Editorial La democracia no admite ambigüedades
La democracia exige algo más que competir en las elecciones: exige aceptar su resultado. Cuando desde las más altas responsabilidades públicas se ponen en cuestión las instituciones sin pruebas o se sugieren escenarios de confrontación antes de votar, lo que se debilita no es un adversario político, sino la confianza en el sistema democrático.
Las democracias se sostienen sobre una premisa tan sencilla como decisiva: todos los actores aceptan las reglas del juego incluso cuando el resultado les resulta adverso. No se trata de una formalidad ni de un gesto protocolario. Es el fundamento mismo de la convivencia democrática. Sin esa aceptación compartida, las elecciones dejan de ser un mecanismo para resolver pacíficamente las diferencias políticas y se convierten en una fuente adicional de conflicto.
Colombia ha atravesado, a lo largo de su historia republicana, innumerables crisis institucionales, sociales y de seguridad. Muchas de ellas han puesto a prueba la fortaleza de sus instituciones. Sin embargo, pocas situaciones resultan tan inquietantes como aquella en la que las dudas sobre la integridad del proceso electoral son promovidas desde el propio poder político sin pruebas que las sustenten.
Por eso resulta preocupante que, a pocos días de una nueva jornada electoral, siga sin producirse una rectificación clara frente a las acusaciones de fraude formuladas tras la votación del pasado 31 de mayo. Los hechos conocidos hasta ahora no han respaldado esas denuncias. Persistir en ellas, o guardar silencio ante su desmentido, contribuye a erosionar la confianza pública en el sistema electoral, precisamente cuando más necesario resulta preservarla.
La cuestión trasciende a un candidato o a una fuerza política. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar que la voluntad de los ciudadanos se exprese libremente en las urnas. Cuando esa confianza se debilita, el deterioro afecta al conjunto del sistema democrático.
Tampoco ayudan las declaraciones de algunos dirigentes políticos que han sugerido escenarios de alteración del orden público en caso de una derrota electoral. Anticipar episodios de violencia antes incluso de conocer el resultado supone una grave irresponsabilidad. Las elecciones no pueden convertirse en una amenaza permanente ni en una advertencia velada sobre las consecuencias de una decisión soberana de los votantes.
La polarización que atraviesa el país exige justamente lo contrario: prudencia, serenidad y respeto por las instituciones. Quienes aspiran a gobernar tienen una obligación reforzada de contribuir a la estabilidad democrática, no de alimentar incertidumbres adicionales. La discrepancia política es legítima; la deslegitimación preventiva de los resultados, no.
Ello no significa que las controversias deban ser ignoradas. Toda democracia dispone de mecanismos para tramitar reclamaciones, impugnaciones o recursos. Si alguna de las campañas considera que existen irregularidades, corresponde acudir a esos instrumentos y aceptar los procedimientos establecidos por la ley. Lo que no puede admitirse es la sustitución de los cauces institucionales por la presión política o la agitación social.
La preocupación adquiere una dimensión mayor en un contexto donde persisten actores armados ilegales capaces de aprovechar cualquier episodio de incertidumbre. Las tensiones políticas son siempre un terreno fértil para quienes buscan socavar el orden democrático. De ahí la importancia de que las autoridades civiles y la Fuerza Pública garanticen la seguridad de la jornada electoral y actúen con determinación frente a cualquier intento de perturbación.
A pocas horas de la apertura de las urnas, la única incertidumbre aceptable es la que corresponde a toda elección competitiva: quién obtendrá la mayoría de los votos. Todo lo demás debería estar fuera de discusión. El respeto por el resultado, la confianza en las instituciones y el compromiso con la legalidad no pueden depender de la identidad del vencedor.
La democracia exige algo más que participar en las elecciones. Exige aceptar su veredicto. Esa es la prueba fundamental a la que se enfrentan hoy todos los responsables políticos. Y de su comportamiento dependerá, en buena medida, que el país llegue al día siguiente con más confianza en sus instituciones o con nuevas razones para desconfiar de ellas.
