La Fiscalía colombiana ocupó 23 bienes inmuebles valorados en 65.900 millones de pesos (unos 17,3 millones de dólares) pertenecientes a cuatro contratistas y a la exministra Karen Abudinen, implicados en el fraude al Estado en un contrato para proveer la conexión de internet a más de 7.000 escuelas rurales.