18 de junio de 2026

Las promesas tienen fecha de vencimiento

Por Octavio Cardona
18 de junio de 2026
Por Octavio Cardona
18 de junio de 2026

 

Hay algo que los ciudadanos, a veces perdonan : los errores. Lo que difícilmente perdonan es que les prometan algo que nunca iba a pasar.

La política se construye sobre propuestas, visiones y compromisos. Eso es normal. Lo preocupante es cuando las campañas dejan de ofrecer soluciones posibles y empiezan a vender ilusiones, lo que en la calle llaman «vender humo». Porque tarde o temprano la realidad termina llegando, y cuando llega, pasa la factura.

Caldas lo está viviendo en este preciso momento.

En mayo, tras varios días de bloqueos en los peajes de Autopistas del Café, el Gobierno Nacional anunció una victoria que parecía histórica: la tarifa para varios vehículos pasaría de cerca de 17.800 pesos a apenas 700. El presidente lo celebró desde Tarapacá, en Chinchiná, como un alivio inmediato para miles de familias del Eje Cafetero. Apenas unas semanas después, la Consejería Presidencial para las Regiones tuvo que aclarar lo que ya empieza a ser un patrón conocido en esta historia: no había presupuesto para pagarle a la concesionaria la diferencia, así que la tarifa de 700 pesos solo entrará en vigencia, aparentemente, cuando termine el contrato actual, en febrero de 2027. Lo que se anunció como un triunfo ciudadano quedó, otra vez, en promesa, es más, quedó como una burla.

Con Aerocafé el desenlace fue distinto, pero la historia detrás merece más cuidado del que normalmente se le da. En abril de este año, después de más de cinco décadas de espera, el Ministerio de Transporte firmó el acta de inicio y arrancó la construcción de la pista, de 1.460 metros, adjudicada por 634.275 millones de pesos. Es una noticia real y hay que reconocerla como tal. Pero vale la pena recordar lo que pasó antes de esta foto de inicio de obra. Los terraplenes 8 y 10, construidos desde 2009, terminaron declarados geotécnicamente inestables por la Contraloría, que determinó una responsabilidad fiscal de más de 82.000 millones de pesos contra los contratistas e interventores que los levantaron; esos terraplenes ya no sirven y no harán parte de la pista. En julio de 2022, el consorcio encargado del movimiento de tierra de esta nueva etapa abandonó el proyecto en medio de denuncias de incumplimientos repetidos, y el contrato terminó de forma unilateral. Desde entonces pasaron casi cuatro años —entre nuevos pliegos, una adjudicación en diciembre de 2025 y reclamos públicos de la Asamblea de Caldas en marzo de este año, porque pese a tener ya interventor designado la obra seguía sin acta de inicio— hasta que en abril finalmente arrancó. El cronograma actual habla de 46 meses de construcción para esta primera etapa, lo que apunta a una entrega hacia finales de 2029 o comienzos de 2030. Es decir: la promesa del aeropuerto, después de medio siglo, por fin se convirtió en una obra en proceso. Pero esa obra también arrastra una historia de tierra movida que no sirvió y de contratos rotos, y esa historia debería hacernos más exigentes, no más complacientes, con la nueva fecha que se acaba de anunciar.

Ahí está el patrón que vale la pena mirar con cuidado. No se trata de que los gobiernos no puedan equivocarse. Gobernar implica tomar decisiones difíciles y enfrentar circunstancias cambiantes. Lo que genera frustración es cuando se anuncia con absoluta certeza algo que ni siquiera tiene el respaldo presupuestal para sostenerse, como pasó con la tarifa de los 700 pesos, o cuando una obra arrastra terraplenes fallidos y contratos rotos durante años antes de poder mostrar resultados, como ha pasado con Aerocafé.

Cada promesa que se anuncia sin sustento y luego se desinfla erosiona algo más que la confianza en un funcionario puntual: alimenta la idea de que toda promesa, venga de quien venga, es solo una forma de ganar tiempo.

Y ahí, creo, está la explicación de algo que ha venido cambiando en Caldas: la gente empezó a votar distinto. No tanto por capricho ni solo por castigar a quien gobierna, sino porque entendió algo bastante razonable: un candidato que nunca ha estado en política no tiene, todavía, ninguna promesa incumplida que pesarle. No prometió el peaje a 700 pesos que después no hubo plata para pagar. No prometió el aeropuerto que tardó cuatro años solo en reiniciar el movimiento de tierra. Llega sin ese pasivo. Y si gana, tendría cuatro años por delante para demostrar si realmente puede hacer las cosas distinto, y sobre todo, si es capaz de algo que pocos políticos tradicionales han logrado en esta región: ser sensatos y honestos sobre lo que sí se puede cumplir, en lugar de prometer lo que suena bien en una plaza pública pero no tiene sustento técnico, jurídico o presupuestal.

Por eso esta columna también quiere ser una invitación. Este domingo, cuando volvamos a las urnas, valdría la pena no olvidar nada de lo anterior. No olvidar a quienes han dejado proyectos enteros reducidos a promesas y que, pese a eso, siguen haciendo campaña como si la gente todavía tuviera que creerse el cuento. Y sí valdría la pena acompañar a quien apenas está por demostrar su capacidad: un candidato que, entre los aciertos y los errores propios de toda campaña, mostró algo que no es poca cosa, la confianza social de buena parte de la gente. Si esa confianza ya la tiene, ¿por qué no darle la oportunidad de convertirla en resultados?

La política necesita esperanza. Pero la esperanza sin resultados, o con resultados que se anuncian antes de tener el dinero o el terreno firme para sostenerlos, termina convirtiéndose en frustración.

Por eso quienes aspiran a gobernar deberían recordar una verdad sencilla: las promesas pueden ganar elecciones, pero son los resultados, cumplidos en los plazos que se anunciaron, los que conservan la confianza. Porque las promesas tienen fecha de vencimien to. Los resultados, en cambio, permanecen.