Por John Sajje

El contenido esencial del derecho a la educación, es la facultad de formarse intelectual y culturalmente de acuerdo con los fines racionales de la especie humana.

Es una verdad de a puño que el magisterio salió resquebrajado  del último paro. Que el punto de quiebre entre el 2277 y el 1278 ha sido capitalizado por fuerzas externas y que el peligrosismo de dejar desviar una justa reclamación hacia linderos políticos, resta imagen a la justicia de un paro que nace como estertor del ¡no se aguanta más!

El movimiento del magisterio debe ser netamente social. Las aulas son sociales y la acción sobre la cual se ejecuta la labor tiene una función social (derecho-deber). Su voz no puede ser arenga para atacar la paz, victimizar a los líderes sociales o inundar las redes con mensajes grotescos que crean animadversión hacia el movimiento. El tema es educativo. No se trata de difundir cuanto mensaje llega a un chat. Filtrarlo es sentido común. Los canales de difusión entre Fecode y sus bases deben ser expeditos y claros. Nada de eufemismos o las frases construidas en 60. Los paros necesitan imaginación, confrontación de ideas. Una escuela es un sitio de alegría; alegría que debe trasladarse a la calle. ¡Qué la calle sea el aula! Que en la calle este la ética y la pedagogía. ¡Ejecutar una movilización acorde con la razón de ser del maestro!  El horizonte del magisterio es uno: reivindicar sus luchas sociales con puntos concretos que representen a la totalidad de los maestros del país, sin desviar la mirada hacia objetivos politiqueros o dejarse permear por las extremas.

Un paro involucra muchos actores sociales. La comunidad educativa está representada por estamentos que deben entender que, como ante una justicia rogada, el magisterio está asumiendo unos costos sociales y la sociedad debe tener muy claro por qué el  paro fue el único camino, después de vadear muchos atajos. Que el padre sepa cuál es la incidencia real en las aulas. No con frases hechas. Sí con la verdad como discurso de lucha. Explicar que: La educación promueve el cambio social, ejerce un control social, sirve a fines políticos, pero no es política; lucha por disminuir  las diferencias sociales, provoca la cohesión social, forma y es el sustento de la Nación, amén de albacea de la cultura. ¡No un garaje!  Razones para explicar a quienes esgrimen el Articulo 44 de la Constitución política como arma arrojadiza para chantajear al movimiento; sin entender que el mayor porcentaje de los integrantes del magisterio son mujeres, muchas de ellas, sino la mayoría, cabezas de hogar, con hijos que también van a estudiar.

Es verdad que la educación como derecho subjetivo, faculta a toda persona para exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales en esta materia. Pero a la vez, la educación como derecho subjetivo reviste dos modalidades: derecho fundamental para los menores (art. 44 C.P.) y otros sujetos de protección especial, y derecho social para los demás. Tal distinción es importante hacerla por cuanto la educación como derecho genérico (no fundamental) está ubicada en el texto constitucional dentro de la categoría de los derechos de segunda generación, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, denominados derechos de prestación.

La Corte Constitucional ha señalado que la educación es un derecho fundamental, inherente, inalienable, esencial a la persona humana, que realiza el valor y principio material de la igualdad consagrado en el Preámbulo y en los artículos 5 y 13 de la Constitución.

Ha sostenido la Corte Constitucional que un derecho puede ser limitado en su ejercicio, siempre que se respete su contenido o núcleo esencial. Así, el derecho a la educación, sin desconocer su esencia bajo ninguna situación, ha sido limitado mediante regulación para viabilizar el cumplimiento de los deberes que la Constitución les impone a todos sus titulares en beneficio de la colectividad o al servicio del Estado. Si un padre entutela un movimiento amparado en sus hijos, también debe entender que la educación es un derecho deber y como tal es la familia quien tiene a su cargo la responsabilidad de ejercitar dicho el derecho. Entonces, si existe corresponsabilidad, en la tutela interpuesta a Fecode y el Gobierno,  la falta otro actor, que también debe estar inmersa: la familia. Es la familia acorde con el principio del interés superior del niño, la que debe decidir el tipo de educación que mejor convenga. Y para asegurar el ejercicio de este derecho y en cumplimiento de esta responsabilidad tiene la facultad de exigir del Estado y de la sociedad las garantías necesarias que correspondan. ¡Pero también tiene obligaciones!

Es verdad que hace falta más reflexión en todos los estamentos. Pero son dolorosos estos arrebatos tardíos de importar la mujer, los ancianos y los niños en un país que los ha denostado y olvidado a más no poder. Eso sin contar con un amplio sector de la educación privada que  explotan a los maestros con contratos basura y sin voz.

Qué paradoja: En este país, mi país, el de mis hijos, a los únicos que les ha importado los niños es a los maestros. Los defenestran y los entutelan porque exigen mejores condiciones para hacer de ellos mejores ciudadanos.

Las fotos de los niños. Son hijos de maestros y han autorizado su publicación