

Una y otra vez en la historia contemporánea de Colombia se puede ver la reedición de esas iniciativas en las cuales -envueltos en los lazos de su voracidad- se reúnen terratenientes, ganaderos, caballistas, agroindustriales con apoyo de sus socios que están en esos momentos en el Gobierno y con la figuración en el tinglado de la farsa de un par de líderes campesinos colaboradores, para emprender la redención de los pobres del campo. ¡Gobiernos dignos y timoratos donde haya queso no pongáis gatos!  advertía con sencilla sabiduría el poeta. La meta del Frente en marcha es la creación del Gran Pacto Social Agrario.

Proyectos de ley

Nadie puede quejarse de falta de iniciativa del uribismo en los temas agrarios. En la Comisión Quinta del Senado se ha planteado por parte de Jorge Enrique Vélez, senador de Cambio Radical, un proyecto de ley que busca restablecer los contratos de aparcería. Lo previsto es que los terratenientes puedan dar parcelas en comodato o en arriendo a los campesinos para uso productivo y que los propietarios puedan recuperarlas por decisión unilateral en cualquier momento.

El proyecto descarta el pago de las mejoras introducidas por el campesino. Esto último no tiene precedente aún en el caso de Colombia que ostenta una tradición de políticas agrarias regresivas. Se trata de consagrar el  despojo sin atenuantes del trabajo acumulado de los campesinos. Se menciona sólo la posibilidad de una indemnización sujeta a la demostración por parte del trabajador de que le está dando pleno cumplimiento a la explotación pactada[5].

Los dueños de tierra que participen en tales programas serán eximidos del pago del impuesto predial. Definitivamente los terratenientes y sus representantes políticos no conocen contención alguna ni dan señales de vergüenza ¡Por eso sin empacho ofrecen tan procaces exhibiciones de apetito!

Estos movimientos del pensamiento y esas iniciativas de acción legislativa y organizativa de los equipos de políticas agrarias del uribismo, dan idea de la magnitud del reto que tendrían que asumir quienes busquen la instauración de una política agraria reformista en materia de propiedad, con sensibilidad ambiental y con vocación para la seguridad alimentaria. Un tal empeño podría ser componente importante de una plataforma de acuerdo de una candidatura presidencial opuesta al programa reeleccionista.

* La imagen del artículo fue tomada de la página 

http://yaestamosensecundaria.files.wordpress.co

Notas de pie de página

[1] El Tiempo.  28 de octubre de 2009.  Pág. 1-4

[2] El Tiempo. 29 de octubre de 2009.

[3] Ibid.  Pág.1-9

[4] El Espectador. “¿Un nuevo Pacto de Chicoral?”. Redacción Política.  25 de octubre de 2009. Pág. 2

[5] Ibid.