¿Cuántos votos necesita el referendo?
Precedentes lamentables
Me parece sano el debate sobre el censo electoral. El momento es oportuno, antes de las elecciones; además existen evidencias suficientes sobre la necesidad de ajustarlo. Colombia y su democracia necesitan un censo que sea transparente y completo; por ello, el procedimiento para realizarlo debe ser el adecuado y en últimas será eso, el procedimiento, el punto álgido de los debates. Al fin y al cabo el censo es uno de los elementos centrales de las contiendas electorales y sus efectos sobre los resultados no son nada despreciables.
Comencemos por el momento del debate. Que sea antes de las elecciones y no luego, cuando los resultados ya son conocidos y sus resultados han surtido efecto. Pensemos en tres casos, sucedidos en nuestra historia reciente, y los cuales sería muy lamentable que repitiéramos:
– Primero, en dos elecciones parlamentarias (2002 y 2006) el Consejo de Estado luego de más de tres años de procesos judiciales, anuló votos y mesas y ordenó el reconteo electoral, lo cual significó el cambio en la composición final del Congreso. En dichas sentencias se muestra con solidez la evidencia de personas fallecidas, cuyas cédulas fueron utilizadas de forma criminal para votar.
– Segundo, el lamentable episodio de un líder político, quien luego de fracasar en una de sus metas electorales se fue lanza en ristre contra el censo y sus debilidades, e intentó cambiar las reglas de la jornada electoral luego de haber perdido en las urnas.
– Tercero, las manifestaciones de un criminal que formó parte del actual gobierno y quien ha venido manifestando que en el 2002 desarrolló un software electoral que se aprovechó de las debilidades de nuestro sistema electoral, entre otras del censo, para inventar uno que, según alega, permitió favorecer los intereses de las fuerzas paramilitares en las elecciones de ese año.
Estos tres casos, todos documentados tanto en la prensa como en los despachos judiciales, son razones suficientes para ocuparse seriamente del censo electoral antes del día de las votaciones y para tomar las medidas de prevención y vigilancia ciudadana que impidan tan lamentables – y peligrosas- ocurrencias.
Los que sobran
Miremos ahora los problemas del censo. En esencia son de dos tipos, personas que no deberían estar incluidas y también ciudadanos colombianos que deberían estar en él y por varias razones no lo están.
¿Quiénes no deberían estar en el Censo Electoral? Básicamente quienes han fallecido, los vinculados a las fuerzas militares y quienes por estar privados de la libertad no pueden ejercer el derecho a votar.
El tema más problemático es de los fallecidos, pues el de los militares y los privados de derechos políticos puede ser tramitado sin mayor dificultad a partir de la información que obra en poder del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional y del INPEC.
El problema de los fallecidos incluidos en el censo electoral tiene varias explicaciones posibles, algunas de las cuales no han salido a la luz pública. La explicación más citada es la falta de recursos de la Registraduría para recolectar y procesar los certificados de defunción, una de cuyas copias debería llegar siempre a esta institución. Pero hay al menos otras tres razones para que la entidad no conozca de todos los fallecimientos:
– Una primera es la existencia de miles de muertos que nunca son puestos en conocimiento de las autoridades competentes y a quienes por lo mismo no se les expide un certificado de defunción. Los más de 40 mil homicidios que los paramilitares han venido mencionando en sus lentas declaraciones frente a la justicia colombiana, son un ejemplo. Los muertos en las fosas comunes que han sido asesinados por paramilitares o por la guerrilla y los miles de desaparecidos, supongo, siguen haciendo parte del censo electoral y hasta tanto sus cuerpos no sean encontrados e identificados, es muy posible que sigan figurando en él.
– Otra puede ser el caso de personas que al fallecer tienen en sus manos importantes posesiones económicas. Allí existe un incentivo para que los familiares no registren el suceso y de esta forma logren seguir manejando los bienes sin pagar los respectivos impuestos de sucesión, que en nuestro caso pueden sumar hasta un 50% del patrimonio en cuestión.
– Finalmente está el caso de las notarías. Se supone que son guardianes de la fe pública, pero es claro que algunas (¿varias? ¿muchas?) hacen parte de las redes de clientelismo y corrupción que alimentan las peores prácticas de nuestro sistema político. Notarios que facilitan la compra y venta de bienes por parte de narcotraficantes o que son nombrados como pago a un parlamentario, para asegurar los mezquinos intereses del gobierno, claramente carecen de la condición ética para garantizar la fe pública y no dudarían en participar de la mafia política que permite a los occisos ser usados para comicios electorales fraudulentos.
