Editorial El callejón sin salida de la salud en Colombia
El modelo de aseguramiento se tambalea mientras el Ejecutivo apuesta por una reforma estatizante y amenaza con una consulta popular. La inacción y el deterioro ya se traducen en cierres masivos de IPS y pérdida de vidas.
Mientras las discusiones en el Congreso colombiano sobre la reforma de la salud avanzan a paso lento y sin acuerdos sustantivos, la realidad del sistema se desangra en el terreno. Lejos del ámbito político, el deterioro se manifiesta en cifras alarmantes: entre enero y agosto de 2025, al menos 1.501 pacientes con enfermedades raras fallecieron sin haber recibido los medicamentos necesarios. Una tragedia silenciosa que habría podido evitarse con una mínima capacidad de gestión y coordinación.
El deterioro, sin embargo, no se limita a los pacientes con dolencias huérfanas. Las propias instituciones prestadoras de servicios (IPS) enfrentan una situación crítica. De acuerdo con la Unión de Instituciones Prestadoras de Salud (Unips), durante el primer semestre de 2025 cerraron 332 IPS, apenas 48 menos que durante todo el año anterior. La tendencia es clara: por cada nuevo servicio que abre, se cierran 1,5. La red se fragmenta, el acceso se complica, y la calidad del servicio se resiente.
A este panorama se suma el peso de las deudas históricas. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), según cifras de la Contraloría, acumulan pasivos superiores a los 32 billones de pesos. Esta carga financiera ha paralizado la operación en muchos frentes, erosionando la confianza entre prestadores y aseguradores, y debilitando la capacidad de respuesta del sistema ante los retos cotidianos.
En lugar de responder con medidas de emergencia, el Gobierno ha optado por insistir en la aprobación de su propuesta original de reforma, pese al rechazo evidente tanto en el Congreso como en amplios sectores de la sociedad. A falta de consenso, desde la Casa de Nariño se ha vuelto a agitar la posibilidad de convocar una consulta popular: una estrategia que, más que solución, parece un intento por sortear los frenos institucionales sin ajustar el rumbo. El riesgo de convertir un debate técnico y sanitario en una disputa ideológica no solo desvirtúa el objetivo de la reforma, sino que debilita la posibilidad de construir soluciones viables y sostenibles.
Mientras tanto, la justicia comienza a intervenir. En Manizales, el Tribunal Administrativo de Caldas ha admitido una acción popular presentada por la Personería de la ciudad contra cuatro entidades, incluida la Nueva EPS, por la falta sistemática de entrega de medicamentos a población vulnerable. Según el personero Juan Pablo Osorio Gallo, solo en la capital caldense, más de 114.000 medicamentos permanecen represados, afectando a pacientes con enfermedades oncológicas, renales, autoinmunes y otras dolencias de alta complejidad. La justicia ha sido convocada a llenar el vacío que deja la inacción institucional.
La Personería ha solicitado una medida cautelar urgente para obligar a la entrega inmediata de los medicamentos pendientes. En paralelo, se han interpuesto más de 3.000 tutelas y se han dictado más de 600 sanciones por desacato contra la Nueva EPS. El colapso, como se ve, no es una amenaza futura: es una realidad presente.
Frente a este escenario, el Gobierno enfrenta una disyuntiva crucial. Puede continuar su apuesta por una reforma impopular y polarizante, o bien puede optar por reconstruir consensos amplios que permitan afrontar la emergencia con responsabilidad. No se trata de imponer un modelo, sino de rescatar lo que aún funciona, corregir lo que ha fallado y garantizar, de forma urgente, la continuidad del servicio.
La salud no puede seguir siendo rehén del cálculo político. En un país donde los pacientes mueren por falta de medicamentos y donde las instituciones sanitarias cierran puertas a diario, el deber del Estado no es perseverar en una narrativa, sino actuar con eficacia. La prioridad no debe ser ganar una batalla ideológica, sino frenar el colapso de un sistema esencial para la vida y la dignidad de millones de colombianos.
