Editorial Nombrar hasta el último día, ¿a qué costo?
Las designaciones de funcionarios en embajadas, consulados y otras entidades públicas durante el ocaso del mandato proyectan una imagen que contradice las promesas de meritocracia y renovación institucional. Aunque legales, estas decisiones plantean serios interrogantes sobre la coherencia política y el uso responsable del poder.
Todo gobierno tiene el derecho constitucional de ejercer plenamente sus funciones hasta el último día de su mandato. Pero entre aquello que la ley permite y aquello que la prudencia aconseja existe una diferencia que, en democracia, suele marcar la calidad de las instituciones.
Las recientes controversias por los nombramientos en la carrera diplomática y en otras entidades del Estado vuelven a poner sobre la mesa una discusión que trasciende los nombres propios. Lo que está en juego no es únicamente la legalidad de unas decisiones administrativas, sino el mensaje político que estas transmiten en medio de un proceso de transición presidencial.
La solicitud del vicepresidente electo y coordinador del empalme, José Manuel Restrepo Abondano, para suspender provisionalmente los nombramientos en la Cancillería hasta la posesión del nuevo gobierno, parte de una consideración razonable: preservar la transparencia del proceso de relevo institucional y evitar que decisiones de largo alcance comprometan innecesariamente el margen de acción de la administración entrante. Su petición de conocer la totalidad de los nombramientos en trámite, así como sus fundamentos jurídicos, responde al principio básico de que la transición debe estar acompañada por la máxima publicidad posible.
La Cancillería, naturalmente, conserva sus competencias mientras concluya el mandato presidencial. Nadie discute esa facultad. Lo discutible es la oportunidad con la que se ejerce. Cuando las designaciones recaen sobre embajadas, consulados o cargos de carrera que implican permanencias prolongadas y elevados costos para el Estado, el criterio político adquiere una relevancia que no puede reducirse a la estricta observancia de la norma.
Las explicaciones legales, siendo necesarias, resultan insuficientes cuando la percepción pública es que las instituciones pueden convertirse en el escenario de decisiones apresuradas al final del ejercicio del poder. Gobernar también exige comprender el valor de las formas. Porque las formas, lejos de ser un formalismo vacío, son mecanismos que fortalecen la confianza en las instituciones y contribuyen a preservar la legitimidad de las decisiones públicas.
Las alertas tampoco parecen limitarse al servicio exterior. Las denuncias sobre nombramientos en notarías, así como en entidades como la Aerocivil y diferentes ministerios, alimentan la impresión de que el cierre del cuatrienio podría estar acompañado por una intensa actividad administrativa difícil de desligar del calendario político. Aun cuando algunas de estas prácticas hayan existido en administraciones anteriores, su repetición no las convierte en aceptables. Mucho menos cuando quien gobierna llegó al poder reivindicando la meritocracia como uno de los pilares de la renovación del Estado.
La coherencia constituye uno de los activos más valiosos de cualquier proyecto político. Los ciudadanos suelen tolerar errores de gestión con mayor facilidad que las contradicciones entre el discurso y la práctica. Si la promesa consistía en desmontar la lógica del reparto burocrático y fortalecer la carrera administrativa, resulta inevitable que cualquier actuación que parezca apartarse de ese propósito sea observada con un mayor nivel de exigencia.
Existe, además, una dimensión económica que no debería minimizarse. Cada nombramiento diplomático implica gastos de traslado, instalación, funcionamiento y representación que recaen sobre el presupuesto público. En un contexto de restricciones fiscales, posponer aquellas decisiones que no resulten impostergables constituiría un gesto de responsabilidad administrativa y de respeto por los recursos de los contribuyentes.
Las transiciones democráticas funcionan mejor cuando quienes concluyen un mandato entienden que gobernar hasta el último día no significa ocupar hasta el último espacio disponible. También implica facilitar que la administración entrante pueda desarrollar el programa para el cual recibió el mandato ciudadano, sin cargas innecesarias ni decisiones difíciles de revertir.
Al final, el verdadero legado de un gobierno no se mide únicamente por las políticas que impulsó durante cuatro años. También se juzga por la manera como decidió despedirse del poder. En democracia, las últimas decisiones suelen ser tan elocuentes como las primeras. Y pocas señales fortalecen más la institucionalidad que la disposición a ejercer el poder con moderación precisamente cuando está a punto de terminar.
Si lo deseas, también puedo adaptarlo para que suene aún más cercano al estilo editorial de *El País* de Madrid, con frases más contenidas, mayor densidad argumentativa y un cierre más incisivo, muy característico de los editoriales de ese diario.
