EDITORIAL Malos perdedores
Colombia vive un momento insólito y muy peligroso. Nunca antes en la historia reciente un presidente a punto de salir del cargo había dedicado sus últimos días a armar tanto alboroto, sembrar odio y atacar a las instituciones con un solo fin: no aceptar que su candidato perdió las elecciones. Lo que hacen Gustavo Petro e Iván Cepeda no es un reclamo legítimo; es la pataleta de los malos perdedores que deciden jugar sucio cuando las urnas no los favorecen. El Gobierno intentó ganar usando la maquinaria del Estado y la presión en las regiones, pero como no les alcanzó, ahora inventan el cuento de un supuesto fraude para poner en duda la voluntad de todo un país. Es un insulto directo a los ciudadanos que salieron a votar libremente.
La estrategia para frenar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, se trasladó ahora a las oficinas del Consejo de Estado. A través de una demanda impulsada por sectores afines al Gobierno, buscan anular su elección usando argumentos que, desde el punto de vista de las leyes y la Constitución, no tienen ni pies ni cabeza. El derecho existe para proteger la democracia, no para que un gobernante herido en su orgullo intente anular el voto de millones de personas en un escritorio judicial. Esta acción legal no tiene ninguna posibilidad real de éxito y es solo una trampa para generar caos en la transición de mando.
El ataque principal de la demanda se basa en que De La Espriella tiene doble nacionalidad (colombiana y estadounidense), un argumento que resulta absurdo y hasta cínico. La Constitución de Colombia es clara: las prohibiciones deben estar escritas explícitamente, y en ningún artículo se prohíbe que un colombiano con doble nacionalidad sea presidente. Lo curioso es que el propio Gustavo Petro gobernó teniendo la nacionalidad italiana, lo que convierte este reclamo en un monumento a la hipocresía política. El juramento que se hace en otro país no borra los derechos de nacimiento, y la justicia ya ha dejado claro en el pasado que este es un tema totalmente superado.
El otro invento de la demanda es que hubo fallas en el conteo de votos y que las redes sociales manipularon a la gente. Esta teoría de conspiración se cae por su propio peso. Las elecciones fueron vigiladas y avaladas por todas las autoridades correspondientes. De hecho, el candidato que apoyaba el Gobierno y que resultó derrotado aceptó la victoria de De La Espriella esa misma semana. Pretender que un juez anule una elección porque la gente vio opiniones en internet es ridículo; en el mundo real, es imposible demostrar que las redes sociales obligaron a alguien a votar. El petrismo simplemente no puede digerir que el país prefirió un modelo diferente.
El verdadero peligro de esta jugada es que pidieron una «medida cautelar» para frenar la posesión del nuevo presidente. Esto no es solo inviable, sino una total falta de respeto a la estabilidad del país. El Consejo de Estado solo toma una decisión tan radical cuando hay una violación gravísima de la ley, algo que aquí no existe. La entrega del poder es un acto sagrado para la estabilidad de la República y no se puede suspender por el capricho o los nervios de un mandatario saliente. El tribunal no se va a prestar para el juego de bloquear la llegada del nuevo gobierno.
La meta final de Petro es clara: repetir una mentira mil veces para que la gente empiece a dudar de la legitimidad de De La Espriella. Pero ni el dinero público ni las amenazas en las regiones pudieron cambiar lo que Colombia decidió en las urnas. El Consejo de Estado cumplirá con revisar el documento, pero el destino de esa demanda es el archivo de los casos perdidos. El próximo 7 de agosto, la ley se respetará por encima de los berrinches de Palacio, y el país pasará la página de cuatro años de mal gobierno para recuperar la confianza en las instituciones que esta administración intentó destruir hasta el último segundo.
XG
