EDITORIAL Semana decisiva
Dentro de cinco días Colombia tomará una de esas decisiones que terminan definiendo épocas. No se trata simplemente de escoger entre dos candidatos ni de determinar quién ocupará el Palacio de Nariño durante los próximos cuatro años. Lo que está en riesgo es algo más profundo: la vigencia de un modelo democrático construido durante décadas, la fortaleza de los organismos públicos y la capacidad del país para corregir un rumbo que hoy genera preocupación en amplios sectores de la sociedad.
La campaña terminó como comenzó: en medio de una profunda polarización. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda representan visiones opuestas sobre el Estado, la economía, la seguridad, la justicia y el ejercicio mismo del poder. No obstante, reducir esta elección a una disputa entre derecha e izquierda sería una simplificación equivocada. La verdadera discusión gira alrededor de una pregunta determinante: ¿debe Colombia continuar por la senda trazada durante el gobierno de Gustavo Petro o abrir un nuevo ciclo político? La segunda vuelta terminó convirtiéndose, por decisión de los propios acontecimientos, en un referendo sobre el balance del actual gobierno.
Y es precisamente ese resultado el que merece una reflexión desapasionada. Hace cuatro años, millones de colombianos depositaron en Petro la esperanza de un cambio profundo. Prometió combatir la corrupción, pacificar los territorios, reducir las desigualdades y modernizar el Estado. Sin embargo, el país que llega hoy a las urnas está lejos de ese relato transformador que acompañó aquella victoria. La inseguridad volvió a escalar en regiones donde el país había logrado recuperar terreno; los grupos armados fortalecieron su capacidad de control territorial; la incertidumbre económica afectó la credibilidad inversionista; y la llamada «paz total», presentada como la gran apuesta histórica del gobierno, terminó convertida en una estrategia cuyos resultados siguen siendo objeto de debate incluso entre antiguos aliados del oficialismo.
Pero quizá el asunto más delicado no sea la economía ni la seguridad. Lo verdaderamente preocupante ha sido el deterioro gradual de la confianza en el aparato estatal. Colombia construyó a partir de la Constitución de 1991 un sistema de equilibrios diseñado para impedir la concentración del poder. Esa arquitectura democrática se sostiene sobre principios elementales: respeto por la independencia de las ramas del poder público, autonomía de los organismos de control, libertad de prensa y acatamiento de las decisiones judiciales. Durante los últimos años, esas bases han sido sometidos a tensiones constantes. Cada vez que una institución contradice al Gobierno, surge la tentación de desacreditarla; cada vez que aparece una crítica, se le atribuyen motivaciones políticas. Este escenario ha terminado por lacerar la percepción ciudadana sobre la imparcialidad de los órganos de control y sobre la estabilidad de las reglas que rigen la vida pública
Las señales de alarma no provienen únicamente de Bogotá. Las denuncias conocidas durante el cierre de campaña sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales en zonas del suroccidente recuerdan una realidad que muchos prefieren ignorar: el Estado sigue sin garantizar plenamente el monopolio de la autoridad en extensas regiones del país. Allí donde la ley pierde fuerza, la democracia también se desestabiliza. Ninguna sociedad puede considerarse plenamente libre cuando existen territorios donde el miedo condiciona las decisiones políticas de los ciudadanos. Esa realidad debería preocupar mucho más que cualquier encuesta o cálculo electoral.
Por eso el próximo domingo exige algo más que simpatías ideológicas. Requiere responsabilidad histórica. Las naciones no fracasan únicamente por malas decisiones económicas ni por errores administrativos. También colapsan cuando relativizan el valor de sus instituciones, normalizan los excesos del poder o dejan de defender los principios que garantizan la convivencia democrática. Colombia llega a esta elección haciendo frente precisamente a ese reto. Las urnas decidirán quién será el próximo presidente, pero también enviarán un mensaje sobre el país que los ciudadanos quieren preservar. En tiempos de incertidumbre, la Constitución de 1991, la democracia liberal y el Estado de derecho no deberían ser vistos como simples conceptos jurídicos. Son, quizás, la última línea de defensa de una República que hoy vive una de las pruebas más importantes de su historia reciente.
