Capturan a presunta cómplice clave del atentado contra Miguel Uribe

Cae en Florencia la mujer que habría entregado el arma al sicario del atentado contra Miguel Uribe: se consolida la hipótesis de una estructura criminal organizada

Por: Redacción Justicia EJE 21 

Bogotá, 15 de junio de 2025. La investigación por el atentado que casi le cuesta la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay empieza a dejar al descubierto los engranajes de una estructura criminal que operó con precisión quirúrgica. A la captura del menor de edad que disparó contra el político bogotano se suma ahora un nuevo golpe de las autoridades: en Florencia, Caquetá, fue detenida una mujer clave en la ejecución del crimen. Se trata de Katerine A. Martínez, señalada de haber entregado el arma al sicario y de haber acompañado los movimientos logísticos en la fase final del atentado.

Martínez fue capturada el viernes 14 de junio en una salsamentaria del centro de Florencia, ubicada a tan solo media cuadra de la estación de Policía. Su presencia en ese lugar genera más preguntas que respuestas: ¿se sentía protegida?, ¿confiaba en que no la estaban siguiendo?, ¿o estaba a punto de cruzar la frontera para evadir la justicia? Según fuentes del caso, una de las hipótesis más sólidas es que la mujer intentaba huir hacia Ecuador, país que aparece de forma reiterada en los hallazgos de la investigación.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado 41 Penal de Bogotá y se hizo efectiva luego de un seguimiento silencioso por parte de la inteligencia policial. La detenida será trasladada a la capital del país, donde enfrentará cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y participación en la utilización de menores para cometer delitos.

Un rompecabezas criminal en marcha

El atentado contra Miguel Uribe ocurrió el pasado 7 de junio mientras el senador adelantaba un acto de campaña en el parque El Golfito, en el suroccidente de Bogotá. Uribe fue alcanzado por tres disparos, uno de ellos en la cabeza, y desde entonces permanece en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe. Su estado de salud, aunque grave, ha mostrado una leve mejoría en los últimos días, según reportes médicos que destacan una reducción en la presión intracraneana, pero su pronóstico sigue siendo reservado.

Las imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por la Fiscalía revelan detalles determinantes. Un Chevrolet Spark gris fue grabado transitando por la Avenida Ferrocarril alrededor de las 5:20 p. m. Ese vehículo se detuvo en una esquina cercana al lugar del evento político. De él descendió el joven sicario, y segundos después lo hicieron Katerine Martínez y un hombre identificado preliminarmente como “El Costeño”, quien sería su pareja y posiblemente uno de los articuladores del plan. Ambos siguieron el mismo recorrido del menor, manteniendo cierta distancia, como si vigilaran la ejecución del crimen.

Más allá del gatillo: el rol de los adultos en la operación

Lo más revelador del caso es que el autor material fue un menor de edad, lo que evidencia un patrón ya conocido en el mundo del crimen organizado: la utilización de adolescentes para ejecutar atentados, por su presunta «invisibilidad legal» y su bajo perfil para eludir controles. Pero tras ese menor había una estructura logística, financiera y operativa que lo dirigía. Katerine Martínez, según los investigadores, es uno de esos eslabones esenciales.

Su papel habría sido entregar el arma, coordinar el momento del ataque y escoltar discretamente al menor hacia el lugar del atentado. Su participación no es secundaria: en términos judiciales, podría ser imputada como coautora del intento de asesinato.

Conexiones con Ecuador: ¿un atentado transnacional?

En paralelo a la detención de Martínez, la Fiscalía también logró la captura de Carlos Eduardo Mora González, otro implicado directo en la operación. Mora fue imputado por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad para cometer delitos. Según la Fiscalía, Mora participó en el reconocimiento del terreno dos días antes del ataque, ayudó a preparar la logística el día previo, y estuvo presente el día del atentado en el mismo vehículo donde se le cambió la ropa al menor y se le entregó el arma homicida.

Durante su audiencia, Mora declaró que respondía a órdenes de alias “El Costeño”, y que la operación habría sido coordinada desde Ecuador por un criminal conocido con el alias de “El Churco”. Esta revelación abre una nueva línea investigativa que apunta a una posible red delictiva transnacional. Si se comprueba que los autores intelectuales se encuentran fuera del país, la investigación podría escalar al terreno de la cooperación judicial internacional.

Una amenaza que trasciende lo político

Aunque aún no se ha establecido con certeza el móvil del atentado, el hecho de que se haya atentado contra un precandidato presidencial en ejercicio, con un esquema de seguridad debilitado y en un espacio público, tiene un fuerte contenido político. Se pone en evidencia la fragilidad de las campañas en territorio y la vulnerabilidad de quienes desafían poderes locales, bandas criminales o intereses oscuros que operan al margen de la ley y la democracia.

La Fiscalía y la Policía Nacional trabajan con varias hipótesis. Una de ellas es la existencia de una organización criminal interesada en enviar un mensaje o tomar represalias. Otra, más política, sugiere que el atentado podría ser parte de una estrategia de intimidación contra líderes de opinión y candidatos que están haciendo denuncias sensibles o adelantando campañas que afectan intereses ilegales.

Lo que sigue: justicia y verdad

Con cada captura, se arma el mapa de un atentado que no fue improvisado, sino planeado meticulosamente. Falta por establecer el vínculo entre quienes dieron la orden, quienes ejecutaron y quienes facilitaron los recursos. Si se confirma la conexión con estructuras delictivas en Ecuador, el caso podría convertirse en un precedente judicial que obligue al Estado colombiano a replantear sus estrategias de protección a líderes políticos y su capacidad de desmantelar redes criminales que operan más allá de las fronteras.

El caso Miguel Uribe no solo es un atentado contra una persona: es una amenaza a la democracia misma. Y la justicia, esta vez, no puede permitirse fallar.