21 de septiembre de 2021
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¿Se está ganando la guerra?

20 de septiembre de 2009
20 de septiembre de 2009

Pese a las contundentes acciones de la fuerza pública, los grupos insurgentes conservan su capacidad militar para prolongar su desafío militar contra el Estado. AFP
Pese a las contundentes acciones de la fuerza pública, los grupos insurgentes conservan su capacidad militar para prolongar su desafío militar contra el Estado. AFPEl Informe presidencial sobre la eficacia de la PSD destaca la reducción del número de actos terroristas como atentados contra oleoductos y hurto de combustibles. AFP
El Informe presidencial sobre la eficacia de la PSD destaca la reducción del número de actos terroristas como atentados contra oleoductos y hurto de combustibles. AFPAFP
AFP

Nación

DIANA MARCELA ROJAS INVESTIGADORA IEPRI – U. NACIONAL ADOLFO ATEHORTÚA CRUZ PROFESOR U. PEDAGÓGICA
Unimedios

¿Conviene o no continuar con la Política de Seguridad Democrática? Un balance sobre esta estrategia, iniciada hace casi siete años, muestra cómo comienza a presentar signos de estancamiento y desgaste que se reflejan en el descenso en la capacidad de ofensiva de la fuerza pública frente a los grupos guerrilleros. 

La Política de Seguridad Democrática (PSD), presentada como pilar del programa del primer mandato del Gobierno Uribe Vélez (2002–2006), planteó como objetivos fundamentales la recuperación del control territorial y el fortalecimiento del Estado. La nueva política se fijó como propósitos la modernización de las fuerzas militares, la erradicación de cultivos ilícitos con el fin de eliminar la principal fuente de financiación de las guerrillas, y el copamiento de los territorios hasta entonces controlados por los grupos armados ilegales (GAI).

En el año 2006, al iniciarse el segundo mandato del reelegido presidente Uribe, se propuso una estrategia para reforzar y estabilizar los avances obtenidos en el periodo anterior en materia de seguridad, denominada “Política de Consolidación de la Seguridad Democrática” (PCSD). Un balance de dicha estrategia proporciona una radiografía del estado actual del conflicto armado en Colombia, así como criterios para el debate político acerca de cuál es la conveniencia de continuar o no con esta política: casi siete años después de iniciada, ¿se está ganando la guerra?

La batalla de las cifras

El Gobierno Nacional estableció como parámetros para medir la eficacia de la PSD la variación de las cifras oficiales con respecto a los siguientes aspectos: número y tasa de homicidios por habitantes, hurtos, atentados terroristas, bajas de guerrilleros, cantidad de desmovilizados, secuestros, presencia de la fuerza pública en los municipios, actos de piratería terrestre y fumigación de cultivos ilícitos, entre otros.

Para el periodo 2006–2008 los informes elaborados por las distintas agencias del Gobierno presentan en su mayoría avances en casi todos los componentes. Entre julio de 2006 y junio de 2007, el Informe anual del Ministerio de Defensa destacó entre sus logros más importantes la reducción en los casos de terrorismo (–50.9 por ciento), en los secuestros extorsivos (–30.8 por ciento) y en el hurto de vehículos (–13 por ciento)1. Entre julio de 2007 y junio de 2008, el informe del Ministerio destacó la “tendencia decreciente en todos los delitos que afectan la seguridad ciudadana”, en especial los casos de hurto a residencias (–46 por ciento) y hurtos al comercio (–42 por ciento), así como la contracción sostenida del secuestro extorsivo (–27 por ciento), en relación con el año inmediatamente anterior2. En los dos periodos, los informes del Ministerio registraron, además, la consolidación de importantes tendencias: la presencia policiva en todos los municipios del país, lo cual erradicó las tomas de poblaciones por parte de los GAI; el incremento del control sobre las vías, con una mayor movilidad vehicular como resultado; la disminución de los secuestros de todo tipo, incluso los ocurridos en retenes ilegales; el decrecimiento de los delitos de terrorismo, y la mengua en el hurto común y en la piratería terrestre.

El Informe presidencial al Congreso, por su parte, coincidió en destacar la “reducción sostenida en el número de actos terroristas”, en los atentados contra oleoductos y en el hurto de combustibles. De acuerdo con los pagos por peaje, el tráfico vehicular por carreteras del país habría aumentado de 164.192 en el año 2006, a 171.899 en el año 2007, con una tendencia creciente para el año 20083.