El Registrador estima en un 4% el total de personas que por haber fallecido, deberían ser excluidas del censo electoral. Eso significa cerca de 1,1 millón de ciudadanos.
Los que faltan
Pero también el censo debe ser mejorado para permitir la inclusión de personas que siendo mayores de 18 años y por lo tanto ciudadanos, no están incluidos en él. Según el DANE, en el 2005 el censo encontró 25,9 millones de colombianos mayores de 18 años. Esas son personas que estaban vivas en el 2005 y -sobre la base de las proyecciones oficiales de la entidad- en 2010 habrá en el país un total de 29,8 millones de personas mayores de 18 años. Pero además están los 4 millones que según estima la misma institución viven fuera del país. Muchos de ellos salieron siendo menores de edad y ya son adultos. Otros ya habían migrado antes del 2005 y por lo tanto el censo de población no los contabilizó. Con todo, estas cifras indican la existencia de un volumen importante de ciudadanos no incluidos en el censo electoral. Una cuenta razonable nos indica que el volumen total de colombianos vivos y en edad de votar hacia el 2010, puede aproximarse a los 31,5 millones de personas.
En últimas, los ajustes del censo no deben ser sólo para excluir a quienes no deben estar, sino también para incluir a todos aquellos que tienen derecho a ser incluidos en él.
Ajustes razonables, propuestas irresponsables
Finalmente está el tema del procedimiento para realizar los ajustes, y en este sentido hay unas propuestas más responsables y atinadas que otras.
– El camino propuesto por el Registrador es el de lograr mayores recursos para recoger y sistematizar los certificados de defunción existentes, es decir, hacer lo que siempre se ha hecho pero con más recursos.
Esta estrategia es sensata pero no toca de ninguna forma los posibles focos de corrupción en las registradurías locales o en las notarías. Tampoco habla de los no incluidos: bien porque al cumplir los 18 años estaban fuera del país o bien porque -como lo está mostrando la “Red Juntos“[1]– nunca han tenido un sólo documento de identidad. Reiterémoslo, el número total de colombianos vivos mayores de 18 años que encontró el DANE es sensiblemente superior al de los incluidos en el censo electoral.
– Otra propuesta que se ambienta por parte de los aliados del gobierno, es la de sólo contabilizar a quienes votaron en la elección de 2006 y sumar las personas que cumplieron 18 años desde ese momento. Esta es una alternativa facilista e irresponsable. Para poner un ejemplo hagamos esta pregunta, ¿por qué un colombiano de 22 años, que nunca ha votado, hará parte del censo electoral y otro de 23 años, que tampoco lo ha hecho, no estará incluido?
El censo electoral es un espejo de nuestra sociedad
Como puede verse, el censo electoral habla de muchas más cosas de la sociedad colombiana que de unas simples estadísticas electorales. Su composición final es el resultado de procesos que reflejan buena parte lo que somos como sociedad. Un país con violencia, donde las víctimas siguen sin ser plenamente reconocidas y los culpables de estos delitos apenas inician, en pocos casos, a ser judicializados. Una nación donde el clientelismo, la politiquería y la corrupción van de la mano y han cooptado muchas instituciones para sus fines más oscuros. Una sociedad de migrantes buscando hacerse camino en otros lugares. Un lugar de la tierra donde los guardas de la fe pública son negociados como moneda de cambio. Un territorio donde la invisibilización comienza y se ejemplifica, al tratar de excluir personas de las estadísticas oficiales.
* Director de Cifras y Conceptos. Politólogo de la Universidad de los Andes y Master en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford. Director Nacional del DANE entre el 2002 y 2004. Decano de Ciencias Sociales y Empresariales de la Universidad Autónoma de Manizales. Columnista de Portafolio, La Patria y El Universal. Profesor universitario.
** La imagen del artículo fue tomada de la página www.proyectosur.com
Nota de pie de página
[1] La Red JUNTOS es una estrategia de intervención integral y coordinada de los diferentes organismos y niveles del Estado, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema y lograr que estas familias puedan generar sus propios ingresos de manera sostenible. En: www.dnp.gov.co (Portal Web del Departamento Nacional de Planeación de Colombia)
