Disminuir los índices de desnutrición, un compromiso del VIII encuentro de Gobernadores
Durante los dos días del Encuentro, se estableció que es indispensable que las Gobernaciones desarrollen planes, programas y acciones que permitan el cumplimiento constitucional de este derecho, con lo cual disminuirán los índices de desnutrición y anemia.
Para lograrlo se instó a los gobernadores a fin de que promuevan en sus departamentos la adopción de ordenanzas que permitan la creación de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, debidamente soportados con recursos económicos.
En el discurso de cierre del evento, el señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, señaló que, si bien es cierto que existen Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de Salud Pública y de Aguas, estos deben armonizarse en los Departamentos para contribuir efectivamente al cumplimiento de las metas planteadas en el Conpes 113, que establece la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Igualmente, resaltó que es necesario que en la Política Pública regional se incluya la educación de las mujeres en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, para prevenir la mortalidad infantil.
Indicó que no resulta suficiente dar alimentos, sino que es necesario que los mismos sean nutritivos y que garanticen de manera integral el derecho a la alimentación equilibrada; donde juega un papel preponderante la atención en salud y educación.
Recogiendo las voces de los representantes de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes colombianos, en el marco del Encuentro se planteó la necesidad de que existan oportunidades laborales para quienes viven en el campo, a fin de que no tengan que desplazarse a las ciudades donde carecen de posibilidad de ocupación.
Otro de los aspectos relevantes de este encuentro fue la socialización de la experiencia del Brasil, denominada “Hambre Cero”, que demostró que es posible transformar los indicadores de mal nutrición con la implementación de políticas de acceso a los alimentos; fortalecimiento de la agricultura familiar; generación de ingreso y articulación, movilización y control social que han contribuido enormemente a disminuir el hambre en ese país.
Para las entidades vinculadas con la Estrategia Hechos y Derechos, es preciso avanzar en el fortalecimiento de la inversión social y en la efectividad de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud.
Finalmente, se concluyó que el gasto social debe apuntar muy especialmente a superar la pobreza y que los presupuestos departamentales deben reflejar en un tiempo razonable una inversión social que permita al desarrollo humano de manera más integral.
A continuación se transcriben las propuestas de los gobernadores asistentes a la Cumbre:
1.Garantizar la implementación de los planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional en el marco de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), a fin de articular las acciones de las diferentes entidades y sectores, según las características y determinantes regionales y locales. Que estos Planes involucren el concepto integral de la SAN y desarrollen acciones inherentes a los ejes contemplados en la política como son: disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad.
2.Institucionalizar redes o comités de seguridad alimentaria y nutricional que garanticen la participación interinstitucional y permanente de todos los actores involucrados directa e indirectamente en la seguridad alimentaria y nutricional y promover el control social a través de la participación de las comunidades en dichas redes conforme al CONPES 113 de 2008.
3.Promover la definición como coordinador y responsable de los Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria a las Secretarías de Planeación como eje articulador del desarrollo territorial, generando alianzas estratégicas con todos los sectores del departamento.
4.Verificar dentro del plan de desarrollo departamental y del presupuesto plurianual los factores por sector, que son comunes a la implementación del plan de seguridad alimentaria y nutricional con el objetivo de garantizar la inclusión de partidas que permitan el financiamiento, puesta en marcha y sostenibilidad de las acciones en SAN.
5.Solicitar al gobierno nacional la expedición del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008-2017 que permita el desarrollo de las líneas de política y oriente a los territorios a la ejecución de las mismas.
6.Solicitar al gobierno nacional que en el marco de la política nacional de seguridad alimentaria y nutricional visibilice, ante las entidades territoriales, la entidad responsable de la coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial propendiendo por el fortalecimiento de las estrategias de SAN en los diferentes sectores.
7.Instar al gobierno nacional a través de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) para desarrollar el Observatorio de la SAN como mecanismo de seguimiento, evaluación e intercambio de experiencias sobre la materia tal como lo contempla el CONPES 113 de 2008.
8.Solicitar al Gobierno Nacional un plan estructural de acompañamiento y asistencia técnica para los departamentos en el marco de lo ordenado por la ley 1098 de 2006.
9.Estructurar un plan de asistencia técnica integral Departamental para nuestros municipios
10.Promover alianzas que permitan el desarrollo de planes de abastecimientos de alimentos regionales y locales dentro de los mecanismos de fortalecimiento de cooperación horizontal”.