La estadística, sin embargo, no resultó favorable en otros casos. En el homicidio común y en los homicidios colectivos, por ejemplo, el descenso no fue muy perceptible. En el caso del homicidio común, incluso, se registró un ligero incremento para el año 2007 en relación con el año 2006, en tanto que, según los balances del Departamento Nacional de Planeación y Sinergia, el número de víctimas en homicidios colectivos aumentó en el primer semestre de 2008 con respecto al mismo periodo del año anterior, en departamentos como La Guajira, Sucre, Córdoba, Chocó y Cundinamarca, al igual que en Bogotá4.

Con todo, la estadística oficial no ha sido siempre consistente. La incongruencia en los datos gubernamentales resulta ser un obstáculo para establecer con claridad cuál es el grado de avance de la PCSD en los temas considerados. ¿A qué se debe ese grave obstáculo? ¿A la dificultad en establecer parámetros unificados de medición entre las distintas agencias del Estado encargadas de la política de seguridad? ¿A los problemas para la recopilación de información veraz? ¿A un afán por mostrar resultados positivos al costo de distorsionar la realidad?

Los resultados

En términos generales, los resultados de la PCSD son más contrastados que los de la primera etapa de la PSD; con avances y retrocesos, la estrategia parece estar llegando a un punto de equilibrio y comienza a presentar signos de estancamiento y desgaste que se reflejan en el descenso en la capacidad de ofensiva de la fuerza pública frente a los grupos guerrilleros. Si bien las FARC han perdido su capacidad para realizar operaciones ofensivas de envergadura, y han sido expulsadas de amplias zonas del territorio nacional, su completa derrota militar parece poco factible. Pese a su repliegue estratégico, este grupo mantiene una importante capacidad de desestabilización y de acción en varias zonas del país.

Analistas coinciden en señalar que las Fuerzas Militares estarían llegando al tope de sus posibilidades operacionales y que difícilmente podrán aumentar su presencia en otras zonas del territorio nacional o incrementar en forma sustancial la cantidad y la duración de sus operaciones5, esto sin mencionar el aumento exponencial del gasto en defensa y seguridad de los últimos años y su impacto sobre el déficit fiscal colombiano. De este modo, el repliegue hacia zonas de difícil acceso, así como el retorno de una estrategia de guerra de guerrillas por parte de las FARC, somete a un duro desgaste la política de seguridad del Gobierno. De allí que las perspectivas de la estrategia contrainsurgente sean limitadas: si bien los grupos insurgentes acusan cada vez más un balance estratégico desfavorable frente a las acciones de la Fuerza Pública, conservan todavía capacidad militar para prolongar su desafío militar contra el Estado, al tiempo que pueden continuar utilizando como carta política a los militares y civiles secuestrados que mantienen en su poder. Valdría la pena preguntarse entonces: ¿Qué es lo que se puede esperar, de manera realista, de una estrategia contrainsurgente? ¿Por cuánto tiempo y a qué costo?

En relación con el paramilitarismo, después de la desmovilización, entrega, captura y extradición o muerte de los principales líderes de las llamadas “autodefensas”, el Gobierno empezó a considerar el fenómeno como asunto del pasado. En los balances oficiales se refieren a los grupos paramilitares reencauchados o emergentes como “otras formas de crimen organizado” o Bacrim (Bandas criminales). En contraposición, para la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, así como  para varias ONG nacionales y extranjeras pertenecientes a  la Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos (CCEEU), los paramilitares nunca han dejado de existir, simplemente cambiaron sus nombres y su modo de operar6.

Desplazamiento forzado
y cultivos ilícitos

Con respecto a la crisis humanitaria generada por el conflicto, los resultados no dan lugar al optimismo; Gobierno y ONG coinciden en el alarmante incremento del desplazamiento forzado para el año 2008, aunque discrepan en las cifras. Se discute si la variación corresponde, en efecto, a un recrudecimiento del problema o más bien a que en años anteriores la medición fue manipulada por el Estado para negar las dimensiones del problema. Asimismo, la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en Colombia, por parte de los actores armados en conflicto y por parte del Estado y sus agentes, continúa registrando graves episodios que lindan con los delitos de lesa humanidad, como el caso de los llamados “falsos positivos”.

De otra parte, los resultados de la estrategia de lucha contra las drogas han sido tal vez los más controversiales. Desde su primera etapa, la PSD implementó una intensiva campaña de fumigación de los cultivos ilícitos, pero no logró reducir la cantidad de hectáreas sembradas ni la producción neta de droga. Pese al número de cultivos erradicados, los montos de cocaína incautada, las pistas destruidas, los vehículos confiscados, la destrucción de laboratorios y el decomiso de embarcaciones, la situación de la droga y su mercado no varía sustancialmente: se mantiene el número de hectáreas sembradas, la cantidad de toneladas de coca exportadas a Estados Unidos y Europa, así como el carácter lucrativo del negocio. Los cultivos en la región Andina se mantienen alrededor de 200.000 hectáreas por año. El número de hectáreas de coca en Bolivia, Colombia y Perú ha variado desde el 2000 de un estimado de 187.500 hectáreas a 233.000 en 2007. La producción de cocaína pura en la región Andina ha fluctuado de 770 toneladas en 2000 a 865 en 2007.

Los cálculos sobre el número de hectáreas cultivadas en Colombia, y por tanto sobre los resultados de la erradicación aérea, difieren de una agencia a otra. En el Informe del Departamento de Estado de EE. UU. se registraron 157.200 y 167.000 hectáreas para los años 2006 y 2007, respectivamente7. Por su parte, el reporte mundial de drogas de la ONU coincide con las cifras presentadas por el Gobierno Nacional según las cuales el 2006 representó, de nuevo, una disminución a 78.000 hectáreas, pero hacia el 2007 otra vez se dio un aumento correspondiente al 26 por ciento, esto es: 99.000 hectáreas cultivadas8. Tales cifras ubican los cultivos ilícitos en el país más o menos en los mismos niveles que se encontraban al inicio del Plan Colombia en el 2000.

Las lecciones

La PCSD ha permitido la estabilización y el robustecimiento de una política de Estado en el tema de seguridad; sin duda, un avance significativo en un país que tradicionalmente ha estado sujeto a los vaivenes de los cambios de gobierno. No obstante, esto que en principio representa un avance para el Estado colombiano, implica también una desventaja.

Al implementarse como una prolongación prácticamente automática de la PSD, la PCSD no ha tenido la suficiente adaptación para responder a los cambios en las condiciones en las que se desarrolla el conflicto y la transformación del balance estratégico.

Así, por ejemplo, mientras el fortalecimiento de la capacidad aérea se constituyó en los primeros años de aplicación de la política en una clara ventaja para la fuerza pública sobre el terreno, hoy, ante el repliegue y la dispersión de la guerrilla, la eficacia del poder aéreo disminuye mientras sus costos se mantienen.

Asimismo, mientras en la primera etapa la modernización de las fuerzas militares fue una prioridad, hoy, la consolidación del control territorial a través de un mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las poblaciones más afectadas sigue estando pendiente. Pese a que el Gobierno Nacional presentó en el Plan Nacional de Desarrollo una propuesta de acción integral y recuperación social del territorio, en la práctica los programas para lograr dichos objetivos se han visto frenados por la falta de recursos, así como de suficiente capacidad por parte de sus agencias para implementarlos y articularlos con el resto de la acción estatal.

A ello se agrega que esta continuidad se da sin una evaluación suficientemente objetiva y ponderada de los resultados de la primera etapa de la política. Sin duda, es urgente una depuración de la información que ofrecen las agencias estatales a través del uso de parámetros unificados.

Esta inercia en la PCSD bajo la fórmula “más de lo mismo” ha impedido hacer los cambios necesarios en la estrategia y adaptarse a las condiciones cambiantes del conflicto colombiano. La rigidez de la burocracia a cargo de la política de seguridad, así como el interés por promover la reelección presidencial basada en los éxitos de la PSD, ha dificultado sacar las lecciones necesarias para hacer eficaz la etapa de consolidación.

1Ministerio de Defensa Nacional. Informe anual: 365 días de trabajo que hacen la diferencia, Bogotá, Mindefensa, 2007, p. 18.
2Ibídem.
3Álvaro Uribe Vélez. Informe al Congreso 2008, Bogotá, Presidencia de la República, Imprenta Nacional, 2008, pp. 32 a 34.
4http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos, consultada el 14 de enero de 2009.
5“Colombia: Balance de Seguridad 2006”. p. 26-27. Fundación Seguridad y Democracia. Documentos disponibles en: www.seguridadydemocracia.org/. Cf., igualmente, Adolfo Atehortúa. Las banderas del presidente Uribe, Medellín, La Carreta, 2007.
6Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008. ONU. Colombia. Censo Cultivos Coca 2007, Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito UNODC, 2008.
7International Narcotics Control Strategy Report. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. marzo de 2008 y 2009, International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), febrero 27 de 2009.
8ONU. Colombia. Censo Cultivos Coca 2007, Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito UNODC, 2008.